Podemos quiere un Poder Judicial reducido y elegido por sufragio directo

El borrador de programa que los simpatizantes de Podemos pueden votar desde el sábado propone una reforma radical del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El partido de Pablo Iglesias incluye en su apartado de medidas sobre justicia una reducción —de 20 a 15 miembros— del órgano de gobierno de los jueces y que sus miembros sean elegidos por sufragio directo por la ciudadanía. La formación, que no ahonda en cómo llevar a cabo esta propuesta, quiere también una “auditoría externa” y una oficina judicial que absorba “competencias periféricas”.  

La filosofía del programa electoral de Podemos, que estará listo y será presentado oficialmente la próxima semana, busca, además de un cambio profundo del modelo fiscal, mecanismos para “despolitizar” las Administraciones Públicas. El partido que lidera Pablo Iglesias ha mantenido desde sus inicios contactos con la asociación profesional Jueces para la Democracia, y, de momento, ha incluido en sus listas al Congreso a una de sus exportavoces, la juez Victoria Rosell, por Las Palmas, además del exvocal del Consejo del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez, nombrado en 2008 a propuesta del PSOE.

En este contexto, la formación ha ahondado en unas propuestas en materia de justicia que pretende incluir en su proyecto de reforma de la Constitución y que defenderá en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura.

“En este proceso de deslegitimación de los poderes del Estado”, se lee en la propuesta de reforma del CGPJ defendida por el Consejo Ciudadano de Podemos, “entendemos necesaria la recuperación de un órgano del Poder Judicial que, manteniendo las competencias generales del actual Consejo, asuma directamente su principal competencia: velar por la independencia del Poder Judicial como servicio público. Así, proponemos la elección directa por parte de la ciudadanía de los 15 miembros del CGPJ, elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos 10 años de experiencia en este ámbito, avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas”.

El Poder Judicial del que habla Podemos tendría 15 miembros, cuando ahora este órgano está formado por 20 vocales y un presidente, que actualmente es Carlos Lesmes, también presidente del Tribunal Supremo. ¿Cuál sería la fórmula del partido de Iglesias? Se trataría de unas “elecciones reguladas y promovidas institucionalmente por un órgano colegiado creado a tal efecto por el Congreso, y con limitaciones de gasto en las campañas que puedan ser promovidas para su elección”.

Despolitizar el TC

Podemos quiere despolitizar también el Tribunal Constitucional y pretende hacerlo con dos reformas. Estableciendo “un nuevo sistema de nombramientos por cuota de rechazo”. Es decir, a partir de “un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder a él (...) cada partido solo podría ir descartando de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria”. De esta manera, según el método diseñado por la formación de Iglesias, “acabarán quedando solo los que menos rechazo generan”, que es una fórmula no muy lejana a la actual, siempre que existe consenso entre los partidos.

Además, Podemos defenderá la derogación de la última reforma, impulsada por el PP, por la que el Constitucional podría suspender al presidente de la Generalitat, Artur Mas, si incumple alguna de sus resoluciones. El programa del partido rechaza que ese tribunal “asuma competencias como la suspensión de sus funciones a una autoridad”.

Una de las medidas plantea también ahondar en una reforma de la Fiscalía, a través de la “revisión del sistema de nombramiento del fiscal general del Estado”, un cambio legal que dote a esa institución “de autonomía (orgánica y funcional) relación con el poder ejecutivo”.

Podemos propone, además, implantar un nuevo órgano de justicia. Se trata de una “Oficina Judicial dotada de los medios necesarios que desarrollen una actuación más eficaz y cercana a la ciudadanía”, financiada por el Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, y con la función de “absorción de competencias periféricas”. El partido no aclara si el trabajo de esta oficina chocaría con las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia. Tampoco aclara cómo se llevaría a cabo la auditoría externa de la justicia que recoge el programa para evaluar la sostenibilidad del sistema judicial.