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El condenado bufete de los Feliu

Cuatro letrados de un mismo despacho son acusados de complicidad de delito fiscal

Los hermanos aconsejaban a sus clientes en operaciones multimillonarias

Cuatro abogados de Mallorca que pertenecen a una saga familiar y que operan en el mismo bufete, José, Miguel, Alejandro y Gabriel Feliu, han sido condenados por complicidad en delitos fiscales cometidos por distintos clientes en negocios e inversiones que ellos asesoraron. Los cuatro letrados Feliu han recibido penas de cárcel en diversos juzgados y en la Audiencia de Palma que no comportan el ingreso en prisión. En general, los letrados han asumido las condenas y los pagos.

Los Feliu han afrontado fuertes multas económicas por el diseño legal, económico y tributario de operaciones inmobiliarias opacas, delictivas por ocultas al fisco español, en mallas de sociedades internacionales. Ante la Audiencia de Palma los abogados Miguel y José Feliu, asumieron ser autores de delitos en una trama de dobles y triples ventas de solares en Cala Llamp, Andratx, con testaferros y hombres de pajas extranjeros.

Miguel Feliu está condenado por un delito contra la Hacienda Pública y José Feliu por falsedad y estafa. En esa trama de dobles ventas cayeron 17 víctimas. Todas menos dos perjudicados cobraron ya -cerca de dos millones- de los abogados Feliu, que además han pagado 600.000 euros a Hacienda por las multas de los delitos fiscales.

‘Operación relámpago’ y ‘pequeño Napoleón’

A. M.

La operación de la Fiscalía y de Hacienda desencadenó un polémico movimiento de solidaridad y complicidad corporativa pública en Palma con los abogados de la familia Feliu y también con varios notarios, expresado en un blog de adhesiones y en una cena masiva. Dos veteranos presidentes de los colegios de abogados de Baleares lanzaron acusaciones escritas contra el fiscal del caso, el especialista en anticorrupción Juan Carrau, al que señalaron por haber obrado de manera irregular al investigar a los letrados y registrar sus despachos. Carrau recuerda que los viejos patronos de la abogacía le llamaron ‘pequeño Napoleón’. En la causa trabaja el fiscal Pedro Horrach.

En internet, el bufete Feliu y su red se ofrecía para “la fundación de compañías en el extranjero u offshore, numerosas oficinas, servicios y profesionales, cuentas bancarias así como tarjetas de crédito en el extranjero”. Se identificaron 816 compañías, 252 de extranjeros no residentes y 161 estaban en paraísos fiscales. Los movimientos de fondos eran de más de 480 millones de euros en diez años. Los pactos alcanzados por los propietarios investigados abarcan desde la propiedad de amarres a compraventas de grandes mansiones, pagos de multas desde 120.000 euros hasta más de un millón.

El apellido relámpago se impuso por la cala Llamp (relámpago o rayo en catalán) de Andratx, una postal del escándalo en Mallorca. Un territorio destrozado por el urbanismo de la dictadura de décadas de desarrollismo y por el urbanismo salvaje ligado a la burbuja inmobiliaria y la corrupción de los 80/90, con sentencias en los tribunales como en el ‘caso Andratx’ y en causas colaterales. A través del bufete Feliu operó una red de testaferros y estafadores que ejecutaron dobles y triples ventas de solares.

En 2000 sucedió una estafa con la participación de hombres de paja belgas y orientales al ser traspasadas parcelas “olvidadas” por extranjeros y españoles. Un vendedor en la notaría se llegó a ocultar tras disfraces o identidades falsas. Intervinieron notarios, registradores, banqueros y abogados. El caso, en juicio público, acabó en acuerdo y asunción de penas.

La Fiscalía Anticorrupciónpedía hasta 30 años de cárcel para cada uno de los dos letrados Feliu pero estos confesaron, asumieron su culpa, pagaron y se quedaron con penas mínimas, sin ingreso en la cárcel. La carpeta que alude al bufete Feliu tiene otras causas abiertas pendientes de juicio. Anticorrupción considera que el Estado ha ingresado ya 20 millones de euros en multas por el fraude, también en bienes, a consecuencia de la operación Relámpago de 2007.

Otro abogado de la saga Feliu, Alejandro, en otra pieza penal, quedó probado que suministró las sociedades para operaciones inmobiliarias irreales para ocultar al fisco la magnitud del negocio inmobiliario de sus clientes. El abogado se confesó culpable de hasta siete delitos fiscales, recibió un año de cárcel por cada uno de ellos. Pero tampoco cumple pena de prisión porque finalmente se sustituyó por una multa total de 504.000 euros.

Es el caso del matrimonio británico Hore, que figura como propietario de dos grandes fincas en Banyalbufar, Mallorca. Los Hore eludieron la pena de cárcel por condena por un delito fiscal después de abonar, junto al abogado Feliu, hasta 10,6 millones de euros por pago de impuestos.

En otra pieza, el abogado Alejandro Feliu fue condenado a cuatro meses de prisión por una simulación de una venta en cala Fornells a la familia rusa de Nokolay Levitszkiy con el británico Ian MacMillan, condenado a dos años y seis meses de cárcel y 1,2 millones de multa y 600.000 de cuota pendiente.

El cuatro letrado penado, Gabriel Feliu, el más conocido del bufete por asesorar en el pasado a Michael Douglas y Ana Torroja, fue condenado a un año de cárcel y al pago de 135.000 euros, tras rebajar la Audiencia de Palma la pena de tres años impuesta por un juez penal. Gabriel Feliu diseñó fiscalmente la compra de una mansión en Pollença que ejecutó un potentado sueco, Jan Peter Grandlund, quien asumió haber cometido un delito fiscal, retornó la cantidad evadida y pactó una sentencia de conformidad.

En el año 2007, la Fiscalía Anticorrupción formuló una querella contra nueve letrados del bufete Feliu, que desencadenó la llamada ‘Operación relámpago’ con entrada y registro de los despachos e intervención de cuentas bancarias.

El bufete Feliu que fue uno de los más potentes de Palma por el elenco de sus clientes, sus operaciones de carácter internacional y los fondos bajo su cautela. Anticorrupción registró además la notaría de Palma Delgado-Herrán. Su titular, Alberto Ramón Herrán, está imputado.

Los abogados Feliu representaron en el pasado al actor Michael Douglas -no investigado- y también a la vocalista de Mecano, Ana Torroja. La cantante está imputada por distintos delitos fiscales, un caso aún sin resolver en los tribunales y con un intento de pacto previo. Torroja asegura que era residente fiscal en el extranjero.

La acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra los abogados Feliu y parte de sus potentes clientes quedó enmarcada inicialmente en los delitos de asociación ilícita, continuado de falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Los tribunales de Palma han sustanciado en los últimos meses distintas pruebas sobre diferentes delitos y la asunción de sanciones millonarias, tras las pericias realizadas por Hacienda y las acusaciones de Anticorrupción.

La realidad -con hechos probados- ha sido contundente. Casi dos decenas de millones de euros defraudados han sido recuperados por Hacienda, en inspecciones, multas y condenas para los intervinientes. Buena parte de los casos juzgados nacen de los acuerdos por confesión y pactos de conformidad acordados por los denunciantes. El caso se ha prolongado durante meses de arduas negociaciones tras las primeras calificaciones con duras peticiones de cárcel y de penas para los juristas imputados. Los penalistas Cristóbal Martell, José Zaforteza y Andrés Jiménez de Parga han intervenido en las defensas de los Feliu y han negociado los acuerdos.

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