Bruselas censura a España la falta de gestión de las zonas protegidas

La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la falta de planes de gestión en un millar de áreas protegidas. En España, existe sobre el papel una considerable cantidad de zonas con protección, pero no disponen de programas con medidas y objetivos de preservación concretos porque las Administraciones —Gobierno y comunidades— no los aprueban. La evaluación medioambiental a la que España ha sido sometida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apuntaba a este problema. Ese análisis resalta importantes avances: aproximadamente un 29% de la superficie terrestre del país y un 8,4% de sus aguas territoriales tienen algún tipo de protección ambiental. Pero en ese informe, presentado esta semana, la OCDE destaca también que el estado de conservación de alrededor del 40% de los hábitats y especies es relativamente desfavorable.

El procedimiento de infracción abierto se debe a los planes de gestión de la Red Natura 2000, el sistema europeo de protección. Bruselas dio el primer paso la semana pasada. Según adelantó La Verdad de Murcia, la comisión ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno español, que tiene dos meses para contestar. Se trata del inicio de un procedimiento que puede terminar en el Tribunal de Justicia europeo y, dentro de unos años, en sanción. Sin embargo, fuentes de la CE han indicado este miércoles que, en los últimos años, "más del 85% de los asuntos se solucionaron antes de la fase contenciosa".

Bruselas censura a España por no haber aprobado en plazo esos planes de gestión en 996 zonas declaradas Lugar de Interés Comunitario (LIC). "España ha incumplido las obligaciones (...) al no haber designado estos sitios como zonas especiales de conservación y haber fijado prioridades en función de la importancia de los lugares para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable", de los hábitats y especies, se indica en la carta de emplazamiento. Además, se incide en que "España no ha adoptado las medidas de conservación apropiadas".

La comisión ya abrió a España un expediente por este asunto, pero no de infracción como ahora. Dio al Gobierno de plazo hasta el 31 de diciembre pasado para que se aprobaran los planes de gestión de las zonas declaradas Lugar de Interés Comunitario. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reconoció en un reciente informe que, a fecha de 31 de enero de 2015, solo 518 de estos espacios contaban con un plan. Se trata del 35,4% de las 1.461 zonas LIC de España, que ocupan una superficie de 145.371 kilómetros cuadrados.

"Hay declaraciones sobre el papel, pero no cuentan con protección suficiente", detalla Juan Carlos Atienza, director de Conservación de SEO/BirdLife. "Se necesita una gestión efectiva", añade Luis Suárez, responsable de Biodiversidad en España de WWF.

Ayer mismo, el Gobierno central aprobó una nueva propuesta LIC, la que afecta a la zona marina de Fuerteventura y Lanzarote. Estas declaraciones se realizan cuando en un área se detecta la presencia de especies animales o vegetales y hábitats que deben ser protegidos según las diferentes directivas europeas. Pero la declaración LIC es un primer paso. Luego hace falta que las Administraciones conviertan esas áreas en Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y se aprueben los planes de gestión. En ellos se especifican "los objetivos y las medidas" de conservación de las especies y hábitats que se protegían con la declaración de LIC, indica Luis Suárez.

En la inmensa mayoría de los casos, las comunidades son las responsables de aprobar esos planes de gestión, con lo que el problema radica ahí. Sin embargo, el Gobierno central también ha pinchado en este asunto. Esta Administración tiene las competencias sobre 46 áreas marinas declaradas LIC. Y, según el informe del propio ministerio, solo 26 (el 56%) cuentan ya con la declaración ZEC y planes de gestión. El grado de cumplimiento en el caso de las comunidades está en el 34,7%.

Las organizaciones WWF y SEO/BirdLife se han mostrado este miércoles "muy preocupadas" ante la posibilidad de que el proceso abierto por Bruselas haga "que las comunidades autónomas aprueben masivamente planes de gestión" de "baja calidad para cumplir formalmente con los plazos establecidos por la Comisión Europea". Atienza ha criticado que muchos de los documentos que las autonomías han presentado hasta ahora son "falsos planes de gestión" que no contienen medidas concretas ni objetivos. Sitúa el nivel de cumplimiento en el 28% y no en el 35,4% del que habla el ministerio.