IU pide que el Congreso estudie una reforma del Tribunal de Cuentas

Izquierda Unida quiere que el Congreso de los Diputados estudie una reforma profunda del Tribunal de Cuentas. El diputado Ricardo Sixto y el portavoz del Grupo de la Izquierda Plural, José Luis Centella, presentaron el pasado martes ante la Mesa de la Cámara baja una petición de creación de una subcomisión de estudio para la reforma de ese organismo. Una propuesta que la formación de Cayo Lara venía perfilando desde hace tiempo y que se formalizó el mismo día en que se conoció que los lazos de parentesco alcanzan a cerca de 100 de los 700 trabajadores de la institución, como publicó EL PAÍS.

La coalición plantea reformular parte del diseño inicial del tribunal que, según el artículo 136 de la Constitución, regula su dependencia de las Cortes Generales de manera ambigua, utilizando la expresión “sin perjuicio de su propia jurisdicción”. También se apunta a ampliar las funciones del órgano fiscalizador más allá del control de los datos contables. “El control que la sociedad actual requiere”, señala la propuesta, “exige que se utilicen técnicas que nos permitan conocer entre otras cosas los efectos redistribuitivos del presupuesto, la eficiencia en el uso de los recursos, el impacto de los programas de ingresos y gastos públicos en la vida de los ciudadanos”. La reforma del organismo, según el criterio de la Izquierda Plural, debería mejorar la transparencia de la institución, incluir fórmulas de participación ciudadana y “tener en cuenta el desarrollo que se ha producido en las autonomías” desde la Transición.

La premisa de IU, en cualquier caso, se enmarca en un contexto en el que los casos de “utilización incorrecta de fondos públicos han creado gran alarma en la ciudadanía y desconfianza” hacia las la actividad política y la gestión de los fondos públicos. La exposición de motivos de la propuesta señala que la opinión pública tiene “importantes dudas” sobre si los “mecanismos de control existentes y especialmente el Tribunal de cuentas como órgano de control externo al servicio del Parlamento y de los ciudadanos son los idóneos y los que la sociedad necesita”.

También existen dudas, asegura el texto de la propuesta, sobre la “voluntad real de las fuerzas políticas de que el ciudadano tenga a su disposición la información que se precisa en cuanto a los resultados, impactos y honestidad de la gestión de los fondos públicos”. “Estas dudas deben ser disipadas de la forma más clara y terminante”, señala la formación. Por eso propone la creación de una subcomisión que, en el plazo de un año, eleve a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas un informe para renovar la institución, encargada de fiscalizar a las cuentas de las formaciones con representación pública y de los organismos públicos.

Su plantilla cuenta con poco más de 700 trabajadores, entre ellos alrededor de 100 familiares de altos cargos y exdirigentes de la institución y de sus principales representantes sindicales, sobre todo de UGT. Estas cifras suponen que cerca del 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución, y aproximadamente el 10% tienen vinculaciones con altos cargos. Estos datos, según defendió Álvarez de Miranda, no suponen ninguna irregularidad en los procesos de selección del personal del tribunal y aseguró que el sistema de oposición por el que se accede a una plaza es el mismo para toda la función pública y que, por tanto, no hay diferencias entre distintos organismos.