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Acto contra la impunidad de los crímenes del franquismo

España es el país del mundo con mayor número de fosas comunes

Un acto en Madrid exige reparación para las víctimas

Exhumación de una fosa en Málaga en 2012.
Exhumación de una fosa en Málaga en 2012.

Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Los 132.202 asesinatos confirmados de republicanos en la Guerra Civil —los restos de 114.000 fusilados permanecen aún ocultos bajo cunetas y descampados—, así como las de otros 200.000 en cárceles durante la posguerra, hallarán de la justicia universal su reparación y en la conciencia colectiva, el reconocimiento y la solidaridad hacia las víctimas y sus deudos. Tales son los hechos y los anhelos enunciados este martes en el Ateneo de Madrid, en el curso de un muy concurrido acto cívico sobre el sombrío legado de la dictadura franquista.

Esas metas se lograrán, según los convocantes, mediante la recuperación en España de la memoria democrática, “compromiso incumplido por la mayor parte de los gobernantes españoles”. Y ello “pese a haber transcurrido 37 años de la instauración, en 1978, de una democracia consecutiva a casi cuatro décadas de dictadura militar, entre 1936 y 1975”.

Tales objetivos han de conseguirse “antes de que perezca” al completo la generación, que hoy frisa los 90 años, “que sufrió en mayor medida los rigores de la represión de aquel régimen y que aún puede dar testimonio de sus exacciones”. Así lo señalan los organizadores del acto, entre los que figuran historiadores, científicos sociales, activistas de Derechos Humanos, dirigentes de plataformas ciudadanas y comunicadores, congregados en la decana de las instituciones culturales madrileñas para abordar una cuestión que señala lo que consideran “un grave déficit en la democracia española”. Igualmente, se presentaba al público la edición en papel de la monografía denominada Los crímenes del franquismo, editada por la publicación digital Crónica Popular, que codirige Rodrigo Vázquez Prada.

Vigencia del dictador

El número de fosas aún por abrir en España se cifra en 1.204

Durante el acto Emilio Silva, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pionero en la búsqueda y exhumación de restos mortales de víctimas del franquismo en fosas comunes y cunetas, subrayó la inexistencia —que calificó de “insólita en Europa”— de una Comisión de Derechos Humanos que indague sobre este y otros graves asuntos desde el Parlamento español. Tras evocar un dibujo con el lema “Franco, enterrado vivo”, que a la muerte del dictador en noviembre de 1975 publicó el caricaturista hijo de exiliados españoles Maris, recién asesinado en París en el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo, Silva lamentó la herencia del franquismo aún vigente en prácticas estatales, mientras no culminen las exhumaciones y la reparación “a las víctimas del genocidio”, mediante la aplicación de una legislación sobre la memoria histórica “incumplida por los Gobiernos del Partido Popular”, que “desatiende las recomendaciones incluso de la Organización de Naciones Unidas” al respecto.

Otros ponentes, como el profesor universitario Pedro López, acusaron a instituciones estatales de cicatería a la hora de satisfacer las demandas de los deudos de las víctimas de la represión e instó a “derribar el muro de silencio” que aún se yergue sobre aquellos hechos. Tras Camboya, subrayaron varios ponentes, “España es el país del mundo con mayor número de fosas comunes de víctimas de genocidio” aún ocultas y dispersas. El número de fosas aún por abrir se cifra en 1.204.

Obstáculos a la investigación

Los restos de 114.000 fusilados permanecen aún ocultos bajo cunetas y descampados

El suplemento literario presentado recoge a su vez artículos sobre el régimen franquista, que el juez y ex eurodiputado Carlos Jiménez Villarejo define en su texto como “radicalmente ilegítimo”. Se abordan también, como hace el historiador Espinosa Maestre, los obstáculos estatales hallados por los investigadores de la represión dictatorial. Y ello pese a la legislación internacional sobre Derechos Humanos, suscrita por los Gobiernos de España, sobre la imprescriptibilidad del “genocidio y los delitos de lesa humanidad” como los ponentes del acto, que invocan aquellas normas, definen los crímenes y las desapariciones posteriores a la contienda civil. Entre los delitos de lesa humanidad incluyen asimismo los robos de bebés, como señala la activista Soledad Duque, “una práctica que alcanzó su auge bajo el mandato de aquel régimen dictatorial”.

Otro de los artículos publicados alude a la treintena de muertes y a las numerosas encarcelaciones, a manos de autoridades franquistas, de sacerdotes católicos no afectos al franquismo, episodio muy desconocido, que el historiador vasco Mikel Aizpuru documenta profusamente y centra en el País Vasco. Especial relieve adoptan, el estudio relativo al asesinato de seis generales y un almirante leales a la República, al igual que los fusilamientos de líderes políticos como el nacionalista catalán Lluis Companys, el comunista Julián Grimau o el agarrotamiento del libertario Salvador Puig Antich. Las numerosas muertes y depuraciones de maestros de la República, han sido descritas por el doctorando Víctor Payá, que ha examinado 1.300 expedientes de depuración. Destaca asimismo el artículo sobre el trabajo esclavo de represaliados políticos en presas y construcciones faraónicas como el valle de Cuelgamuros, abordado por Gonzalo Acosta Bono, José Luis Gutiérrez Molina y Nicolás Sánchez Albornoz.

Los alegatos a la justicia universal —la judicatura argentina ha imputado a 19 personalidades del régimen franquista, siete de ellas exministros, a quienes acusa responsabilidad en la represión— fueron reiterados por los ponentes, que criticaron duramente el paulatino desmantelamiento de aquella jurisdicción, que entiende sobre delitos como el genocidio y otros crímenes atribuidos al dictador Francisco Franco y a su régimen.