2008-2013: Balance de daños

Cinco años de recesión económica, de recortes sociales, de sobresaltos, de incertidumbre y de malas noticias no solo socavan los cimientos del Estado de bienestar. También están minando los nervios de la población. El consumo de ansiolíticos y de medicamentos para el insomnio empezó a aumentar en el año 2000 con la normalización de su uso para procesos cotidianos de la vida. Pero el crecimiento sostenido pegó un claro acelerón con el inicio de la crisis. El primer año, entre 2008 y 2009, se prescribieron un 6,5% más de ansiolíticos. En 2011 (último dato oficial), los españoles consumían un 8% más que al final de la bonanza, según un informe de la Agencia Española del Medicamento que muestra también que el incremento es superior al de países del entorno como Francia o Italia. “La crisis está teniendo un efecto en los problemas de salud mental, y hay un riesgo claro de empeoramiento en la salud de la población general”, asegura Fernando Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.

La imagen de una persona con los nervios rotos es la metáfora de un país modelado por los puñetazos de la recesión. Desde aquel día en que cayó Lehman Brothers —la compañía de servicios financieros cuya quiebra sacudió los mercados mundiales— y terminó de estallar la burbuja inmobiliaria, España ha visto cómo se disparaban las cifras de paro a la vez que se recortaba en gasto social —prestaciones por desempleo, educación, sanidad, servicios sociales— de tal manera que se tardarán dos décadas en recuperar el nivel de empleo previo a 2008, según un reciente estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers, y, en general, el nivel de bienestar, según calcularon hace un año las ONG Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, Unicef y Cáritas. Ahora que termina 2013 y las instituciones europeas ven ya “frágiles brotes verdes”, los primeros síntomas de esa recuperación que se prevé lenta y penosa, toca hacer balance de daños.

Si empezamos por el que preocupa al catedrático Benavides —el aumento de los problemas en la salud mental—, los datos señalan que las consultas por depresión en los centros de atención primaria aumentaron el 19,4% entre 2007 y 2011; las visitas por síntomas relacionados con la ansiedad generalizada, un 8,4%; por trastornos psicosomáticos, un 7,3%, y por problemas de alcoholismo, un 4,6%, según una encuesta de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de Londres. Ese incremento, afirma Martin McKee, uno de los autores del estudio, tiene relación con la situación económica. “Alrededor de un tercio de los problemas de salud mental en la población atendida por estos desórdenes puede deberse al riesgo combinado del desempleo y las dificultades para pagar la hipoteca”, dice. También Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, establece el nexo entre el aumento de estas patologías y la situación del país. “Las consultas sobre estos problemas son cada vez más habituales, pero el verdadero efecto de los problemas económicos del país en la salud lo veremos a largo plazo”, advierte.

La crisis se ha llevado por delante millones de puestos de trabajo. El número de parados ha pasado de 2,1 millones en 2008 a casi 6 millones, más del 26% de la población, y España se ha situado a la cabeza de Europa en tasa de desempleo, solo superada por Grecia. Además, un 37%, los que llevan más de dos años buscando trabajo, han perdido la prestación. El INE tiene registradas ahora a 630.000 familias que no reciben ningún tipo de ingresos. Un deterioro gigantesco de las condiciones de vida que se extiende también a aquellos que aún mantienen su empleo. Los salarios reales (contando el efecto de los precios) han menguado un 7% en los últimos tres años y el PIB real por habitante ha regresado a niveles de hace una década.

Desde que el castillo de naipes de la economía española saltó por los aires en 2008, la tasa de ciudadanos en riesgo de exclusión social y pobreza —es decir, los que sufren privaciones graves o viven en hogares con trabajos esporádicos— ha subido del 23% al 27%, según los análisis de la oficina de estadística europea Eurostat. Ni siquiera tener un empleo garantiza salir del agujero. La llamada “pobreza laboral” —la que coloca bajo ese umbral a quienes trabajan— pasó de afectar al 10,8% de los ocupados al 12,7% entre 2007 y 2010, según un informe de la Fundación Alternativas. El catedrático de Economía Luis Ayala lo explica como el efecto de una precarización que comenzó antes incluso de la crisis y de la pérdida de eficacia de los mecanismos de redistribución (impuestos y prestaciones).

El colchón social, que en mejores tiempos habría ayudado a amortiguar golpes, ha adelgazado también. “Si tras las crisis de la década de los setenta se creó el Estado de bienestar, el legado de esta va a ser su deterioro”, apunta Francisco Comín, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alcalá de Henares. La escasez de recursos es tal que los españoles se han merendado buena parte de su ahorro para financiar el gasto corriente. La tasa de ahorro —el porcentaje de renta que se guarda— ha llegado a bajar hasta el 8,2% al cierre de 2012; el nivel más bajo desde que el INE inició esta estadística (en 2005).

La destrucción de una gran masa salarial intermedia junto con una peor distribución de la riqueza han dado alas a otro legado negro: el auge de la desigualdad, señala el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver, es una coz que está golpeando con dureza a la clase media. Nacer en el norte o en el sur del país tiene ahora más importancia, ya que la convergencia regional ha retrocedido entre 2008 y 2012: mientras las comunidades más ricas (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña…) han aumentado su PIB por habitante con relación a la media, las más pobres (Extremadura, Andalucía...) lo empeoran. La primera, País Vasco, tenía un PIB por habitante en 2008 del 129,7 sobre la media de 100; mientras, Extremadura estaba en el 68,4 sobre 100. Son 61 puntos de diferencia entre una y otra. En 2012, esta brecha acabó en 67,8 puntos. En el análisis de los recursos se aprecia esta desigualdad. Un ejemplo: Navarra dedica 1.400 euros por habitante a la sanidad, mientras que la Comunidad Valenciana no llega a los 1.000.

La brecha social también ha crecido entre España y sus socios de la UE. La diferencia de ingresos ha colocado al país en la cuarta posición de los más desiguales, solo superado por Bulgaria, Letonia y Portugal, según el coeficiente Gini (un barómetro habitual para medir la desigualdad). Conforme a este indicador, en el que 0 es la igualdad absoluta y 100 la desigualdad total, España llegó al 34 en 2011, el nivel más alto desde que comenzó la estadística (2001) y tres puntos por encima del nivel previo a la crisis. Y aunque no es lo mismo pobreza que desigualdad, en el caso español ambas han ido de la mano. Un informe del Banco de España sobre la dispersión salarial lo atribuyó a que la destrucción de empleo se ha cebado en aquellos situados en la parte media y baja de la escala salarial —sobre todo en el arranque del declive— y volvió a agrandar la brecha entre los empleos de baja cualificación y los de más alta, que el boom del ladrillo había acortado.

El derrumbe ha dejado cicatrices claras como esas. También otras señales, aún latentes, pero que no tardarán en asomar, según los expertos. Indicadores como los educativos, culturales o sanitarios —claves en el desarrollo de un país— necesitan años para reflejar las variaciones. “En algunos indicadores, como empleo en la construcción, estamos a niveles de 1994; en otros, como sanidad o educación, en 2004 o 2005. Yo creo que, mirando el conjunto, podríamos decir que España ha retrocedido a 2003”, dice el profesor de Economía de la Pompeu Fabra José García-Montalvo. ¿Cuánto se tardará en recuperar lo perdido? “Mucho, y dependerá de los medios que se pongan y que se acabe con problemas como el fraude fiscal”, añade. Y advierte además que quizá algunas cosas no lleguen a recuperarse nunca, pues fueron fugaz producto de eso tan irreal que fue la burbuja inmobiliaria.

De momento, un pilar tan importante para la cohesión social y el progreso como el sistema educativo, mordisco a mordisco, se ha ido resintiendo. Los presupuestos públicos destinados a escuelas y universidades han sufrido un hachazo de 7.300 millones entre 2010 y los previstos para 2014, una bajada de más del 16%. El ajuste ha derivado en una pérdida de 21.800 profesores entre los cursos 2010-2011 y 2012-2013. Y los educadores que quedan deben abarcar a 191.000 alumnos más. Eso significa, según los expertos, que aquellos alumnos con dificultades o necesidades especiales reciben menos atención. Son los que más sufren. Los presupuestos del Gobierno para educación compensatoria se han reducido un 68% (116 millones), lo que ha dejado sin fondos a los programas de refuerzo, orientación y apoyo. Para los niños con más dificultades de aprendizaje o en riesgo de exclusión social es más complicado seguir con los estudios, como también lo es para los 20.000 alumnos que, según los datos del Ministerio de Educación, se quedaron el curso pasado sin beca en bachillerato, FP o universidad. Los requisitos de renta son los mismos, pero hace falta más nota.

Esa reducción de becas se mezcla con el encarecimiento de las matrículas universitarias en buena parte de España, aunque las diferencias entre comunidades es enorme. Dos ejemplos ilustran muy bien la brecha. Derecho, una carrera tradicionalmente barata, ha pasado de costar 627 euros en Madrid en el curso 2008-2009 a 1.620 en este; y Medicina ha pasado de 980 a 1.980. Sin embargo, en Galicia los precios apenas han variado en cinco años: 591 euros en Derecho y 835 euros en Medicina.

Los ajustes causan estragos en la economía de los hogares con hijos en edad escolar. En muchas casas, apunta Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, no pueden costear el comedor y muchos niños van a la escuela sin libros de texto. El recorte de 137 millones en las partidas de material escolar ha dejado a 1,1 millones de estudiantes sin ayudas, dice un informe del Defensor del Pueblo. También el número de becas de comedor, calculan las asociaciones de padres, ha sufrido un tijeretazo de entre el 30% y el 50%. Esa cifra preocupa a los expertos porque implica que algunos de los menores dejan de tomar la única comida equilibrada que hacían.

Un porcentaje creciente de ciudadanos ni siquiera son capaces de afrontar el coste de la cesta de la compra y se ven obligados a recurrir a comedores sociales y a bancos de alimentos. En 2012 se atendió a 1,5 millones de personas, el doble que en 2009, según la Federación Española de Bancos de Alimentos. Tampoco han salido indemnes los hábitos de consumo de los que sí pueden permitirse acudir al supermercado. El porcentaje de personas que consume fruta a diario ha bajado un 5,4% desde 2007, y un 5,1% los que consumen lácteos a diario, según la Encuesta Nacional de Salud y los datos del Panel de Consumo Alimentario. Además, ha disminuido el número de ciudadanos que consumen pescado habitualmente: ahora lo hacen, como mucho, dos veces a la semana. La caída es acumulada, pero en solo un año el consumo total de pescado y marisco ha bajado un 1,2%.

Estos cambios tienen mucho que ver con el precio. En 2011, el 41% de los ciudadanos consultados por el CIS reconocieron que habían cambiado sus hábitos de alimentación por la crisis. Lo han hecho, por ejemplo, dejando de lado el aceite de oliva, uno de los principales protagonistas de la dieta mediterránea, que ha disminuido desde 2008. La caída se ha acentuado además de 2011 a 2012: en un solo año ha bajado en los hogares un 3,8%, según muestran las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Las familias trasladan su consumo de los alimentos frescos a los preparados, carnes transformadas y bollería industrial. Aunque los españoles comen menos fuera de casa, los locales que menos han acusado la caída han sido los de comida rápida. Bajan un 2,4%, frente al 5% de los restaurantes.

Esto, unido al sedentarismo, no ayuda al abordaje de patologías como la obesidad o la diabetes, que han aumentado un 1% entre 2009 y 2011, datos de Sanidad. La radiografía de la salud de la población también muestra que ha aumentado otro 1% el porcentaje de menores (hasta 17 años) que padecen obesidad: son ahora el 9,56%. Cifras preocupantes porque además la atención a dolencias relacionadas con el sobrepeso absorbe el 7% del presupuesto sanitario.

La crisis también se mastica en la salud bucodental. Los problemas dentales aumentaron un 2,2% entre 2007 y 2012, según la Encuesta Nacional de Salud. Casi el 24% de los encuestados por el CIS afirmaban que habían pospuesto la consulta al odontólogo a pesar de necesitarla. Algo que, a la larga, puede salir muy caro. “Los problemas bucodentales, por las infecciones, pueden causar también otros: infecciones renales, problemas cardiacos...”, apunta Federico Simón, responsable del servicio dental comunitario del País Vasco, autonomía con un programa pionero de salud bucodental para menores.

No es esta la única prestación de primera necesidad que deben cubrir —y en este caso, casi al 100%— los ciudadanos. El pago por los medicamentos es ahora más alto que hace cinco años. La reforma sanitaria del Gobierno —que además ha dejado sin asistencia normalizada a los extranjeros en situación irregular— se nota mucho. Antes, todos los ciudadanos activos pagaban un 40% de los fármacos con receta; ahora esa cantidad depende de la renta y puede llegar al 60%. Además, por primera vez, unos 8,5 millones de pensionistas pagan por las medicinas que hasta ahora, si se las recetaba el médico, tenían gratis. El 16,83% de los pensionistas consultados en Madrid por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública aseguraron que, debido a problemas económicos, dejaban de comprar alguno de los fármacos prescritos; un porcentaje que subía al 27,29% en las unidades familiares con ingresos inferiores a 400 euros por persona al mes.

José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y experto en la OMS, asegura que estos y otros indicadores ya apuntan a que la crisis tendrá un importante efecto en el bienestar. “Hay que emprender importantes reformas en salud pública para que los daños no sean permanentes”, dice. Sin embargo, la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, asegura que las alertas de los analistas —también internacionales— sobre los efectos de la situación económica en la salud se rigen “más por el miedo al impacto” que por una situación real. “No hay datos fehacientes de que la crisis impacte en la salud”, insiste. Sin embargo, ese impacto está marcado por todos esos condicionantes sociales que afectan al bienestar de la población, no solo por los recursos del sistema sanitario. Y estos, además, tampoco son buenos.

Los presupuestos de sanidad de Gobierno y comunidades han sufrido un tijeretazo de en torno al 11%, es decir, 6.875 millones desde 2010 —el año en que empezaron los recortes en esta partida— hasta 2013, el equivalente a unos 160 euros al año menos por habitante y año. Un ajuste notable para un sistema que, pese a estar entre los más valorados, llevaba años por debajo de la media de la OCDE. Una de las partidas más afectadas ha sido la destinada a salud pública y prevención, que ha caído un 45%. Esto preocupa extremadamente a los expertos, sobre todo porque desde 2008 se han incrementado algunas enfermedades infecciosas prevenibles, como las paperas, la tosferina (que en 2008 afectaba a un habitante por cada 100.000, y en 2011, a 7,06) o el sarampión (que ha pasado de 0,05 casos a 7,97). “Hacer recaer el peso de los recortes en las políticas de prevención es un riesgo. Estamos hablando de elementos efectivos en relación con su coste y que, si se aplican adecuadamente, pueden ayudar a reducir el gasto sanitario global”, indica Antoni Trilla, presidente de la Agencia de Calidad y Evaluación de la Salud en Cataluña. Los repuntes de estas patologías infecciosas pueden ser puntuales. Como la mayoría de los indicadores sanitarios, establecer una causa efecto a corto plazo es complejo, pero los expertos observan de cerca a Grecia. En ese país, los recortes y la situación de la población han derivado en un incremento abrumador de enfermedades como la tuberculosis.

En España, el tijeretazo también está poniendo en riesgo la calidad de la asistencia al adelgazar las plantillas: no se cubren bajas ni se hacen sustituciones, y en dos años se han perdido más de 18.500 trabajadores, según los datos del Registro Central de Personal de las Administraciones públicas (los sindicatos elevan las cifras de pérdida de empleo en el sector de la sanidad a 53.000). Así, ya se aprecia el deterioro en las listas de espera para acudir al especialista —para lo que hay que aguardar 59 días de media— o pasar por el quirófano.

En enero de este año había 51.396 personas en espera para una operación en España, un 6,4% más que seis meses antes. En ese tiempo (de junio de 2012 a enero de 2013), el plazo que los pacientes esperan de media para una intervención quirúrgica se ha disparado de 76 días a 100. Es el mayor incremento registrado en un año desde que en 2004 el Ministerio de Sanidad empezó a registrar esos datos. La directora general Mercedes Vinuesa insiste aquí de nuevo en que la demora no tiene impacto en la salud de los que aguardan. “Lo importante está garantizado”, dice. Sin embargo, a esa disminución de recursos humanos le sigue la merma de medios materiales. Los hospitales tienen menos camas en funcionamiento que hace cinco años: 3,22 por cada 1.000 habitantes en 2011 frente a las 3,29 de 2007. Y todo indica que el declive será superior cuando se computen los datos de 2012. En definitiva, hay menos medios y personal para la misma cantidad de usuarios. O para más, porque el envejecimiento y los cambios en la dieta y estilo de vida de la población —el 44,4% llevaba una vida sedentaria frente al 39,4% de 2006, según la Encuesta Nacional de Salud— han modificado la radiografía sanitaria. En España, una de cada seis personas tiene un problema de salud crónico, muchas de las cuales son mayores.

Un sector de la población que ya ha visto cómo sus rentas han perdido un 3,1% de poder adquisitivo desde 2011 y aguarda con inquietud los nuevos cambios en sus pensiones, que ya no supeditarán sus incrementos a la evolución de los precios. Y eso que, como indica un estudio de la Fundación La Caixa, los jubilados son el colchón de muchas familias. En 2010, el 7,8% de los hogares con todos sus miembros activos en paro convivían con un mayor de 65 años como principal sustentador. Una tasa que supera en 3,7 puntos a la de 2007 y en 7 a la de Reino Unido o Dinamarca.

Los tijeretazos sociales, especialmente en la Ley de Dependencia, han alimentado el desamparo de los más débiles. El número de personas que reciben estas ayudas se ha reducido en 12.438 en el último semestre, según el Observatorio de la Dependencia. Los ajustes se han llevado de un plumazo 283 millones destinados a esta prestación. Un tijeretazo que se suma al sufrido por los cuidadores familiares, a quienes, además de excluirles de la cotización, se les ha recortado un 15% la paga. La prestación de la Ley de Dependencia está en los huesos. Cada vez es más difícil recibirla o mantenerla.

Las políticas sociales, de las que España hizo bandera antes de la crisis, se han convertido en un lujo. Lo que antes era inversión de futuro, ahora es gasto superfluo. Es lo que ha ocurrido con la innovación, la investigación o la cultura. El gasto público en investigación y desarrollo ha caído desde los más de 9.000 millones de euros de 2008 a los 6.100 en 2014. “Es una amenaza para el sistema de I+D español, construido con mucho esfuerzo durante 30 años, que se tardará una década o dos en recuperar”, advierte José Manuel Fernández, portavoz del colectivo de investigadores precarios. Ejemplo de esta sangría es la situación del buque insignia de la investigación pública. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tuvo que ser este año rescatado de la bancarrota con dos partidas extra del Gobierno por un total de 95 millones.

Miles de investigadores ven truncadas sus posibilidades en España. Y no solo los que empiezan —las becas de formación del profesorado se redujeron de 950 a 800 en 2013, después de que el Gobierno se saltara una convocatoria, la de 2011, y las de personal investigador han pasado de 1.225 en 2008 a 940 este año—, sino también los que están ya a mitad de camino: el programa Ramón y Cajal, para que científicos dirijan nuevas líneas de investigación de excelencia, ofreció en 2012 unos 175 contratos, 75 menos que el año anterior. Así, alertaba el presidente de la Sociedad Española de Neurociencia, Juan Lerma, en este diario, “va a ser difícil retener el talento”.

Igual que a la ciencia, las Administraciones están tratando a la cultura como algo prescindible. La subida del IVA de los productos culturales al 21% —el doble de la media europea— ha provocado un descalabro de en torno a un 20% entre 2008 y 2012 en la asistencia a espectáculos, compra de libros, películas, música y videojuegos. “La fortaleza intelectual, cultural y educativa de una nación es un factor clave para el crecimiento económico. Un ambiente cultural floreciente atrae a personas más creativas, que a su vez atraen a trabajadores más excepcionales”, dice el rector de la Universidad de Nueva York, John Sexton.

Han pasado cinco años desde que cayó Lehman Brothers y las previsiones del Fondo Monetario Internacional dicen que a España le queda otro lustro para volver al nivel de actividad previo a la crisis. Igual que con la Gran Recesión, que lo cambió todo, el cómo afrontar esta etapa y gestionar la complicada herencia y secuelas que ha dejado la recesión será la clave para el presente y futuro del país.