La oposición presiona a Montoro para que explique el caso de su bufete

El caso que afecta a Equipo Económico —el bufete que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fundó en 2006 y abandonó en 2008— ha provocado la reacción en pleno de la oposición. PSOE, IU y el resto de partidos reclamaron ayer al ministro explicaciones urgentes sobre las adjudicaciones dudosas a este despacho. La presión sobre Montoro ha aumentado. Los socialistas madrileños solicitarán a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid todos los contratos firmados en los últimos ocho años entre el Gobierno regional y ese despacho, que en 2008 facturó dos millones de euros a la firma Madrid Network. Esta empresa mixta, financiada con fondos públicos, estuvo presidida entre 2008 y 2011 por el entonces consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, actualmente secretario de Estado de Administraciones Públicas, cargo que ocupa desde el principio de la legislatura.

Las formaciones de la oposición coinciden en señalar que la relación entre el bufete de Montoro y Beteta supone “un claro caso de puertas giratorias”, mientras que la investigación refleja un conflicto de intereses. Los principales partidos con representación parlamentaria se reafirmaron, por tanto, en sus exigencias. El PSOE cree que “la Administración no puede servir a los intereses generales cuando sirve a los intereses particulares” y planteará al Congreso la reprobación del ministro. “Vemos que el Ministerio de Hacienda está en manos de un grupo selecto de consultores”, señala el portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, quien añade: “Consecuentemente, la igualdad de todos los españoles ante la Administración se rompe”. “Todo esto requiere una explicación urgente, porque tanto Antonio Beteta, como consejero de Hacienda y presidente de Madrid Network, como Engracia Hidalgo, consejera de Familia, dieron contrataciones sin concurso al bufete jurídico creado por Montoro”, consideró Rafael Simancas, presidente de la Comisión Gestora del PSM, informa Vicente G. Olaya.

Antes de su comparecencia en la Cámara baja está previsto que Montoro trate de aclarar hoy mismo su vínculo con Equipo Económico. Para ello aprovechará que el Gobierno aprueba la oferta de empleo público de 2015 para acudir a la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros donde atenderá a las preguntas relacionadas con este caso, adelantado por EL PAÍS. La Fiscalía Anticorrupción investiga, además, un contrato adjudicado a dedo en 2012 por la Cámara de Comercio de España a este bufete dirigido por Ricardo Martínez Rico, secretario de Estado y estrecho colaborador de Montoro durante su paso por el Gobierno de Aznar.

Equipo Económico difundió ayer un comunicado en el que defiende su derecho a contratar con cualquier entidad. “No tenemos restricción legal alguna para prestar servicios profesionales a todo tipo de entidades, personas físicas y jurídicas, que así lo demanden, de similar modo que el resto de despachos o consultoras de primer nivel que desarrollan este mismo tipo de servicios profesionales de asesoramiento económico, financiero, fiscal y jurídico”, señala en la nota.

Esta “firma de servicios profesionales”, como se define en su web, “niega de forma tajante que la Red de Parques y Clusters de Madrid sea una empresa pública”. Esta entidad, que terminaría denominándose Madrid Network, fue la que le adjudicó dos contratos que se prolongaron durante tres años y por los que el bufete facturó cerca de dos millones de euros. Madrid Network es una sociedad mixta, que cuenta con más de 700 empresas y recibe fondos de la Comunidad de Madrid.

El hecho de que de Beteta presidiera esa empresa llevó ayer a IU a concluir que no se trata de una gestión puntual. “Estamos ante algo reiterado” que, en palabras del portavoz parlamentario, José Luis Centella, refleja “la impunidad del PP a pesar de la integración entre lo público y lo privado”. Rita Maestre, miembro de la dirección de Podemos, consideró que el caso “demuestra que el PP pone las instituciones de todos a trabajar para sus propios intereses, lo que es una perversión del Estado de derecho”. El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ve en esa relación un “caso claro de tráfico de influencias, por lo menos potencialmente”, por el que su formación pedirá responsabilidades políticas.

Equipo Económico rebate las acusaciones: “La Red de Parques y Clusters de Madrid suscribió los contratos con arreglo a la más estricta legalidad; es una asociación con personalidad jurídica propia y que opera en el ámbito del derecho privado”. El bufete rechaza también que presentara una oferta formal por la gestión del convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido entonces por la socialista Cristina Garmendia, para financiar proyectos de I+D+i pese a que le invitaron a hacerlo.

Este contrato estaba valorado en seis millones de euros. Sin embargo, el bufete comenzó a asesorar a la Comunidad de Madrid sobre cómo repartir los 80 millones de euros aportados por el Ministerio de Ciencia. “Equipo Económico hizo exclusivamente un planteamiento metodológico preliminar, respecto a la evaluación, seguimiento y control de los proyectos que resultaran preseleccionados por Madrid Network”, añade el comunicado. Esperanza Aguirre decidió suspender esa colaboración tras relevar a Beteta al frente de la consejería de Hacienda a principios de 2011.