El fiscal investiga el rastro radiactivo de las bombas de Palomares

El área de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado investiga la denuncia de Ecologistas en Acción por el "desinterés" y la "inactividad" de las Administraciones para resolver el "problema de la contaminación" de Palomares, la pedanía de Cuevas del Almanzora (Almería) donde en enero 1966 cayeron cuatro bombas nucleares desde un B-52 estadounidense. Dos de los artefactos se rompieron y contaminaron la zona. El Gobierno de España reclama desde hace años un acuerdo con EE UU para que la Administración estadounidense se haga cargo de los residuos radiactivos y las tierras contaminadas por plutonio que aún hay en la zona. Ese acuerdo nunca termina de llegar; EE UU no quiere centrar un precedente que pueda suponer reclamaciones similares en otros estados.

"Transcurridos 50 años no es admisible utilizar como disculpa la negativa del Gobierno de EE UU a llevarse el plutonio para no descontaminar los terrenos. Es el actual Gobierno español el responsable y el que debe (...) proceder a la descontaminación de Palomares y a almacenar el material radiactivo en cualquier lugar apropiado", sostiene Ecologistas en Acción en la denuncia presentada ante la fiscalía el 30 de junio pasado.

Finalmente, el fiscal de la sala de medio ambiente Antonio Colmenarejo decidió abrir el 8 de julio unas diligencias informativas. En un oficio, informó al grupo ecologista que "se ha procedido a recabar, en primer lugar, la información pertinente ante distintos organismos estatales y autonómicos". 

Fuentes judiciales sostienen que la fiscalía ha reclamado información al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat, dependiente del Ministerio de Economía), al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a la Junta de Andalucía. Las mismas fuentes señalan que, de momento, a la fiscalía solo le ha llegado una contestación del Ciemat.

Ecologistas en Acción ha pedido que declare el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, para que explique las razones por las que este organismo "ha permitido durante más de 40 años que los agricultores, ganaderos, ganado y obreros de la construcción remuevan tierras contaminadas" sin que se les avisara "del peligro radiactivo que corrían". Además, también preguntan "por qué el Plan de Rehabilitación de Palomares está parado desde hace cinco años". "No solo es preciso eliminar la radiactividad sino también exigir responsabilidades penales por el daño causado, a sabiendas", sostiene en su escrito de denuncia Ecologistas en Acción.