Los fiscales piden castigar la figura de los testaferros en el Código Penal

El nuevo año judicial coincide con la presentación de la Memoria de la Fiscalía, que insiste en sustituir a los jueces en la instrucción de las causas y reclama reformas legales para luchar contra la corrupción. El ministerio público pide, sobre todo, que el Código Penal castigue la figura de los testaferros.

En su Memoria de actuaciones del año 2014, que se presentó ayer públicamente, la Fiscalía dedica un capítulo —el último— a plantear reformas legislativas para hacer más eficaz la lucha contra los delitos de todo tipo. El ministerio público afirma que “el legislador debería ponderar seriamente el castigo, en determinadas circunstancias, de la conducta del testaferro como un delito de peligro”.

Se trata de penalizar la mera creación de sociedades instrumentales sin ningún tipo de actividad más allá que la de servir de parapeto para encubrir el patrimonio de terceros. La Fiscalía argumenta que castigar esta conducta, al margen de que los testaferros puedan ser considerados partícipes de otros delitos, como el blanqueo de capitales, constituiría “una herramienta de primer orden para la lucha contra el fraude, no solo fiscal sino de fenómenos de corrupción de otra naturaleza”.

“No hay que llamarse a engaño: el empleo de personas interpuestas, hombres de confianza, de paja, etc. no tiene generalmente otra finalidad que la fraudulenta como contemplamos cotidianamente”, argumenta el departamento dirigido por Consuelo Madrigal.

Reforma fallida

La idea, que estuvo a punto de cuajar en una reforma del Código Penal en el año 2006. Incluso se redactó un artículo que castigaba con penas de hasta cuatro años de cárcel a “los administradores de hecho o de derecho de una sociedad, asociación u organización de cualquier clase, cuya única o principal función sea encubrir actividades económicas ajenas”. Sin embargo, este texto nunca llegó a la ley penal española. “Simplemente se optó por no incriminar la conducta”, lamentan los fiscales.

El ministerio público reclama también modificar las leyes de extranjería para que no se expulse de España a los inmigrantes irregulares que son víctimas de delitos de odio, muchos de los cuales se cometen y no se denuncian. La Fiscalía propone que estas víctimas obtengan un permiso de residencia “a condición de denunciar a los autores o cooperadores de dichos delitos, particularmente en los casos en que haya existido violencia o intimidación en su comisión, o a condición de cooperar y colaborar con las autoridades”.