Madrigal dice que en principio no vio necesaria la detención de Rato

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha defendido este jueves la actuación de su departamento en la investigación sobre el patrimonio del exministro de Economía y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato, detenido el pasado 16 de abril mientras se realizaba el registro de su casa y su despacho. La fiscal general ha afirmado que tanto ella como el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, con quien despachó por teléfono la noche anterior y el día del arresto, no vieron necesaria la detención del exministro, “salvo que luego lo fuera”. “Tanto el fiscal jefe de Madrid como yo estábamos en la misma idea de que por la índole de los delitos, en principio, no sería necesaria la detención”, ha asegurado Madrigal en un desayuno informativo en el Nueva Economía Fórum.

“Solo se pidió al juez de guardia la detención si resultara necesaria, y el juez de Instrucción número 35 de Madrid la acordó al verlo necesaria, solo mientras durasen los registros”, ha recordado Madrigal. La fiscal ha explicado que en su conversación telefónica, Manuel Moix, le explicó la “urgencia” que corría la actuación de la Oficina Nacional para la Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria.

Madrigal ha asegurado que el registro y detención de Rato tuvo todas las garantías y que se realizó porque había “indicios sólidos” y “sospechas objetivas y fundadas en datos” para actuar contra el exministro. Sobre la decisión de que la causa haya sido entregada a la Fiscalía Anticorrupción en lugar de la Fiscalía de Madrid, ha sostenido que es “indiferente a efectos de la investigación”, pero que Anticorrupción dispone de mejores medios técnicos y de apoyo y ya tiene información sobre el patrimonio de Rato tras las investigaciones que se siguen contra él en la Audiencia Nacional por el caso Bankia.

Por otro lado, la fiscal general ha defendido esta mañana la posibilidad de que los representantes del ministerio público den información relevante sobre sumarios declarados secretos siempre que esta no afecte a las investigaciones en curso. Preguntada en un desayuno informativo sobre la idea lanzada el miércoles por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de multar a los medios de comunicación que publiquen sumarios, posteriormente matizada, Madrigal ha recordado que “la libertad de expresión y sus límites están claros en la Constitución Española, y a ellos debemos atenernos”. La fiscal ha recordado también que los “medios de comunicación tienen sus códigos éticos y a ellos deben atenerse también”.

Madrigal ha señalado que existe una instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre los “deberes” de los fiscales en materia de información pública y ha dicho que “se puede dar información sobre causas declaradas secretas si con ello no se perjudica a la investigación”. Preguntada también por la llamada “pena de telediario” –la exposición pública de detenidos o imputados antes de juicio, Madrigal ha recordado la “obligación” –también recogida en una instrucción de la Fiscalía- de que los arrestos se practiquen de la forma que “menos perjudique a la honra y los bienes del detenido”, y ha apelado a que los medios respeten la presunción de inocencia y “eviten exposiciones innecesarias”.

Madrigal ha dedicado una parte sustancial de su intervención, antes del turno de preguntas, a la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por la consulta soberanista del 9N. “Los que invocan la libertad para vulnerar la ley incurren en una peligrosa demagogia”, ha señalado, en referencia inequívoca a Mas. Madrigal ha destacado que “con toda normalidad” se han pedido 15 diligencias de investigación sobre la consulta. “Somos fruto de la Ilustración, y combatimos el oscurantismo, el fanatismo y la tiranía como emanación de la voluntad general”, ha manifestado. Sobre la llamada “hoja de ruta” soberanista firmada por CiU y ERC y diferentes asociaciones para alcanzar la independencia y la creación de “estructuras de Estado” para Cataluña, Madrigal ha dicho que “no se ve relevancia penal”. “No perseguimos declaraciones o intenciones políticas bajo ningún concepto”, ha añadido.