Palomares: 50.000 metros contaminados con plutonio

España y Estados Unidos tienen un problema enquistado desde 1966: el accidente nuclear en Palomares, en el que cuatro bombas atómicas cayeron en la pedanía almeriense. España decidió en 2004 descontaminar la zona e insiste en que EE UU pague parte de la limpieza y se lleve la tierra contaminada con plutonio. Así se lo transmitió el 14 de diciembre de 2009 el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Washington. Moratinos reclamó, según un cable confidencial, que Clinton hiciera lo posible "para ayudar desde el punto de vista de la opinión pública española, de la que temió que se volviera en contra de EE UU si se divulgaran los resultados de un reciente estudio sobre la contaminación". Clinton no contestó. El estudio, a cuyas conclusiones ha tenido acceso EL PAÍS pero que no ha sido hecho público, concluye que en Palomares queda medio kilo de plutonio que ha contaminado unos 50.000 metros cúbicos de tierra -el volumen de 27 piscinas olímpicas-.

En diciembre de 2009, Clinton "comentó que recordaba el accidente pero no se comprometió"

El estudio ha hallado medio kilo de plutonio que contamina 50.000 metros cúbicos de tierra

La legación en Madrid admite que en 1969 "se comprometió a sufragar los gastos del accidente"

Otro cable dice que EE UU no tiene obligación legal pero que su apoyo hasta el final "estaba implícito"

Hace dos semanas, en la Cumbre de Lisboa, EE UU volvió a dar largas a la petición española

El embajador advirtió de que si no pagaban serían criticados por no hacerse cargo de su basura

Los cables revelan que Washington sabe que su compromiso estaba escrito en un documento de 1969. La Embajada en Madrid pidió al Departamento de Estado que pagara o, de lo contrario, serían duramente criticados si eludían su responsabilidad. Sin embargo, EE UU comunicó a España en una nota verbal del 16 de noviembre pasado que necesita más estudios, que por ahora no va a pagar su parte de la descontaminación, según fuentes conocedoras del documento. Este no aparece en los cables de Wikileaks, ya que las comunicaciones filtradas concluyen el pasado mes de febrero. Pero supone el colofón a un intenso intercambio de pareceres que demuestra que el caso Palomares ha estado muy presente en las relaciones bilaterales.

El 7 de noviembre de 2006, un cable de la Embajada de Madrid a Washington (84732) firmado por el embajador Eduardo Aguirre (en el cargo entre 2005 y 2009) relata la visita a España de John Shaw, secretario adjunto del Departamento de Energía (DOE) en septiembre de 2005. Shaw visitó Palomares, pese a lo que el Ministerio de Exteriores español no le trató durante la visita. El cable afirma que "Shaw no se comprometió formalmente a dar financiación del DOE a ningún plan eventual de limpieza, pero quedó implícito que el DOE permanecería en la escena de una forma u otra hasta que Palomares estuviera limpio".

La nota recuerda que tras el choque de dos aviones militares durante un repostaje en el aire, el 17 de enero de 1966, el Ejército estadounidense se llevó unas 1.700 toneladas de tierra contaminada a un almacén nuclear en Carolina del Sur. En 1997, el DOE "se comprometió a pagar el 25% del gasto anual del Ciemat en vigilancia ambiental y médica, hasta unos 300.000 dólares" al año. El Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, del Ministerio de Ciencia) es heredero de la Junta de Energía Nuclear de Franco y quien vigila Palomares. Entre 1997 y 2007, el DOE pagó tres millones de dólares al Ciemat.

Una zona olvidada

Palomares nunca fue un problema, era una zona olvidada. Pero hace una década llegó la burbuja inmobiliaria y, con ella, los planes para construir decenas de miles de viviendas del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (al que pertenece Palomares) y de Vera, que también tiene terreno afectado. Pretendían multiplicar por 10 la población de Palomares (1.500 habitantes) y obligaron al Ejecutivo a dejar de mirar hacia otro lado.

En 1996, las mediciones de radiación en el aire y los cultivos comenzaron a dar niveles anormalmente altos. Era el americio, producto de la desintegración del plutonio y que se dispersa más fácilmente. En 2001, el Ciemat tomó nuevas muestras de suelo y halló un nivel de radiación 20 veces superior al considerado aceptable para un suelo donde vive gente. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) alertó de que remover la tierra contaminada era un riesgo para la salud.

En la Ley de Acompañamiento de 2003, el Ejecutivo de José María Aznar incluyó la expropiación de los terrenos en los que cayeron las bombas. Todos esos movimientos se hicieron sin comunicarlo públicamente. La ley que permitía la expropiación no citaba en ningún lado la palabra Palomares.

En 2004, ya con el PSOE, llegó a la dirección del Ciemat Juan Antonio Rubio, quien, según la nota de la embajada, "revitalizó una institución moribunda" y puso en marcha un plan de descontaminación. Rubio, ya fallecido, declaró entonces a EL PAÍS que él fue el primer sorprendido al saber que el plutonio seguía enterrado: "Lo mejor es quitar el material radiactivo y olvidarnos de Palomares". El Ciemat comenzó a realizar un detallado estudio tridimensional de la contaminación: expropió los terrenos de las bombas, tomó 325.000 muestras con un georradar en 6,6 millones de metros cuadrados de suelo y analizó 1.848 muestras de tierra. EE UU puso 1,983 millones de dólares para el estudio. En un informe preliminar, de junio de 2007, el Ciemat admitió que había contaminación fuera de las zonas valladas y expropiadas y el CSN replicó que la contaminación detectada se podría superar la dosis de radiación admisible para el público, lo que obligó a "imponer restricciones totales o parciales" al uso del suelo.

El estudio sobre la radiación enterrada se terminó en diciembre de 2008 y es al que se refiere Moratinos. El Gobierno no lo ha hecho público, pero según las conclusiones, ha hallado 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con medio kilo de plutonio (cada bomba tenía entre 4 y 5 kilos). Además, desvela la localización de las zanjas radiactivas en las que el Ejército de EE UU dejó enterrados restos metálicos contaminados y que la sobreexplotación del acuífero ha provocado la intrusión salina (entra agua de mar en el subsuelo), algo que "reduce las posibilidades de que el agua subterránea haya sido utilizada para beber o regar". Hay tres zonas contaminadas, una cerca del cementerio -donde están las zanjas-, un solar en el centro de la pedanía, y 20 hectáreas en la sierra de Almagrera, donde el viento llevó parte de la contaminación durante la caída de la bomba. De los 50.000 metros cúbicos contaminados hay 4.200 con un nivel de radiación que implica "la restricción total de uso". Los investigadores buscan cómo reducir el volumen de tierra con un tamizado y consideran que los 50.000 metros cúbicos de tierra radiactiva se podrían quedar en 6.000.

Control de daños

El embajador Aguirre advirtió a Washington ya en 2006 de que si decidían no pagar nada "la embajada debería preparar una estrategia de control de daños, ya que EE UU sería atornillado en la prensa (por ejemplo, un buen aliado debería solucionar su propio lío)". El entonces embajador, que también visitó Palomares, recomendó buscar financiación militar.

La decisión de Washington de desentenderse del accidente ha contado siempre con la oposición de su legación en Madrid. Arnold Chacon, ex encargado de negocios y embajador interino entre enero de 2009 y enero de 2010, elevó el 30 de abril de 2009 un despacho confidencial sobre Palomares (204960). Chacon expresa a Washington sus dudas: "¿Está el Gobierno de EE UU considerando pagar al menos parte de la limpieza y llevarse parte del suelo contaminado?". La Embajada revisó todo el expediente para responder la pregunta de si estaban obligados legalmente a pagar. "La Embajada no conoce ningún documento que indique que el Gobierno de EE UU se haya comprometido a financiar la limpieza", aunque admite que hay "una referencia en un documento de poco valor de 1969" a una garantía del general Wilson. La legación explica que cree que se trata del militar "Delmar Wilson, que estuvo al mando de la respuesta inicial al accidente" y que en ese texto queda claro que "el Gobierno de EE UU sufragaría todos los gastos causados por el accidente, pero el contrato no explica qué cubre esta garantía". El Ciemat encargó otro informe jurídico en el que ve muy difícil reclamar el pago en los tribunales.

Los documentos firmados durante décadas no dejan claro quién debe pagar. El acuerdo Hall-Otero, del 25 de febrero de 1966, un mes después del accidente, se refiere a "un área rural que ha sido descontaminada de acuerdo con límites y procedimientos de descontaminación mutuamente acordados y no hace referencia a ninguna limpieza adicional", según prosigue Chacón. "Sin embargo" ?admite? "está claro que, debido a los avances del conocimiento científico de qué niveles de contaminación son aceptables y con los resultados preliminares del mapa de la contaminación, la limpieza adicional ahora es considerada necesaria".

En 2006 y 2007 los dos países firmaron nuevos documentos para llevar a cabo el proyecto para conocer la contaminación en detalle. El cable considera que ninguno de estos "constituye un compromiso para ninguna de las partes para llevar a cabo la limpieza". Chacón considera, pues, que no hay obligación legal pero advierte a sus superiores de que las negociaciones en "2005 y 2006 contribuyeron a la expectación" de que EE UU apoyaría la limpieza. Insiste en que, aunque nunca se comprometieron por escrito, los tratos entre representantes de los dos Ejecutivos "reforzaron" la aspiración de que los estadounidenses pagarían y de que se llevarían el plutonio. En la Península Ibérica no hay ningún almacén para esta sustancia. El plutonio tarda 24.000 años en desintegrarse a la mitad.

Gastos compartidos

Los científicos españoles involucrados en la limpieza siempre daban por descontado el apoyo: "Con EE UU no hay ningún problema. Pagarán su parte. Son gente muy seria y saben que esto lo causaron ellos", afirmaban con rotundidad. Aunque con el cambio de Administración y la llegada de Obama todo cambió. El 8 de octubre de 2006, Juan Antonio Rubio explicó a EL PAÍS: "EE UU nos va a ayudar en la parte técnica y aunque no se dice cuánto, los gastos serán compartidos". La información no fue desmentida y salió en medios internacionales. La Embajada admite en sus cables que "las historias en la prensa" reforzaron la impresión de que Washington pagaría su parte de los 25 millones en los que está presupuestado el proyecto.

Chacón, al igual que su predecesor, entiende la petición española: "Si el Gobierno de EE UU decide no colaborar en la limpieza, anticipamos una significativa reacción negativa del Gobierno de España y del público y la prensa española (esperamos que la prensa de EE UU, que ocasionalmente sigue el tema, también se interesaría)". El embajador considera que lo relevante no es si hay un compromiso implícito o explícito, sino que la discusión se centraría en "la falta de voluntad de EE UU de ayudar a terminar de limpiar la contaminación causada por armas de EE UU que cayeron de aviones de la Fuerza Aérea de EE UU".

Pese a los cables, Washington siguió dando largas. Hace un año, Moratinos sacó el tema en Washington y pidió ayuda antes de que se conocieran las conclusiones del estudio. En la reunión estaba el entonces embajador en EE UU, Jorge Dezcallar, y el ex director general para América del Norte Luis Felipe Fernández de la Peña. Clinton le replicó "que recordaba el accidente pero no hizo ningún compromiso". En lugar de eso, en el presupuesto para el curso 2009-2010, EE UU dejó de pagar los 300.000 dólares anuales que abonaba desde 1997.

En mayo de este año, durante la visita del actual vicepresidente norteamericano Joe Biden a España, Exteriores sacó el tema y el 7 de julio, finalmente, hubo una reunión en Washington entre representantes del Gobierno y militares estadounidenses. El Ejecutivo español (La Moncloa, Exteriores y el Ciemat) llevaba tres ideas: que España necesitaba ayuda tecnológica, financiera y, sobre todo, que EE UU debía llevarse la tierra. No hubo respuesta, solo tomaron nota, como había hecho Clinton siete meses antes. La réplica finalmente llegó en una nota verbal de dos folios del 16 de noviembre pasado.

Análisis a la población

En ella, EE UU afirma ahora que necesita más estudios antes de tomar una decisión, que hay que realizar análisis a la población y establecer criterios de exclusión de uso del suelo. Fuentes españolas consideran que el escrito supone retroceder 40 años, que no abordan el problema del plutonio y ni mencionan el americio. Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, y buen conocedor del proceso, culpa a EE UU "pero también al Gobierno español": "España ha enviado delegaciones muy técnicas, de muy poco nivel y Exteriores nunca se ha implicado en el proceso. Así que EE UU, que en principio se tomó el tema muy en serio, ha aprovechado la puerta que le han dejado abierta".

El Gobierno ha recibido con sorpresa y desánimo la respuesta y ha convocado una reunión el 14 de diciembre para decidir qué hacer. España es consciente de que sin ayuda estadounidense no puede solucionar Palomares. "No dicen que no vayan a colaborar, es una nota interina en la que piden más estudios. En esencia, se dedican a dar largas", resume una fuente próxima a la negociación.

Ante la previsible negativa estadounidense, el Ejecutivo involucró a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que ha preparado un informe sobre la situación. Además, en abril visitaron Palomares expertos de Euratom (la agencia europea de la energía atómica) y elaboraran otro informe para el Parlamento Europeo. España espera que la publicidad del informe sirva de palanca para implicar a EE UU. Pero admite que es muy complicado porque Washington no quiere crear un precedente y comenzar a recibir reclamaciones de otros lugares del mundo donde ha dejado contaminación radiactiva.

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