El fraude en los cursos de formación empuja a un cambio radical del sistema

Hace más de dos años que el Gobierno prometió darle la vuelta como a un calcetín a los cursos de formación de trabajadores, un sistema cuestionado por los casos de fraude que han estallado en los últimos meses en Madrid y Andalucía (y que se sospecha anida también en otras comunidades). No hace ni dos meses, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a mencionar este asunto durante el debate sobre el estado de la nación. “No ha tenido los resultados que todos queremos”, proclamó, con un tono que sonó a recordatorio del fraude masivo (17 millones de euros) detectado en los fondos de formación gestionados por la patronal madrileña. Y que han servido para el lucro personal del empresario José Luis Aneri, hoy en prisión, y otros compinches.

Pero, al mismo tiempo que hablaba el presidente, se incumplía el plazo que el Ejecutivo fijó a finales de noviembre en su reunión con sindicatos y empresarios para la reforma de este sistema. Y es que, en todos estos meses, a la gran distancia que hay entre las posiciones de los agentes afectados se han sumado los casos de fraude que, como reconocen todas las partes, “enrarecen el clima” de diálogo para buscar un acuerdo.

En público, el Gobierno rechaza concretar sus planes para el nuevo sistema. Fuentes del Ejecutivo solo hablan de “transparencia y concurrencia”. Pero ambas palabras tienen mucho más recorrido en los dos borradores que maneja Empleo sobre este tema. Y que dejan claro que la intención es que los agentes sociales participen en el diseño de los planes de formación, junto con el Ejecutivo y los centros privados. Eso sí, la gestión de los cursos saldría con posterioridad a concurso — “concurrencia”—, al que sindicatos y empresarios pueden presentarse a través de sus fundaciones.

De esa forma, sindicatos y empresarios pierden protagonismo y dinero en el nuevo modelo. Ahora, según los números de 2013, a UGT y CC OO le correspondieron más de 20 millones a cada uno de los fondos estatales; y a las patronales, más de 50. De los 2.000 millones anuales de la partida de formación, las Comunidades Autónomas gestionan casi otros 1.000 millones, de los que también los agentes sociales reciben una parte. La otra gran partida son bonificaciones directas a empresas por formar a sus trabajadores, casi 600 millones.

En su último borrador sobre los cursos, el Ministerio de Empleo fijó marzo como límite para llegar a un acuerdo social; y abril para las autonomías. Ese calendario se ajustaba al anuncio de Rajoy, que situaba en junio la puesta en marcha del nuevo sistema. Pero las fechas han tropezado con los fraudes. El 27 de febrero, la policía detuvo en Madrid a Aneri. Dos semanas después, la nómina de arrestados por este caso crecía, entre otros, con un ex alto cargo de la patronal madrileña, Alfonso Tezanos. Y en plena Semana Santa se conoció, además, que la policía investiga otro fraude en Andalucía. Este escenario, pese a que todas las partes que se sientan a la mesa insisten en que los fraudes “son puntuales”, dificulta la negociación.

Fuentes de Empleo insisten en que buscan el pacto, pero lanzan un aviso: “Este Gobierno ha demostrado que acomete reformas él solo si es necesario”. El documento supone en varios puntos una vuelta al origen del sistema, en el que los agentes sociales casi eran protagonistas en exclusiva. El ministerio habla de aumentar el papel de los “interlocutores sociales en los ámbitos de diseño, planificación, dirección y gestión”. Esto volvería a convertirlos en juez y parte, algo que Empleo pretende evitar, y que, según sus planes, quedaría reservado para los centros privados de formación, que estarían presentes en el proceso.

Más próximas son las posturas en la propuesta de aumentar el dinero para bonificaciones directas a empresas, lo que llaman “crédito-formación”. “Nosotros somos los que pagamos la cuota de formación [0,7% de cotización] y ese dinero tiene que volver a las empresas”, defiende la patronal. La tesis sindical apuesta por aumentar la participación en el proceso de los institutos públicos de Formación Profesional. De todo esto volverán a hablar las tres partes en dos semanas. El vaticinio más pesimista, que parte de uno de los sindicalistas consultados, no ve posible el pacto “antes del próximo octubre o noviembre”.