El Parlamento vasco pide al Gobierno despenalizar el suicidio asistido

“Es el primer paso para lograr un derecho civil básico”, cree Rosalía Miranda, la presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Euskadi. El Parlamento vasco ha pedido esta mañana al Gobierno de España, y los grupos parlamentarios van a trasladar al Congreso de los Diputados, una propuesta para modificar el Código Penal y enmendar su artículo 143 con el objetivo de despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia. El PSE, que firmaba la iniciativa original, junto a la izquierda abertzale (EH Bildu) y el PNV, además de UPyD, han sacado adelante con el único voto en contra del PP, una enmienda cuyo objetivo final es regularlo como un derecho irrenunciable a cualquier persona en su sano juicio, aunque como primer paso exigen la reforma del Código Penal.

“Es la primera vez que se pide de forma oficial la despenalización del suicidio asistido. Emplazamos al PSOE a que tome el testigo y a que derribe el muro del Código Penal, porque si no se hace cualquier debate es baldío”, ha dicho Miranda a EL PAIS. El Parlamento vasco quiere liderar el debate en el resto de España al incorporar en su propuesta el compromiso de “ponerse en contacto y colaborar con los parlamentos de las demás comunidades que estén de acuerdo con su contenido”.

Los partidos vascos discrepan de la mejor fórmula para lograrlo, ya que la izquierda abertzale prepara una iniciativa legislativa para las Cortes, pero todos coinciden en que se trata de un derecho individual polémico pero necesario, como también lo han sido el aborto, las bodas homosexuales, o el divorcio. Conscientes de que el final de la legislatura y la mayoría parlamentaria del PP en Congreso y Senado no es el mejor terreno para lograrlo, están sin embargo convencidos de que las próximas elecciones generales van a alumbrar un cambio que propicie la despenalización.

“Llévenla al Congreso y allí veremos que sucede”, ha emplazado el portavoz del PP, Carmelo Barrio, consciente de que no hay ni tiempo ni mayoría en la actualidad para hacerlo. Barrio dudó incluso de que el PSOE vaya a abrir el debate: “Rechazó la eutanasia en 2012 sumando sus votos a los nuestros”, ha recordado.

El artículo 143 del Código Penal establece penas de privación de libertad desde que en 1995 abordara por primera vez en la historia legislativa del Estado la regulación de la eutanasia. Fija penas de dos a diez años dependiendo del grado de cooperación con un tercero para facilitarle una muerte digna. “Es necesario modificar el citado artículo para abordar una reforma en profundidad, que permita a las personas ejercer su derecho a morir dignamente”, cita la propuesta socialista que ha abierto el debate. “Esto no es otra cosa que el Principio de Libertad a decidir sobre la propia vida y sobre la propia muerte”, subraya la parlamentaria Miren Gallástegui en una propuesta que los congresistas vascos del PSOE, donde existe controversia interna, se han comprometido en trasladar al Congreso.

Las comunidades de Navarra, Aragón, Andalucía, -donde se aprobó la primera ley de muerte digna- y Canarias ya han regulado el derecho pero están limitadas por el Código Penal. La Comunidad Valenciana lo intentó a través de Esquerra Unida, pero no salió adelante. “No se trata de inventar nada”, explica Miranda. “La última legislación es la belga, no tiene más de ocho páginas y es especialmente clara al respecto, basta con adaptarla”.

EH Bildu presentó hace días una enmienda a la propuesta del PSE que no discrepa en el fondo con los socialistas, y que finalmente no ha salido, en la que formalmente propone “presentar en las Cortes españolas una proposición de ley para la modificación del Código Penal para forzar la despenalización. Por su parte, el PNV registró otra enmienda a la totalidad, en la que insta al gobierno de Rajoy a “revisar y, en su caso, modificar la legislación relacionada con el suicidio asistido y la eutanasia”. Aunque tampoco ha salido aprobada, ha servido de base junto a la del PSE para acordar una transaccional.

Según Rosalía Mirada, en Euskadi, más de 14.000 vascos han realizado lo que se llama una declaración de voluntad anticipada, que explicita por escrito los “tratamientos médicos y cuidados” asumibles o rechazables si, llegado el momento, el firmante pierde la capacidad de participar en la toma de decisiones. “Con Zapatero hubo promesa de tratar este asunto, pero la legislatura fue como fue. Estoy convencida de que en la siguiente va a ser un hecho”, ha dicho Miranda: “La sociedad lo tiene claro, ha llegado el momento de los políticos. “Esto no es otra cosa que el Principio de Libertad a decidir sobre la propia vida ha subrayado la parlamentaria socialista Miren Gallastegui.