Montoro impone un férreo control de todo el gasto de la Generalitat

El Gobierno quiere atar corto al Ejecutivo de Artur Mas imponiéndole un férreo control sobre su gasto si quiere tener acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). “El objetivo es que no se gaste ni un euro en veleidades independentistas”, afirmó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Entre las medidas, que no se exigirán a otras comunidades, Hacienda reclamará al interventor general que certifique que todo el gasto se ha realizado “respetando la legalidad”.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dio ayer luz verde para que el FLA distribuyera una partida de 5.439,2 millones de euros entre cinco comunidades, de los cuales 3.034,8 irán a Cataluña. Esa inyección de dinero supondrá un respiro para los proveedores catalanes, en especial farmacias y centros sanitarios concertados, que acumulaban varios meses sin cobrar. Pero a partir de ahora, la llegada de esos fondos estará todavía más condicionada, puesto que el Gobierno solo irá abriendo la mano después de comprobar que la Generalitat no gasta “ni un euro” en “veleidades independentistas”, según dijo Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo es que nadie dedique ni un euro a una actividad que no tiene amparo legal y tampoco constitucional" Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

Las medidas aprobadas tratan de impedir que el futuro Gobierno de la Generalitat gaste recursos en crear estructuras de Estado, como prevé la resolución independentista aprobada en el Parlament. Ese documento fija que el próximo Ejecutivo catalán deberá preparar en el plazo de un mes las leyes para construir una Hacienda que gestione todos los impuestos generados en Cataluña y una agencia para la Seguridad Social. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó esa decisión en el “incumplimiento” de la Generalitat de sus obligaciones y a las “manifestaciones de representantes de la comunidad” que ponen en duda el pago de la deuda y el cumplimiento de la legalidad.

El comunicado que difundió Hacienda apunta a dos motivos más. En la decisión, según el documento, ha pesado el empeoramiento de la calificación crediticia de Cataluña después de que todas las agencias de calificación hayan degradado su deuda a la categoría de bono basura. Esa circunstancia, a juicio del Gobierno, puede tener “un impacto negativo en la percepción de riesgo de todo el país”. Hacienda también acusa a la Generalitat de haberle escondido varias partidas que suman 1.300 millones correspondientes a obras públicas ejecutadas en 2013 y que deberán constar como déficit este año, aunque el Gobierno catalán afirma que Montoro tiene esa documentación desde hace dos años.

“Ocurrencia ”

Montoro ya ejercía un control exhaustivo del dinero del FLA. “Puedo garantizar que, hasta ahora, no ha ido dinero de ninguno de esos mecanismos de financiación autonómica a ninguna ocurrencia independentista”, afirmó Montoro, quien aclaró que el acuerdo de la comisión trata de ofrecer “garantías adicionales” para que el dinero solo se destine a servicios públicos.

La Generalitat mandaba, hasta ahora, al ministerio las facturas pendientes de pago, el ministerio las examinaba, establecía una prioridad de pagos y tras aprobarlos ingresaba los fondos directamente en la cuenta de los proveedores. El control se extenderá ahora también a los recursos ordinarios que percibe mensualmente del sistema de financiación e incluso se fijan las directrices para el gasto. Los recursos del FLA podrán destinarse “exclusivamente” a sanidad, educación y servicios sociales, mientras que los del sistema de financiación solo podrán dedicarse, además de a servicios públicos, a atender intereses y vencimientos de la deuda, remuneraciones, transferencias a entidades locales e inversiones financiadas con fondos europeos.

El nuevo protocolo también fija que la Generalitat deberá enviar “diariamente” todas las facturas al ministerio de forma telemática. Asimismo, para tener acceso al FLA deberá enviar dos certificados del interventor general: uno inicial y otro mensual donde el funcionario garantice que todos los “actos sobre los que ha tenido constancia no contravienen la Constitución o las leyes”. Hacienda y un comité técnico verificarán posteriormente la información recibida.