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Las cifras osadas

La falta de transparencia oficial, la proliferación de fuentes poco fiables y la falta de contexto en Internet favorecen los bulos estadísticos

Las cifras osadas están relacionadas con intereses políticos y empresariales. Ampliar foto
Las cifras osadas están relacionadas con intereses políticos y empresariales.

Por alguna razón, las cifras redondas que empiezan por 4 suelen ser inexactas: 40.000 coches oficiales en España; 400.000 prostitutas; 400.000 desahucios; 40.000 inmigrantes esperando a saltar la valla de Melilla; 445.000 políticos. Es un misterio por qué el cuatro sale tantas veces en datos falsos. Quizá porque es un número ni demasiado bajo, ni demasiado alto. O quizá por las propiedades de solidez y rigor que le atribuye tradicionalmente la numerología. En cualquier caso, si se quiere colar un bulo estadístico en Internet, colóquese un 4 y una buena ristra de ceros detrás.

Dejando a un lado las propiedades astrológicas de los números, las cifras osadas están relacionadas con el interés de políticos, lobbies, asociaciones y empresas por colocar su mensaje. Y también con la pereza a la hora de comprobar de dónde salen los datos. “Muchas veces se publica solo la nota de prensa. Luego se comprueba, y resulta que es mentira. Desde fuera pueden aprovecharse de la debilidad de los medios, de la velocidad a la que tienen que trabajar, para difundir el bulo”, dice David Cabo, fundador de la organización Civio que promueve la transparencia institucional y el acceso a los datos oficiales.

Estos son algunos ejemplos de esos bulos basados en cifras:

400.000 prostitutas

En su artículo El número grande se come al chico, el autor del blog Malaprensa Josu Mezo analiza la historia de la “cifra mutante”: las supuestas 300.000 o 400.000 prostitutas que hay en España. La localiza por primera vez en un artículo de 1978 de EL PAÍS, que atribuye el número a fuentes jurídicas. En 1996 resurge en El Mundo. Acaba convirtiéndose en un lugar común en la prensa, usada incluso por cargos públicos; llegó a citarse en una comisión especializada en el Congreso de los Diputados.

La naturaleza alegal de la actividad complica la recopilación de datos. La Policía publicó el pasado abril una estimación aproximada de víctimas potenciales de trata —13.000—, pero no tiene datos de cuántas personas se dedican a la prostitución. Hay pocos estudios independientes y los que se han realizado desde los noventa, que Mezo repasa en su texto, son locales. Ofrecen cifras que oscilan entre 1.400 prostitutas en Asturias en 1991 y 10.000 en la Comunidad Valenciana en 2009. Ni extrapolando mucho esas se llegaría a las 400.000.

La Policía publicó en abril una estimación de víctimas potenciales de trata, pero no sabe cuántas personas se dedican a la prostitución

400.000 desahucios

Una pieza del diario Público era la primera hasta hace unos meses en aparecer en la lista de búsqueda de Google. Databa de julio de 2012: “Más de 400.000 familias han sido desahuciadas durante la crisis”. El enlace todavía puede encontrarse, pero no la pieza. La fuente citada dentro del texto era la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y el año de inicio en el artículo era 2008. La popularización de la cifra, repetida en los meses siguientes en otros artículos de prensa, cristalizó cuando Cayo Lara la usó en el Congreso en noviembre de 2012.

Las cifras reales distan de ese dato. Según el Consejo General del Poder Judicial, entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto de 2013 en España se ejecutaron 309.460 lanzamientos hipotecarios; 70.257 solo en 2012. Pero hay que afinar la cifra aún más. Los juzgados que remiten esta información al Consejo no registran si se trata de la primera o segunda vivienda de los propietarios, ni si pertenecen a una persona real o a una persona jurídica. Ante la falta de datos fiables, el Colegio de Registradores de la Propiedad decidió hacer un recuento propio. El 2013 concluyó que el año anterior se habían producido 38.778 ejecuciones de primera y segunda vivienda.

Coches oficiales

“España ha gastado 1.200 millones de euros en 22.500 coches oficiales”, publicaron Periodista Digital y Estrella Digital en 2012 y 2013 respectivamente. ¿O son 40.000, como dijo Telecinco en 2012? La cifra de 22.500 vehículos procedía de la Intervención General del Estado, según Periodista Digital, o de “cálculos de UPyD” según Estrella. En 2011, el parque móvil del Gobierno central contaba con 840 coches, según el portal Teinteresa, que citó una declaración de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánchez de Santamaría, en 2012.

“No hay datos de coches oficiales, porque los cargos públicos no nos los dicen”, afirma David Cabo, de la Fundación Civio

“No hay datos, porque no nos los dicen”, zanja David Cabo, de la Fundación Civio. Con las afirmaciones de los políticos, explica, se crea “una bola de nieve”. El periodista de El Mundo Gonzalo Suárez realizó una investigación en 2011. Obtuvo los datos por separado de la administración central, la mayor parte de las autonomías y las diputaciones, y realizó proyecciones de los Ayuntamientos. Su cifra, 3.600 vehículos, tampoco es exacta, explica Suárez, pero sí desinfla las que corren por la Red. Su artículo solo salió publicado en la versión de pago electrónica y en la versión papel del periódico, por lo que no está disponible a través de un enlace.

445.000 políticos

El éxito de esta cifra pudo estar en que explicaba por sí sola todo los males de España. Pero también era falsa. Salió por primera vez en la web El Aguijón y aunque no llegó a la prensa clásica sí se extendió por las redes sociales. El problema de esa cifra era que contaba como políticos a 131.000 empleados de empresas públicas o con participación estatal. “El conductor del metro no es un político”, dice Josu Mezo en un post de Malaprensa. “Cuenta también 65.000 sindicalistas liberados. ¿Son políticos los delegados sindicales en empresas privadas?”

40.000 inmigrantes

EL PAÍS publicó en 2005 un dato de la Comisión Europea: en Marruecos había aproximadamente 30.000 sin papeles esperando a entrar a Europa a través de Ceuta y Melilla. La Comisión se remitía a su vez al servicio de inteligencia español. En febrero de 2014, este periódico publicó una estimación coincidente basándose en un informe nuevo de Interior. Pero el mes siguiente, el ministro Jorge Fernández-Díaz declaró que, según su homólogo marroquí, eran 80.000 los inmigrantes irregulares esperando a saltar la valla: 40.000 en Marruecos y 40.000 en Mauritania.

En este caso la fuente está clara; lo que nadie conoce es la metodología. El ministerio remite cualquier explicación a las fuerzas de seguridad de Marruecos. No hay información sobre el método de recuento. Expertos y asociaciones han manifestado reiteradamente su escepticismo y argumentan que las cifras son inferiores, pero no hay modo de comprobarlo.

El coste de la corrupción

Este cálculo es un ejemplo de una cifra fiable pero mal contextualizada. El 7 de julio de 2013, la Universidad de Las Palmas publicó una nota sobre un estudio según el cual la corrupción tiene un coste social de unos 40.000 millones de euros (en realidad, el documento dice 39.500 millones) anuales en España, con datos de 2008. El trabajo, llamado Relación entre corrupción y satisfacción, trata de medir el impacto de la corrupción en la sociedad. Combina datos económicos con encuestas a unos 1.000 ciudadanos. No es un análisis en profundidad de la corrupción en España.

Los medios interpretaron la cifra como un cálculo exacto de lo que se roba a las arcas públicas. “Como todas las metodologías, tiene sus fortalezas y debilidades”, admite uno de sus autores, Javier De León. Considera que aunque su cálculo es válido, la cifra se sacó de quicio y fue publicada fuera de contexto. “Fue una locura, el estudio salió hasta en un programa latinoamericano de Youtube”, explica. Agobiados, los tres autores dejaron de coger el teléfono y se negaron a conceder entrevistas.

Tres millones de pecios

Tres millones de pecios. Es una obviedad, pero los informes de los organismos internacionales están escritos por humanos y no son verdades reveladas. A veces también recurren a cifras de dudosa fiabilidad. La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) lleva años enfrentada a los buscadores de tesoros para proteger el patrimonio subacuático, miles de pecios de barcos naufragados. La UNESCO trata de proteger esos pecios de buscadores de tesoros como Greg Stemm, el cofundador de Odyssey, empresa conocida en España por su conflicto con el tesoro de La Mercedes. Para darle la relevancia que merece la lucha contra los cazatesoros, la UNESCO dice que en el mundo hay tres millones de pecios. ¿De dónde salió ese dato? Del propio Greg Stemm, que en 1998 hizo una extrapolación basándose en 3.000 años de historia, a mil por año. El resultado de todo esto es que en cualquier artículo sobre naufragios que se escriba aparece la cifra.