Un falso atajo

Decía la filósofa Simone Weil que “el único fin de los partidos es su propio crecimiento sin limitación alguna, lo que significa una rotunda impostura en la medida en que convierten el instrumento en fin en sí mismo”. El actual curso político lleva la impronta electoral: al final del camino están las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2015, lo que garantiza rienda suelta al populismo —prometer cosas que se sabe que no se podrán cumplir— para ganarse al personal, como hizo el PP en la campaña que llevó a Rajoy al poder.

El PP, aunque llevaba tiempo pisando los talones al expresidente catalán, se encontró el 25 de julio con un regalo inesperado: la declaración autoinculpatoria de Jordi Pujol. Y está dispuesto a aprovecharlo. Cuando, en 2012, el independentismo dio el gran salto en Cataluña, el Gobierno se lo tomó con cierta calma, pensando, conforme a los modos y costumbres de los años del pujolismo, que Convergència i Unió nunca pondría en riesgo el statu quo. Con estupefacción constató que aquellas normas de conducta ya no regían. Y la estrategia se centró en debilitar a CiU y descabalgar a Artur Mas, pensando que así el polo soberanista explosionaría. Ahora, el caso Pujol aparece como la gran oportunidad de rematar la faena. De ahí, que Cristóbal Montoro, en su comparecencia parlamentaria, se preguntara si los “herederos políticos” de Pujol “no estarán contaminados por esta presunta herencia”.

El caso Pujol tiene una enorme dimensión política. No se trata de un simple fraude familiar a Hacienda; fue un sistema de corrupción organizado en torno al poder autonómico. La melancolía se ha apoderado del electorado nacionalista moderado que tantas mayorías dio a Pujol y que creyó ciegamente en su figura. Y ya se encargará el Gobierno de agrandar la herida con un goteo constante de informaciones. En el fondo, el Gobierno del partido de Bárcenas y Gürtel apuesta a que los ciudadanos catalanes digan: si todos son igual de corruptos, por qué vamos a meternos en el lío de la independencia. Miserable estrategia.

“Actuaremos en sede administrativa y en sede judicial. Llegaremos hasta el final”, dijo Montoro. ¿Es que podía ser de otra manera? ¿Por qué, teniendo la información que tenían, ni los Gobiernos del PP ni los del PSOE actuaron antes? El caso Pujol es una enorme sacudida en una Cataluña sometida a profundos cambios en sus estructuras de poder social y en plena mutación del sistema de partidos, pero no disuelve la movida independentista, porque ésta es una cuestión política, por mucho que el Gobierno se empeñe en reducirla a una cuestión legal. De momento, el referente del independentismo ya no es Artur Mas, sino Oriol Junqueras. ¿Es lo que buscaba el PP? El Gobierno cree que el caso Pujol le ha abierto un atajo para desactivar el independentismo. Pretender cerrar los problemas sin buscar soluciones políticas es garantía de que persistan con mayor virulencia.