Fomento frena un plan para buscar gas y petróleo en el Mediterráneo

Un estudio técnico del CEDEX, organismo público dependiente del Ministerio de Fomento, ha desvelado múltiples errores en el informe sobre el impacto acústico que tendrá un extenso sondeo para buscar petróleo y gas en el Mediterráneo, frente a la Costa Brava y al norte de Menorca. El Ministerio de Medio Ambiente solicitó el estudio, imprescindible para decidir si autoriza la prospección, que emplea cañones de aire comprimido susceptibles de afectar a la fauna. El CEDEX es contundente: hace falta otro informe para obtener el permiso.

“Se recomienda que se requiera al promotor la realización de un nuevo Estudio acústico submarino que tenga en cuenta todas las consideraciones del presente informe”, concluyen los especialistas del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas). El informe, de marzo de 2015 pero que se acaba de incorporar al expediente, señala varios defectos: “No se ha aportado información suficiente sobre la caracterización de las fuentes”; “el modelo utilizado es demasiado simple”; “se han encontrado anomalías importantes en los valores”, etcétera. Sobre el cálculo de las emisiones, apunta: “Está del lado contrario al de la seguridad, por lo que no resulta admisible”.

El dictamen del CEDEX, al que ha tenido acceso EL PAÍS, supone un importante revés para los planes de la multinacional Schlumberger, que pretende explorar en busca de hidrocarburos un área de 37.000 kilómetros cuadrados mediante una técnica llamada adquisición sísmica en el golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares. No es el primer percance. En otro informe de junio pasado los técnicos de la División para la Protección del Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, recomendaron no llevar a cabo los sondeos por el impacto que podrían tener para distintas especies de cetáceos y tortugas.

El plan multimillonario de Schlumberger aún debe superar otro escollo: su tramitación lleva meses paralizada por un embrollo administrativo que ha necesitado la intervención de la Abogacía del Estado. Actualmente hay dos expedientes abiertos para la misma licencia medioambiental.

A ese retraso se suma el demoledor informe del CEDEX, un documento “indispensable”, según fuentes del ministerio, para valorar los riesgos del proyecto y decidir si aprobarlo o no. Este organismo elabora dictámenes técnicos a petición de distintos departamentos del Gobierno.

El Ministerio de Medio Ambiente le pidió ayuda el año pasado para valorar el proyecto de prospecciones de Repsol en Canarias después de que surgieran “dudas” sobre el análisis de riesgos que había hecho la compañía. El CEDEX concluyó que Repsol había calculado mal la probabilidad de que ocurriera un accidente y que el riesgo no era “bajo” sino “medio”. Ahora Medio Ambiente recurre de nuevo a CEDEX para valorar la afección acústica —se genera ruido casi constante de hasta 270 decibelios en una zona de gran riqueza biológica, ruta migratoria de cetáceos y cercana a espacios naturales protegidos— de los sondeos. “Se considera un defecto grave la incompleta y a veces incoherente definición” de las características de la fuente emisora del ruido, señala el informe. Más adelante, echa en falta que el proyecto no analice correctamente los niveles límite de ruido para los cetáceos. En estas campañas, los barcos que arrastran los cañones de sonido cuentan con avistadores que detecten la presencia de ballenas, delfines u otras especies sensibles, para detener la actividad hasta que se alejen.

Discrepancias políticas

Frente al Ministerio de Industria, que apoya estos proyectos, se han situado los Gobiernos autonómicos catalán, valenciano y balear, en contra de permitirlos. El Parlamento balear aprobó por unanimidad la semana pasada una proposición no de ley en la que insta al Gobierno del Estado a aprobar una ley específica para la declaración del Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos. Con José Ramón Bauza (PP) en la presidencia de Baleares se produjo el enfrentamiento más llamativo entre el Gobierno central y el autonómico: en mayo de 2014 cuatro de los cinco senadores regionales rompieron la disciplina de partido y apoyaron una moción socialista en la que se pedía al Ejecutivo que paralizara los sondeos.

 La Alianza Mar Blava, creada para luchar contra los proyectos petrolíferos en el Mediterráneo, considera que la tramitación de este proyecto es “fraudulenta e ilegal”, entre otras cosas por permitir a la empresa reanudar el proceso donde se quedó al cerrar el primer expediente. Pide el archivo definitivo. “Industria y Medio Ambiente han permitido que la empresa utilice un estudio de impacto ambiental de 2012, cuando por ley solo tienen vigencia de un año”, pone como ejemplo Carlos Bravo, su portavoz. Incluso el CEDEX reseña en su informe que el estudio, con una portada en la que se fecha en abril de 2014, es en realidad de octubre de 2012. “Al ser tan antiguo, el estudio ni siquiera tiene en cuenta que otro proyecto posterior se solapa con el suyo”, añade Bravo.

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