Cataluña: totalismo o democracia

Ante la gravedad del proceso independentista que se desarrolla en Cataluña, y habida cuenta de que no se trata de una tendencia secular —Cataluña no es Lituania— sino de una radicalización registrada durante el último quinquenio, cualquier observador hubiese esperado una oleada de informaciones y de espacios de discusión, impulsados tanto desde la Generalitat como desde el Gobierno de Madrid. Nada de esto ha sucedido. A partir de la Diada de 2012, sin esperar a las elecciones, el Gobierno de Mas puso en marcha el proceso independentista, asumiendo un poder constituyente, como si la Constitución no existiera salvo para colarse por el agujero del 150.2. Todos los medios a disposición del Gobierno catalán, con TV-3 en primer plano, se movilizaron para impedir la expresión de cualquier alternativa. Pluralismo cero, de modo directo o por asociaciones subvencionadas. Y last but not least,redactó para “la consulta” dos preguntas encadenadas, incompatibles con la exigible claridad del voto.

Estamos así ante una forma de generación del consenso escasamente democrática, aunque clamen todos los días por “el derecho a decir” como forma suprema del poder de la ciudadanía frente a quienes lo niegan. Elecciones parlamentarias y plebiscitos resultan devaluados si su gestación tiene lugar en un ambiente político y social de uniformidad de las opiniones, en torno al eje de pureza (“España contra Cataluña”), con una sobrecarga de historia sacralizada (1714), de exclusión de los disidentes, tanto políticos como intelectuales, sin un espacio público de debate abierto, y estableciendo de antemano una frontera simbólica frente a España, a partir de septiembre de 2012.

No estamos ante un totalitarismo, pero sí ante una homogeneización forzada del discurso político, unidireccional, y a eso se le llama totalismo, no democracia. Algo ya patentado desde lugares diversos, y con triste éxito, a partir de los años 30. El recurso reiterado al insulto contra quien discrepa —inquisidor, Janos Kadar, estrangulador de naciones— es la mejor prueba del irracionalismo que preside la escena, impulsado desde el vértice (Mas, Homs, Jonqueras).

Frente a esta deriva, orientada hacia el enfrentamiento del 9 de noviembre (Mas dixit), ¿qué opone el Gobierno de Rajoy? Un muro, donde está escrito “Constitución”. Ahora con retraso emergen análisis económicos, y el ministro Margallo se dispone a exponerlos ante el Parlamento autonómico para que los catalanes aprecien el coste de un Estat català. Le replicarán que todo eso puede pasar si España declara la guerra económica en Europa a la Cataluña democrática e independiente.

Así las cosas, y con el federalismo PSOE en encefalograma plano por la crisis del PSC, parece un esfuerzo inútil, aunque necesario, seguir insistiendo en la reforma de la Constitución de signo federal, no confederal, abierta a una futura autodeterminación estrictamente regulada. En la estela de Pi i Margall.