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16 detenidos en Andalucía por fraude en los cursos de formación

Una exalcaldesa socialista y un edil, entre los llamados a declarar por la UDEF

Las academias investigadas recibían ayudas públicas para dar cursos de formación a desempleados.
Las academias investigadas recibían ayudas públicas para dar cursos de formación a desempleados.

Políticos, una exregidora, como la anterior alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, empresarios y hasta un religioso director de un centro de formación pasaron este martes por dependencias policiales para declarar por supuestos fraudes en los cursos de formación entre 2007 y 2013. Esta nueva fase de la conocida como Operación Edu, bautizada como Costa porque se ha desarrollado principalmente en Cádiz, Málaga y Almería, se ha saldado con 16 detenidos y se prolongará hasta el día 20.

La delegada del Gobierno en Andalucía y candidata del PP por Almería al Parlamento autonómico, Carmen Crespo, confirmó que la acción policial continuará en los próximos 10 días y que la cifra de presuntos implicados en un fraude de unos tres millones de euros se elevará a 90 personas vinculadas con 52 empresas.

La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, que investiga a los presuntos beneficiarios de subvenciones públicas por cursos de formación que no se impartieron, que se sobrefacturaron, que declararon más alumnos de los realmente formados, que usaron personal docente sin cualificar o que no cumplieron con los requisitos de contratación a los que estaban vinculadas las ayudas, entre otras irregularidades.

La policía ha descrito cómo han identificado empresas que, como el caso del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda, implicado en la primera fase de esta operación, llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado de forma directa o con la compra ficticia de servicios y materiales. En otras ocasiones los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar.

La diferencia de esta fase con respecto a la primera, en la que se cuestionaron millones en ayudas fraudulentas, es que en esta ocasión las entidades investigadas no han superado los 100.000 euros en ayudas.

Pilar Sánchez, que fue alcaldesa de Jerez por el partido socialista en el anterior mandato, fue de las primeras en prestar declaración este martes en la sede de la policía y en presencia de un abogado. Quedó a la espera de ser reclamada por un juez y negó su vinculación con fraude alguno, informa Ana Huguet.

La policía la llamó a declarar por unos cursos de formación que solicitó Mercajerez (la empresa del mercado central jerezano) cuando ella presidía esta entidad al ser alcaldesa. "Mercajerez es una sociedad mixta. La presidencia la ejerce el alcalde o alcaldesa de la ciudad pero las competencias las desarrolla y ejerce la gerencia y la vicepresidencia", apuntó Sánchez, quien aseguró que su relación con la sociedad y su actividad era meramente protocolaria y que ni intervenía en la misma ni podía aportar información alguna sobre los cursos de formación que se están investigando. El caso del sacerdote también tiene vinculación con Jerez y un curso de formación impartido por este director de un centro educativo religioso.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y vicesecretario de la Agrupación Local, Juan Fernando Ortega Paniagua, se ha visto igualmente implicado y ha pedido su baja inmediata como militante y renunciará a su cargo de edil en cuanto sea imputado. La investigación en Almería se centra en ayudas a las academias Ormar Informatic, SL; Inmecamar, SL; y Academia Infosol, SL. "Siempre hemos ejecutado los cursos, entregado los materiales y obtenido un alto grado de satisfacción. No entendemos si habrá otra cosa pero, de forma consciente, no hemos cometido ninguna irregularidad. Nunca hemos tenido ningún requerimiento por parte de la Junta de Andalucía y se han justificado en tiempo y forma las subvenciones", defendió Ortega.

En el mismo caso se encuentran dos ediles, uno de Vícar (Almería) y otro de Rincón de la Victoria (Málaga), quienes también han prestado declaración en dependencias policiales. De este municipio ha sido llamado a declarar este miércoles el concejal de Formación, Manuel Sánchez. Este edil ha defendido que el curso cuestionados se impartió legalmente en un negocio propio de hostelería y que fue revisado y justificado.

La investigación de la rama de este caso en Málaga comenzó a iniciativa de la UDEF ante cursos sin justificar del Servicio Andaluz de Empleo y también por posible falta de control.

Sobre esta operación, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dejado claro que "a quien haya defraudado un euro a la Administración pública, que lo crujan, además cuanto antes. Se llame como se llame". "Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la justicia, es colaborar para que se recupere hasta el último euro", ha enfatizado.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha asegurado que si hay algún miembro de su partido implicado será "suspendido inmediatamente de militancia". "De confirmarse la implicación de alguna persona militante del PSOE actuaríamos de inmediato y sería suspendido inmediatamente de militancia", ha recalcado.

Lo mismo ha defendido el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha anunciado que su partido expulsará a los cargos del PP que pudieran estar implicados. "Nosotros luchamos contra la corrupción", afirmó.

Un total de 18 juzgados andaluces analizan los cursos subvencionados por la Junta y al menos nueve instructores mantienen a la policía investigando a sus órdenes. La juez Mercedes Alaya también tiene a la Guardia Civil rastreando los supuestos fraudes con estas ayudas.

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