Constitucional, la rendija

En su sentencia de 25 de marzo de 2014, el Tribunal Constitucional ha logrado hacer realidad, en términos jurídicos, la cuadratura del círculo. Ante todo, en la línea de sentencias anteriores —como la de 11 de septiembre de 2008 al desautorizar la propuesta de consulta planteada por Ibarretxe—, queda claro que la adscripción de la soberanía a Cataluña resulta incompatible con los dos primeros artículos de la Constitución, que reservan esa titularidad de modo exclusivo a la nación española. Pero como tantos comentaristas han subrayado, a continuación el Tribunal Constitucional opta por no asumir una postura de “democracia militante” frente a la reivindicación catalana del “derecho a decidir”; dicho de otro modo, se niega a dar un portazo a la misma y propone su encauzamiento dentro del marco constitucional.

Dicho sea de paso, lo lamentable es que ese engendro del “derecho a decidir” se cuele así en la jurisprudencia española, y además, nueva cuadratura del círculo y esta vez fallida, como opuesto a autodeterminación: no sería “manifestación de un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución”.

Con todo respeto hacia los magistrados, es obvio que aquí no se han enterado o no han querido enterarse; del mismo modo que cuando se propone ingenuamente una “consulta” estamos ante un referéndum encubierto de autodeterminación. ¿Qué pasaría al día siguiente de que el 80% de los catalanes votasen sí y sí en la consulta? Los magistrados cierran los ojos ante el hecho de que las dos preguntas están ya formuladas y su significado es inequívoco.

Cuenta, sin embargo, que más allá de las palabras, el Tribunal Constitucional abre explícita y puntualmente una vía para que esa aspiración catalana al pleno autogobierno sea compatible con la Constitución, dada la posibilidad de que la comunidad autónoma ponga en marcha el proceso de su reforma. Frente al muro contra muro vigente hasta hoy, la sentencia abre una rendija para que el gravísimo problema alcance una solución en democracia, a favor del carácter reformable de la ley fundamental. Las sugerencias de diálogo —suponemos que no solo para autorizar sin más el referéndum— y de “legalidad” constituyen recomendaciones muy sensatas para enderezar la crisis.

¿Y por qué limitarse solo al tema del derecho a decidir? El recurso a la reforma de la Constitución debiera ser asimismo adoptado por los partidos constitucionalistas, para concretar de una vez una alternativa federal que incluyera en una segunda fase el reconocimiento de la autodeterminación, si los nacionalistas se muestran dispuestos a jugar el juego y no solo a seguir con lo suyo, beneficiándose con las concesiones recibidas. En vez de jugárselo todo a extender los privilegios vasconavarros a Cataluña, Rajoy debiera aprovechar las posibilidades surgidas con la sentencia. No lo hará.

ANTONIO

ELORZA