Ruz ve indicios de tres delitos en las obras de reforma de la sede del PP

El juez amplia las imputaciones al constatar la realidad de más apuntes de los papeles

En la segunda planta de la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid está el departamento de prensa y telegenia, que antes algunos llamaban “sala de la verdad”. Desde tiempos de Francisco Álvarez-Cascos en la secretaría del partido, en esa planta se reciben todas las noticias publicadas en España sobre la formación conservadora. En junio de 2007 fue remodelada por completo y el partido pagó teóricamente 851.893 euros más IVA por la obra. Pero la empresa Unifica, que se encargó del proyecto, anuló una de las facturas, de 195.000 euros emitida el 14 de enero de 2008. Diez días después, el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, apuntaba en sus papeles de la supuesta contabilidad b el abono de la misma cantidad al arquitecto propietario de Unifica, Gonzalo Urquijo. Era la primera anotación contable de la remodelación hallada en el caso. Los albañiles continuaron la obra planta por planta, hasta llegar a la séptima, donde se encuentra el despacho del presidente, hoy Mariano Rajoy. Al menos en otras tres ocasiones, la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz constató indicios de pagos en negro.

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En un auto hecho público este jueves, Ruz concreta que de esa remodelación del partido podrían derivarse tres delitos: contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable. En su escrito amplía las imputaciones a tres colaboradores de la empresa que se encargó del proyecto y señala a los dos extesoreros del PP, el propio Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, como responsables de los presuntos delitos.

Las nuevas imputaciones se producen después de que Hacienda y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) remitieran sendos informes, en los que se constata “la realidad de los apuntes contables consignados por Luis Bárcenas en los documentos manuscritos aportados a la instrucción” en lo que se refiere, en este caso, a las obras de reforma de la sede del PP, tal como indica Ruz en su auto.

La policía descubrió que dos pagos en b de Bárcenas coinciden con las visitas de los receptores, Gonzalo Urquijo y su socia, Belén García, a sus cajas de seguridad en el banco March.

El informe de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, confirma por su parte que el PP pagó con dinero negro una parte de la reforma que realizó en su sede de la calle Génova de Madrid. Los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) llegan a esta conclusión tras averiguar que Unifica expidió dos certificaciones finales distintas para las obras que se realizaron en las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta del edificio.

En el informe rutinario que realizó en su día Hacienda sobre Unifica no identificó ningún fraude. Pero los papeles de Bárcenas sumados a los documentos originales que el extesorero del PP entregó al juez en julio de 2013 llevan a los investigadores a concluir que en 2007 la empresa debería de haber tenido un beneficio superior en 899.188 euros (los pagos en negro), con lo que tendría que haber abonado más impuestos.

Indicios contra el partido de Rajoy

¿Deberían pagar impuestos los partidos por donaciones ilegales cuando la justicia lo descubre? Los dos inspectores de Hacienda encargados de informar al juez sobre posibles delitos fiscales cometidos por el Partido Popular tras el estallido del caso Bárcenas creen que no, porque la Ley de Financiación de Partidos Políticos no lo dice expresamente. Pero la Dirección General de Tributos, también dependiente de Hacienda, contradijo esa versión hace solo una semana.

Ahora el magistrado ha vuelto a preguntar a la Agencia Tributaria lo mismo, por si quiere “ratificar o modificar” las conclusiones avanzadas en su informe del pasado mes de septiembre en el que se se avalaba que las donaciones ilegales podrían tener idéntico trato fiscal que las legales, es decir, rentas exentas del pago de impuestos, y por tanto el PP no habría cometido ningún delito y, si acaso, tan sólo procedería el pago de una multa por decisión del Tribunal de Cuentas.

Si por el contrario, el juez sigue la línea marcada por la Dirección General de Tributos, el partido que preside Mariano Rajoy habría cometido un delito fiscal, pues el fraude superaría el límite de los 120.000 euros, y estaría obligado a devolver al fisco el dinero no declarado en 2008 por Bárcenas.

La investigación judicial también ha estrechado el cerco en otros frentes, como el relativo a las obras de la sede principal del PP —pagadas supuestamente con dinero negro—, el pago de una supuesta comisión ilegal al PP de Castilla-La Mancha; o la compra del edificio que ocupa el PP de La Rioja, supuestamente pagado en parte con dinero no declarado a Hacienda por la dirección del partido conservador en esa comunidad autónoma.

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