Monago denuncia un fraude “a gran escala” en los cursos de formación

 El Gobierno de Extremadura, que preside José Antonio Monago (PP), hadenunciado ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto fraude "a gran escala" con los cursos de formación a trabajadores ocupados por parte de la patronal regional (Creex), los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (Cepes).

En la convocatoria de 2011, la única analizada por el Ejecutivo regional, el presunto fraude podría superar los tres millones de euros, según ha afirmado en rueda de prensa este jueves la consejera de Empleo, María de los Ángeles Muñoz. El fraude fiscal, que solo se considera delito a partir de 120.000 euros, consistiría en facturar gastos superiores al coste real de los cursos, con sobrecostes de hasta el 800% o cantidades que no se ajustan a las condiciones de mercado, como 800 euros por hora.

Los cursos se aprobaron a finales de 2011 y se impartieron entre 2012 y 2013. La consejera de Empleo ha explicado que el Gobierno extremeño encargó en 2014 una auditoría externa, una vez que se había recibido la liquidación de los planes formativos, que analizó el 10% de la subvenciones concedidas en 2011. Al extrapolar los datos de esa investigación, el Ejecutivo calcula que se han podido defraudar 3,1 millones.

La mitad del supuesto fraude (1,5 millones) correspondería a Creex. Una portavoz de Creex ha declinado dar su versión y ha remitido a este periódico a la rueda de prensa que preparan sobre este asunto y aún no han celebrado.

La cantidad presuntamente defraudada por los dos sindicatos podría ascender a 600.000 euros en cada caso, según la nota del Ejecutivo de Monago, que indica que rondaría el 30% de los 1,8 millones de subvención recibidos por cada sindicato. Tanto UGT como CC OO niegan la denuncia y acusan al Gobierno extremeño de emprender una “maniobra electoralista” un día antes de disolver el parlamento.

“Tenemos justificadas todas las acciones formativas de 2011 y es la Junta la que nos debe dinero de ese año”, ha señalado a EL PAÍS el secretario general de CC OO, Julián Carretero. “hemos sido una de las principales opositoras a las políticas del Gobierno de Monago y ahora lo que está haciendo es alharaca y propaganda”

“Esta acusación tiene una connotación electoral, se han saltado la vía administrativa y han ido a la fiscalía anticorrupción en lugar de denunciar con pruebas en un juzgado”, añade también a este periódico Francisco Capilla, secretario general de UGT Extremadura. “¿Cómo pueden estimar que se defraudan 600.000 euros revisando solo 180.000 euros [el 10% de las subvenciones]”, añade. “Hemos sido muy críticos con la política del señor Monago y lo que intenta es desacreditarnos”.

Por parte de la confederación Cepes, la estimación del presunto fraude superaría los 300.000 euros, según las estimaciones del Gobierno regional. La confederación también ha negado haber defraudado fondos. En una nota de prensa, aseguran que la ejecución de los programas de formación se hizo “conforme a la legalidad vigente” y anuncian que irán a los tribunales “si es necesario, para emprender las acciones pertinentes contra quien se atreva a poner en duda la adecuada gestión realizada por CEPES Extremadura”.

El PSOE de Extremadura también considera que se trata de una "campaña electoral" de Monago. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Valentín García, ha puesto en duda que la denuncia se presente ahora, informa Efe. Los cursos se aprobaron a finales de 2011 cuando ya gobernaba Monago, según el PSOE, y se ejecutaron los dos años siguientes.

García se ha preguntado por qué "ha habido que esperar hasta el día de la disolución del Parlamento para ir al fiscal". Si considera que las pruebas son concluyentes, cuestiona el responsable del PSOE, "por qué no se va al juez directamente y por qué esperar dos años y medio a las puertas de unas elecciones".