Los editores amenazan con denunciar a quien frene la ley educativa

La asociación de editores de libros de texto ANELE pide explicaciones sobre el futuro de la ley educativa, la Lomce. El sector del libro asegura que están “preocupados” con las declaraciones a favor de derogar la normativa del PP que han surgido tras las elecciones del 24-M con el previsible cambio político en distintos Gobiernos autónomos. Amenazan con “interponer las acciones legales oportunas frente a toda actuación” dirigida a “paralizar” su implantación.

A partir de septiembre, la Lomce se generaliza en primaria, comienza a aplicarse en los cursos impares de secundaria y en 1º de bachillerato. El currículo general de estos dos últimos ciclos, aprobado por el Ministerio de Educación en enero, refuerza lengua, matemáticas y ciencias, deja de lado tecnología y enseñanzas artísticas y aboga por formar el pensamiento empresarial más que el filosófico.

Con estas directrices, las comunidades autónomas tenían que aprobar su propio currículo adaptado. Lo han hecho seis de las 17, según los datos oficiales del Ministerio de Educación. Son Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Islas Baleares, Aragón y la Comunidad Valenciana. Y en las tres últimas, donde se prevé un cambio de Gobiernos del PP a coaliciones de izquierdas, los candidatos con más opciones han manifestado reticencias a la Lomce. Las comunidades no pueden frenar una ley estatal pero sí ponerle trabas como ha ocurrido este curso en primaria.

Daños y perjuicios

La asociación de editores recuerda que la decisión de cambiar los manuales corresponde a los profesores de cada centro, pero temen que los pronunciamientos políticos puedan influir en su decisión. Aseguran que han destinado cerca de 200 millones de euros —70 en primaria y el resto en secundaria y bachillerato— a nuevos textos que “las empresas del sector no dudarán, llegado el caso, en reclamar”, según una nota.

ANELE tiene abiertos sendos contenciosos con Castilla y León y la Comunidad Valenciana, según un portavoz, por aprobar nuevos currículos en primaria y recomendar después a los docentes que no cambiaran los libros. Y existe un precedente con sentencia firme. El Gobierno tuvo que indemnizar a una editorial con 564.000 euros después de que el Supremo determinara en 2010 que tenía derecho a daños y perjuicios por un cambio normativo. El PSOE aprobó retrasar la aplicación de la anterior ley educativa del PP, la LOCE.