La estafa de los cursos de formación: 15 millones de euros entre telarañas

Las estafas en los cursos de formación han ocupado muchas páginas de la historia de la corrupción en España en los últimos años. El sistema español de ayudas públicas para formar a los trabajadores se ha revelado como un método ineficaz y un grifo abierto de cientos de millones de euros.

Los casos más recientes, en Andalucía y Madrid, han seguido una suerte muy distinta en los juzgados. En Sevilla, la juez Mercedes Alaya tiene a su disposición más personal para ayudar en el juzgado y cuenta además con 20 agentes de refuerzo de la la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF). Por ahora, la Junta de Andalucía (PSOE) cifra el fraude en 20 millones de euros.

En Madrid, el caso se halla empantanado en el juzgado número 9 de Plaza de Castilla, donde ha habido un relevo de jueces a mitad de investigación. Allí, decenas de cajas con expedientes de los cursos esperan que un grupo escaso de policías judiciales desenmarañen el complejo entramado de empresas y asociaciones que recibían dinero de la formación.

En el fraude de Madrid, llamado caso Aneri por uno de los cabecillas de la trama, se investiga el destino de más de 15 millones de euros de subvenciones destinadas a la formación por Internet. Entre los imputados hay altos cargos de la patronal madrileña CEIM. El empresario cordobés José Luis Aneri obtenía las ayudas pero en realidad no había cursos y tampoco los alumnos eran reales. Un programa informático usurpaba las identidades y completaba los ejercicios.

Los últimos meses le han dado para mucho a José Luis Aneri. El principal encausado ha tenido tiempo de dejar las drogas, casarse y confesarse en los medios de comunicación. “Seguiríamos ganando dinero con la formación si no me hubiera puesto de cocaína hasta el culo”, dijo en una entrevista a Interviú.

Con el dinero defraudado, Aneri pudo comprar un lujoso chalé de 1.042 metros cuadrados en el número 10 de la Calle José María Alcalde Cáceres, en Córdoba. La falta de impulso judicial le ha permitido traspasar el inmueble a su nueva esposa pese a las adevertencias de la policía.

Los agentes de la UDEF que investigaron el caso solicitaron en marzo de 2014 la prohibición de enajenar el inmueble, es decir, que se bloqueara cualquier operación con esa propiedad supuestamente financiada con la estafa. El juzgado dio orden de proteger el inmueble pero solo durante tres meses, del 26 de mayo al 19 de agosto, según consta en el registro. Con la casa libre de trabas judiciales, Aneri pudo cambiar la titularidad, el 30 de enero de este año, a favor de su pareja.

La titular del juzgado 9, Esperanza Collazos, no ha explicado a EL PAÍS si se debió a un error o si existe alguna razón por la que Aneri pudiera disponer de su mansión. “Me ha dicho que tiene mucho trabajo y que no puede atender a la prensa”, explicó una funcionaria del juzgado.

El secreto de sumario del caso se levantó el pasado julio sin que hayan trascendido nuevas diligencias. En Andalucía, el caso de los cursos de formación lleva 16 ex altos cargos detenidos, entre ellos un exconsejero. En Madrid, la línea de investigación que salpica a la patronal madrileña CEIM y a la Comunidad de Madrid (PP) no ha sido explotada. Uno de los implicados en la trama de Aneri es su antiguo socio, Alfonso Tezanos. Tezanos, detenido en marzo de 2014, es exalto cargo de CEIM, expresidente de la comisión de Formación de la Cámara de Comercio y exdirigente de varias organizaciones empresariales, entre ellas Fedecam, que también recibía subvenciones de la formación y utilizaba el mismo sistema de cursos falsos de Aneri. De hecho, fue Tezanos, un hombre fuerte del presidente de la patronal, Arturo Fernández, quien trajo al empresario cordobés a Madrid.

Fuentes de Vía Lusitana, sede principal de la Consejería de Empleo, relatan cómo Tezanos era un asiduo de las oficinas donde se controlaban los expedientes de formación. Trabajadores de una las organizaciones implicadas señalan que sabían cuándo iban a recibir la visita de inspectores de la Comunidad y que todo quedaba preparado para que ese día sí hubiera alumnos en los cursos.

“Si aquí hubiéramos dado con un juez y un fiscal serio que hubieran querido averiguar lo que ha pasado encontraríamos un fraude en los fondos de formación ligado a CEIM muy similar al de Andalucía”, dice Ramón Marcos, candidato de UPyD a la Comunidad de Madrid e impulsor de una denuncia en los tribunales en la que se señala la cooperación de la Consejería de Empleo para “dar apariencia de legalidad a actuaciones irregulares”. “Un juez con ganas tendría que haber tirado más del hilo”, concluye.