Un fallo policial vale una “limosna”

Imagine que la Policía le confunde con un narco internacional. Imagine que es esposado, fichado, arrestado 18 horas y sometido a severos interrogatorios policiales y judiciales. Imagine que es imputado tres meses por contrabando y tráfico de drogas. Que una parte de su familia le da la espalda. Que entra en una depresión. Que deja de dormir. Imagine después que la Justicia le dice que se ha equivocado. Y le compensa con 10.000 euros.

El matrimonio de Gabriela González y Fernando Amador encaja contrariado la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al Ministerio de Justicia a pagarle 10.000 euros por la “pesadilla en vida” que sufrió en julio de 2010. El Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril (Granada) confundió entonces un paquete dirigido a Gabriela con homeopatía con 220 gramos de heroína. El narcotest inicial sentenció como droga unos polvos blancos enviados desde Uruguay por el hermano de ella para atenuar su mielitis, que le dificulta caminar.

“Esto ha sido una película de terror. Un fallo policial que nos ha hundido la vida. Y nos pagan una limosna”, valora por teléfono la uruguaya Gabriela, de 49 años. Esta administrativa en paro reconoce que, aunque la indemnización apenas alcanza para pagar cinco años de abogados y recursos, supone un “triunfo moral”. El matrimonio reclamaba 200.000 euros y una disculpa. El fallo reconoce como una “anomalía” que la sustancia tardara tres meses meses en ser analizada a conciencia en el laboratorio, que descartó la droga. Y responsabiliza de la demora al Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril, donde los polvos de la discordia se almacenaron sin justificación durante el verano de 2010. “El daño ha sido irreparable”, concede llorando Gabriela. El buscador Google conduce cinco años después a noticias sobre el suceso. Solo tres de estas informaciones han sido rectificadas.

"Esto ha sido víctima de una película de terror", dice la víctima

Pese a la sentencia de la Audiencia Nacional, la sospecha planea por la pedanía granadina donde reside el matrimonio, Torrenueva (Motril, Granada, 2.700 habitantes). El marido de Gabriela regenta allí el único taller mecánico. “Hay clientes que todavía creen que algo hicimos”. Esta mujer de trato afable que lleva 16 años en España admite que una parte de la familia de su marido les hizo el vacío. Se creyeron la noticia del gabinete de prensa policial. Otra sorpresa llegó con la reacción de algunos agentes. Un policía que participó en la investigación previa al arresto, se despachó así con el matrimonio tras destaparse el error: “¡Enhorabuena! ¡Tienen una vida ejemplar!” Otro investigador le animó a denunciar al responsable del Servicio de Vigilancia Aduanera. La uruguaya mantiene que este último, el director del operativo, nunca le pidió perdón. Y se indigna al recordar la respuesta que le dio cuando entró en su despacho después de que el Juzgado de Instrucción de Motril archivara la causa . “Esto os pasa por recibir medicinas desde Uruguay”, le soltó el agente.

Gabriela y Fernando se recomponen a cámara lenta. Ella ha abandonado el tratamiento psicológico. Ya concilia el sueño que perdió durante los tres meses que arrastró la imputación por contrabando y tráfico de drogas. La grieta, sin embargo, ha trastocado su vida. Todavía tiembla cuando ve un uniforme. Ha dejado de transportar homeopatía en el coche y aconseja a sus amigos que dejen fuera de sus maletas sustancias blancas como polvos de talco. Las pesadillas rematan sus secuelas.

La mujer recibió el pasado enero un paquete desde Uruguay. Era el tratamiento homeopático que le envía su hermano para la mielitis. “Ahora me lo hacen en cápsulas. No creo que se atrevan a incautarlo”.

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