Las primeras condenas a evasores avalan los datos filtrados por Falciani

La teoría del fruto del árbol envenenado, la que impide a un tribunal condenar a una persona sobre la base de pruebas obtenidas de manera ilícita, no tiene recorrido en lo que respecta a la lista Falciani.Tres de los denunciados gracias a la información facilitada por el informático francoitaliano, que sustrajo datos de 130.000 cuentas bancarias de las oficinas del HSBC de Ginebra mientras trabajaba para esa entidad, han sido ya condenados. Hasta ahora, los jueces que firman esas sentencias han considerado lícitos los datos aportados por Falciani a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía Anticorrupción. Varios de los condenados y otros investigados basan su defensa en que Falciani habría cometido un delito al extraer sus nombres de los ficheros informáticos del banco. Pero la justicia española, hasta el momento, no ha aceptado ese argumento.

Los condenados, todos con cantidades ocultas superiores a los 10 millones de euros en Suiza, desaprovecharon en su día la oportunidad que les dio Hacienda para librarse del delito fiscal. Nada más recibir la lista Falciani, la Agencia Tributaria ofreció a estos defraudadores la posibilidad de pagar las deudas que la información proporcionada por el extrabajador del HSBC demostraba que tenían sin abrirles un procedimiento de inspección. Si los reclamados se hubiesen acogido a esa posibilidad y hubieran abonado lo defraudado y sus intereses habrían sido absueltos. Al no hacerlo, se abrió juicio contra ellos. Estos son sus casos.

Los 20 millones opacos de un transportista marítimo. La información de Falciani reveló que Rogelio Mestre Fernández, un empresario barcelonés dedicado al transporte marítimo, tenía abiertas en el HSBC de Ginebra tres cuentas en las que ocultó cerca de 20 millones de euros. En total, la cantidad defraudada a Hacienda por Mestre en los ejercicios entre 2005 y 2008 ascendió a 735.000 euros correspondientes al IRPF y al impuesto de patrimonio. Durante el proceso, los abogados de Mestre aseguraron que la principal prueba de cargo, es decir, la ficha de cliente del HSBC facilitada por Falciani a Hacienda, había sido obtenida vulnerando los derechos fundamentales a la intimidad y a la tutela judicial efectiva de su cliente. Consideraban que esa ficha no solo había sido obtenida ilícitamente, al haber sido robada del banco suizo, sino que, además, los datos que contenía eran de carácter personal y, por tanto, no podían ser revelados.

Sin embargo, el juez rechazó que esa vulneración se hubiera producido. Para el juez, Falciani “tuvo un acceso lícito a los datos bancarios de multitud de cuentas opacas en virtud de su trabajo”. Y el hecho de que pusiera esa información en conocimiento de las autoridades de varias naciones, “desde la perspectiva de los países cuyos fiscos resultan defraudados, no es sino el cumplimiento de una obligación de denunciar un delito”. El magistrado condenó finalmente a Mestre a tres meses de prisión y una multa de 35.448 euros por un solo delito fiscal, el correspondiente al IRPF defraudado en el ejercicio de 2006. Respecto de los fraudes de 2007 y 2008, fue absuelto al haber pagado sus deudas y regularizado su situación. La defraudación de 2005 se estimó prescrita.

Los abultados ingresos de un veterano abogado. Otro de los condenados por figurar en la lista Falciani es el veterano abogado madrileño Francisco Javier del Valle Sánchez (78 años), padre de Francisco Javier del Valle Petersfeldt, uno de los letrados de Francisco Correa, el cabecilla del caso Gürtel, en el que también ha sido imputado.

Del Valle Sánchez disponía de cuatro cuentas en el HSBC de Ginebra, todas a nombre de su esposa, ya fallecida, cuyo contenido trató de hacer pasar por la herencia que la mujer le dejó a él y a sus hijos. Como consecuencia de la información de Falciani se descubrió que el matrimonio había dejado de ingresar 123.615 euros correspondientes al IRPF de 2006. La investigación permitió conocer que, además de las cuentas suizas, manejaba varias sociedades radicadas en otros paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas o República Dominicana. El Juzgado de lo Penal 29 de Madrid le rebajó la pena al considerar que había regularizado parte de su deuda. Al final, la condena se quedó en un año de prisión, una multa de 97.345 euros y una indemnización de 32.448 euros.

19 cuentas en Suiza y una declaración a devolver. Mariano Olazábal Echeandía, promotor inmobiliario madrileño, disponía de ocho cuentas en el HSBC y otras 11 en el J.P. Morgan Suisse. La cantidad que dejó de pagar a Hacienda sumó 179.158 euros en 2007, año en que su declaración de la renta le salió a devolver (2.986 euros). Olazábal llegó a un acuerdo con el fiscal para evitar la cárcel y abonó lo defraudado. El Juzgado de lo Penal 22 de Madrid le condenó a cuatro meses de prisión, pena que fue suspendida al carecer de antecedentes penales, y al pago de 71.663 euros de multa después de que pactase el castigo con el fiscal.

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