Un exconsejero andaluz se lucró con cursos de formación para parados

Un exconsejero de la Junta de Andalucía está bajo la lupa de los policías que tienen en marcha desde hace un año la operación Edu que investiga graves irregularidades y delitos en las empresas que obtuvieron subvenciones con cursos de formación para desempleados en Málaga desde diciembre de 2010. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tiene indicios de falsedad documental, estafa, fraude, apropiación indebida y delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda pública en 17 empresas malagueñas. Los investigadores rastrean si hubo cohecho y malversación de caudales públicos por parte de funcionarios.

El pasado viernes, el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, difundió una nota en la notificaba que había dado traslado de las diligencias 206/2013 al juzgado decano tras hallar indicios de responsabilidad penal tras las pesquisas que viene haciendo la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la policía.

La operación Edu se centra por ahora en 20 empresas de cursos de formación que recibieron 1,7 millones de euros del Gobierno andaluz. Los agentes han encontrado irregularidades en 17 de esas empresas que supuestamente realizaron “acciones de formación profesional con compromiso de colocación”. Las firmas beneficiadas, además de dedicarse a la “caza de subvenciones”, eran insolventes, carecían de experiencia y, además, en la mayoría de las ocasiones, no daban la colocación prometida a los parados.

Alguna de esas empresas de Málaga, que había constituido un entramado familiar para captar dinero, llegó a recibir más de 500.000 euros, según la UDEF. El dato más sorprendente, revelado por el fiscal López Caballero, es que entre las subvenciones otorgadas en 2011 hay una persona que recibió 14.671.381 euros a través de varias sociedades y entidades vinculadas a él.

Las academias subvencionadas prometían colocar a los desempleados

El fiscal jefe no dice quién es esa persona, pero fuentes próximas a la investigación apuntan a un antiguo consejero de la Junta, cuya identidad prefieren no revelar hasta que las sospechas no estén más acreditadas. Según esas fuentes, tras las actividades del empresario está también la juez Mercedes Alaya, que lleva el caso de los ERE.

Los 17 empresarios malagueños bajo sospecha incurrieron presuntamente en falsedad en la presentación de documentos referidos a la asistencia a clase de alumnos, suplantación de personalidad de tutores, falta de capacitación del profesorado, incumplimiento generalizado del compromiso de contratación de los estudiantes, gracias a la “absoluta falta de control sobre los cursos por parte de la Administración pública”, dice el fiscal jefe.

La policía asegura que “no ha podido encontrar ni una sola acta de inspección, informes de seguimiento o evaluación de los cursos”, salvo en un caso. El fiscal jefe va a solicitar que presten declaración judicial los empresarios y los funcionarios de la Junta que concedieron tales ayudas

Uno de los informes policiales remarca, por activa y por pasiva, el descontrol sobre el uso de este dinero público, como lo prueba que muchas de las empresas sospechosas no habían presentado en 2013 los informes sobre la ejecución de los cursos realizados en 2011. Como la legislación concede para ese trámite un plazo de tres meses, la policía entiende que, si no es una conducta dolosa, por lo menos supone “dilaciones indebidas en las responsabilidades que le competen al órgano supervisor” (la Junta de Andalucía).

Una alumna cuenta que le ofrecieron trabajo a 200 kilómetros de su casa

Los agentes hacen hincapié también en “el bajo porcentaje de cursos en Málaga que fueron visitados” (controlados in situ por la inspección del Servicio Andaluz de Empleo), apenas el 33%.

En los informes de la UDEF constan numerosos alumnos que declaran que jamás vieron a ningún inspector en su centro y que no se les hizo ningún caso si en alguna ocasión presentaron quejas ante los técnicos de la Administración. Los investigadores, no obstante, hacen notar en sus informes que la labor inspectora de los cursos de formación se incrementó de forma notable desde que la Consejería de Educación se hizo cargo de estas actividades en diciembre de 2013.

Hay un porcentaje elevado de empresas que aparentemente incurrieron en “un incumplimiento sistemático de los requisitos legalmente establecidos para acceder a la percepción de ayudas públicas”, según la policía. Varias de las firmas obtuvieron las subvenciones “a dedo”, sin concurrir a concursos abiertos. Alguno de los dueños o tutores, incluso, se jactaba abiertamente ante los alumnos de conseguir esas ventajas gracias a su amistad con algún alto cargo de la Administración autonómica. Uno de ellos llegó a recibir entre 2009 y 2012 unos 500.000 euros de dinero público.

Al margen de los delitos y las irregularidades supuestamente cometidos por los empresarios, lo que resulta más sangrante es el trato despectivo y a veces humillante que dispensaban en varias ocasiones a los alumnos, con los que se comprometían a facilitarles una contratación. “En casi la totalidad de los expedientes investigados se incumple sistemáticamente el compromiso de contratación exigido en estos cursos”, denuncia un informe policial.

Una alumna de una academia de peluquería de Ronda (Málaga) relató a los policías cómo sus tutores le ofrecieron un puesto de trabajo en Huelva, a más de 200 kilómetros. Al rehusar este empleo, la jefa le exigió un certificado médico en el que figurase que no podía conducir ni hacer esfuerzos. Un mes después, le ofertaron un empleo en Algodonales, a casi 40 kilómetros de Ronda, por 200 euros al mes, a lo que la desempleada replicó que “con ese dinero no tendría ni para la gasolina”.

Las investigaciones han detectado irregularidades no solo en Málaga, sino en Almería y especialmente en Granada. Cuando el caso trascendió, a la opinión pública, en abril, el consejero de Educación de la Junta, Luciano Alonso, acusó al Ministerio del Interior de haber filtrado el asunto a la prensa para montar una campaña contra el Gobierno de la socialista Susana Díaz. Entonces, fuentes policiales informaron a EL PAÍS que el dinero defraudado en toda Andalucía podía oscilar en 20 y 40 millones de euros, en un cálculo basado en las investigaciones realizadas solo en Málaga.