Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Una denuncia por discriminación sexual divide al Poder Judicial

Seis vocales defienden que una mujer ganaba en méritos al elegido para presidir el tribunal superior de Murcia

Una de las vocales denunciantes, Clara Martínez de Careaga, en 2009.
Una de las vocales denunciantes, Clara Martínez de Careaga, en 2009.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial eligió el 29 de enero al magistrado Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El pleno fundamentó su nombramiento en “los méritos y capacidad” del candidato, que hasta ahora era el titular del Juzgado de lo Penal 2 de Murcia. Pero un grupo de vocales ha presentado dos escritos en los que aseguran que había otra candidata con más méritos y experiencia y que la elección constituye un “caso manifiesto de discriminación por razón de sexo”.

La norma que regula los nombramientos discrecionales en los órganos judiciales estipula que la selección se ajustará a los principios de “mérito y capacidad” y que, dentro de estos principios, se impulsará medidas que favorezcan la promoción de la mujer.. En este caso, según los votos particulares presentados por siete vocales críticos, la magistrada aspirante reunía más méritos que el candidato elegido, sin necesidad siquiera de aplicar las medidas de discriminación positiva hacia la mujer.

Los escritos han sido redactados por la vocal Clara Martínez de Careaga, presidenta de la Comisión de Igualdad del consejo, que en un informe previo al nombramiento ya recomendó que este puesto debía recaer en la magistrada Pilar Alonso.

Los vocales que firman los votos particulares sostienen que la candidata superaba al elegido en todos los requisitos que recogían las bases de la convocatoria. El primer mérito era el tiempo de servicio activo. Alonso supera en más de nueve años a Riquelme (31 años de carrera frente a 22) y en el escalafón de la carrera judicial está 1.160 puestos por encima. El segundo criterio era el ejercicio en civil y penal: la candidata ha estado 23 años en la Audiencia Provincial de Murcia, con competencias civiles y penales, mientras que él solo ha sido juez de instrucción. Otro de los criterios de selección era el tiempo de ejercicio en órganos colegiados (tribunales formados por más de un magistrado que tienen mayor rango de responsabilidades). Y aquí, la experiencia de la magistrada Alonso es, según estos vocales, "infinitamente" superior a la de Riquelme. “Y no decimos infinitamente como una licencia expresiva, sino en términos rigurosamente matemáticos", añade el escrito, que recuerda que la experiencia de ella en este apartado es de 23 años y la de él, "exactamente cero”. “Y el resultado de dividir por cero cualquier número natural, es infinito", señalan.

Los vocales críticos advierten de que las mujeres ya son mayoría en el ámbito de la judicatura y, sin embargo, su acceso a los puestos de relevancia, que depende de nombramientos discrecionales, sigue siendo “desproporcionadamente bajo”. De los 17 presidentes de tribunales superiores de justicia, solo una es mujer, recuerdan los vocales. “Y cuando una magistrada con antigüedad y prestigio sobrados para ocupar una de estas presidencias lo solicita, se ve relegada por un candidato varón que ocupa un lugar más de mil puestos inferior en el escalafón y carece de la más mínima experiencia en órganos colegiados”, señalan.

La publicación de los votos presentados por los siete vocales, integrantes del sector progresista de la judicatura, generó ayer malestar en el Poder Judicial, donde vocales de distinta adscripción política cuestionaron que el sexo haya sido determinante en la designación del presidente del tribunal. Algunos vocales advirtieron, además, que había un tercer candidato, Andrés Pacheco, presidente de la Audiencia Provincial de Murcia que reunía tantos o más méritos como el elegido y la mujer a la que, según los críticos se discriminó. “El problema es que a veces la discrecionalidad de los nombramientos casi raya la arbitrariedad, pero no por ser hombre o mujer, sino por circunstancias muy diversas”, señala un vocal. Nadie explica cuáles fueron en este caso esas circunstancias.

El Poder Judicial negó a través de un portavoz que haya existido discriminación y asegura que los vocales que eligieron a Pasqual del Riquelme valoraron, sobre todo, su plan de actuación, un documento que contiene los objetivos y el programa diseñado por cada aspirante para el cargo en cuestión). El órgano de gobierno de los jueces subrayó, además, que hay varios precedentes en los que se designó a mujeres con menos experiencia que sus oponentes. El consejo recuerda dos casos recientes: Garbiñe Biurrun, nombrada presidenta de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, ingresó en la carrera en 1987, cuando uno de los dos aspirantes varones al mismo cargo lo había hecho en 1983; María Félix Tena, elegida presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres, presta servicio desde 1988 y se impuso a un aspirante que ingresó en 1979 y otro en 1987.