Descontrol

La irrupción imprevista de acontecimientos extraordinarios posee la capacidad de transformar la agenda pública. Acabamos de verlo una vez más con el formidable impacto que están tendiendo dos hechos cruciales: el escándalo de las tarjetas b de Bankia y el brote del ébola en la paciente ceroespañola. Como es lógico, inmediatamente se ha desatado la epidemiología del alarmismo mediático. Y en seguida el análisis politizado se ha apresurado a calcular sus probables consecuencias electorales: pasto para Podemos, hundimiento del PP y oportunidad de una cierta recuperación para el PSOE de Sánchez.

Pero también convendría destacar otro efecto no menos interesante aunque menos advertido: y es que la doble irrupción del ébola y las tarjetas b ha hecho desaparecer la cuestión catalana del primer plano de la actualidad. Y eso justo cuando en la película de los hechos programada por los guionistas del secesionismo nos acercábamos a la hora de la verdad: el ansiado desenlace de la trama, que habría de resolver en un sentido u otro (autodeterminación o martirologio) la tensión del suspense artificialmente creado. Pues bien, puede decirse que el intento de monopolizar la agenda pública española con el proceso de secesión.cat ha terminado fracasando.

Y eso no sólo por las propias contradicciones de su elenco protagonista (dadas las divisiones irreconciliables entre CiU y ERC) sino por la pérdida de credibilidad del proceso, comparado con la magnitud que revisten el escándalo de las tarjetas y la eclosión del ébola. Al lado del inequívoco principio de realidad que aportan estos dos hechos gravísimos, el proceso catalán queda reducido a lo que verdaderamente es: una ficción escenográfica que encandiló a sus espectadores participantes pero que ahora sólo produce incredulidad, amenazando con caer en ese soberano ridículo contra el que alertó Mas.

Volvamos, pues, a la dura realidad de la corrupción y el fracaso sanitario. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? Los diferentes factores que lo explican son muchos en ambos casos, pero hay un común denominador entre ellos que quiero subrayar aquí. Y es la falta del necesario control que deberían haber ejercido de oficio las autoridades públicas. Las direcciones de las cajas de ahorros repartían a su libre albedrío jugosas recompensas sin control externo alguno. Y lo mismo hicieron los responsables políticos de la sanidad española y madrileña cuando decidieron por electoralismo repatriar a dos misioneros moribundos sin adoptar las suficientes medidas de control.

Pero este común defecto originario resulta también extensible al resto de casos de corrupción (Bárcenas, los ERE, el Palau, la famiglia Pujol, el padrino del SOMA, etc.) y de fallo multiorgánico por dis-función deficiente que afecta a todos nuestros servicios públicos (justicia, sanidad, enseñanza, instituciones locales), brutalmente sometidos a una extrema politización partidista. Pues el problema no es sólo la mercenaria pasarela entre la política y los negocios, revelada por la corrupción y las privatizaciones, sino también la otra puerta giratoria que hay entre los políticos que okupan las instituciones y los cuerpos de altos cargos de la administración. Aquí todo ocurre sin control porque los interventores, los reguladores y los altos funcionarios están sometidos al arbitrio discrecional de nuestros sectarios gobernantes.