Después de Franco, ¿qué?

No, no fue Santiago Carrillo el primero que formuló, en 1965 y como título de un libro que recogía su informe al VII Congreso del Partido Comunista, la pregunta que retumbará durante una década en los oídos de los españoles: Después de Franco, ¿qué? Cuatro años antes, Dionisio Ridruejo, en un artículo publicado en The Atlantic, ya se había preguntado: “After Franco, what?”. Y es que, una vez comprobado que la Administración Kennedy no iba a emprender ninguna iniciativa que forzara a Franco a abandonar el poder, los españoles que militaban en diferentes grupos y partidos de la oposición del interior o del exilio tuvieron que rendirse a la amarga evidencia de que nadie vendría a sacarles las castañas del fuego, que el dictador moriría en su cama y que, mientras tanto, solo quedaba un camino: unir fuerzas para preparar el después de Franco. Como el abad Aureli Escarré dijo en febrero de 1963 a David Fritzland, cónsul de Estados Unidos en Barcelona, “mientras Franco sea jefe del Estado no será posible ninguna reforma política sustancial en España”.

Mientras Franco sea jefe del Estado no será posible ninguna reforma política sustancial en España

De esa extendida convicción surgió la célebre pregunta. Y la respuesta se fue fabricando con la vista puesta en lo ocurrido en Europa, particularmente en Italia, al término de la derrota de los fascismos y el triunfo de los aliados en la guerra mundial. Y en ese punto aparece otra vez Ridruejo que, en El Régimen y la transición, artículo publicado en julio de 1965 en la revista Mañana que dirigía en París Julián Gorkin, presentó un “proceso de transición” que comenzaría por una amplía apertura de los canales informativos y seguiría con el reconocimiento de la libertad sindical, una amnistía pacificadora y una descentralización político-administrativa para terminar con la transferencia de poder a un parlamento soberano y auténtico.

Era el de Ridruejo un proyecto muy similar al que había elaborado y propugnado el Partido Comunista desde la declaración publicada por su Buró Político el 2 de febrero de 1957. Pues en esta declaración, que ratificaba en todos sus términos la resolución adoptada por el mismo partido en junio de 1956 sobre la “reconciliación nacional”, los dirigentes comunistas manifestaban su apoyo a cualquier gobierno compuesto por elementos liberales de diverso matiz, que aprobase una amplia y efectiva amnistía política, restableciera las libertades públicas sin discriminación y abriera una consulta democrática al pueblo, “hacia le celebración de unas elecciones constituyentes”. Fue a este proceso al que los comunistas definieron por vez primera, y casi dos décadas antes de la muerte de Franco, como “transición pacífica de la dictadura a la democracia”.

De modo que fueron un exfascista como Ridruejo y un comunista como Carrillo, ambos muy jóvenes cuando la guerra, ambos con militancia en partidos que han merecido con razón ser calificados como religiones políticas por la carga de fe, entusiasmo y creencia en paraísos terrenales que requería la militancia en ellos, los que concibieron y pusieron por escrito que la única salida para el después de Franco consistiría en un proceso, no una revolución, tampoco un acto de fuerza, ni un acontecimiento llamado algún día a celebrarse, sino un proceso de transición que comenzaría con la recuperación de sus libertades por el pueblo español, continuaría con una amplia amnistía que diera por clausurada la Guerra Civil y culminaría en una convocatoria de elecciones a un Parlamento constituyente.

Todo eso estaba escrito con esas mismas palabras desde muchos años antes de que se produjera el llamado hecho biológico, o sea, la muerte del dictador, en los medios de la oposición y de la disidencia o, por decirlo en los términos de la época, entre marxistas y católicos, comunistas y democratacristianos, que habían sustituido la política de exclusión y exterminio, propia de la guerra civil, por la de mano tendida, propia de los nuevos tiempos de reconciliación y diálogo. Claro que nadie las tenía todas consigo, ni en España ni en el extranjero, donde se temía o esperaba un periodo de violencia y caos. En las reuniones mantenidas en Madrid por los embajadores de nuestros más cercanos vecinos, a mediados de las década de 1970, se daba por seguro que, a la muerte de Franco, no faltaría sangre en abundancia.

En las reuniones mantenidas en Madrid por los embajadores de nuestros más cercanos vecinos se daba por seguro que, a la muerte de Franco, no faltaría sangre en abundancia

Y sin embargo, los españoles, que no se comportaron exactamente igual que los italianos, pero tampoco de manera completamente distinta —el papel de la democracia cristiana lo ocupó aquí un antiguo falangista—, procedieron después de Franco como estaba más que dicho y repetido en los medios de la disidencia y de la oposición a la dictadura: pactando. Lo hicieron, en primer lugar, sobre un pasado de guerra y dictadura, con la Ley de Amnistía promulgada tras una sesión realmente histórica del Congreso de los Diputados en octubre de 1977; pocos días después, sobre un presente de grave crisis económica, con los llamados Pactos de La Moncloa, y finalmente, sobre un futuro incierto, con la Constitución que habría de abrir las puertas a una profunda distribución territorial del poder.

En ese paquete de pactos consistió la respuesta que los españoles dieron a la pregunta que de tiempo atrás flotaba en el aire, después de Franco, ¿qué?: libertad, amnistía, Constitución. Lo que, luego de cumplido el proceso de transición, dieron de sí estos tres pactos es cosa que hoy, al cabo de cuarenta años, todavía seguimos discutiendo.