Billy el Niño pierde hasta el pasaporte

El exinspector de policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, acusados de torturas durante el franquismo por una juez de Argentina, entraron ayer en la Audiencia Nacional como cualquier ciudadano honrado, y salieron del edificio judicial como salen muchos imputados: ocultando su rostro con gafas de sol, sombrero y pañuelo y metiéndose a toda velocidad en un coche con rumbo desconocido. Y no solo eso, el juez Pablo Ruz, sobre quien ha recaído en primera instancia el examen de la solicitud de extradición cursada contra ellos por la juez argentina María Servini, les ordenó la entrega del pasaporte y les prohibió salir de España. El magistrado también les obliga a comparecer semanalmente en la Audiencia o bien en el juzgado más próximo a su domicilio y a fijar una dirección y un teléfono en los que poder ser localizados en cualquier momento.

La decisión tomada por el juez Ruz —con el acuerdo de la Fiscalía de la Audiencia— busca evitar el riesgo de fuga de ambos exagentes. Y constituye una de las acciones judiciales más duras tomadas en democracia contra miembros de las fuerzas de seguridad por hechos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco. Sin embargo, es difícil que los jueces españoles vayan más lejos, ya que el alcance penal de los hechos de los que Argentina acusa a los agentes puede estar borrado por la Ley de Amnistía de 1977, según varias fuentes jurídicas.

Ruz citó este jueves a Pacheco y Muñecas para un mero trámite de los procesos de extradición: preguntar a los reclamados si desean ser entregados a Argentina. Como era de esperar, ambos rechazaron ser puestos a disposición de la juez Servini, que ha abierto en Buenos Aires una causa sobre las torturas durante el franquismo. Esta negativa implica que la causa pasará directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que deberá celebrar una vista de extradición. Es en este acto donde las defensas de los exagentes podrán invocar la Ley de Amnistía para evitar la entrega de sus clientes. En el caso, que fuentes jurídicas ven poco probable, de que la Audiencia aceptara la extradición, la última palabra correspondería al Consejo de Ministros, que podría vetarla. Por el contrario, si los magistrados de la sala de lo Penal rechazaran la entrega, esta no podría llevarse a efecto en ningún caso.

El excapitán Muñecas, de 77 años, está acusado de torturar al antiguo miembro de ETA Andoni Arrizabalaga, que pasó 22 días incomunicado en el cuartel de Zarautz (Gipuzkoa) tras su detención en agosto de 1968. Arrizabalaga fue condenado posteriormente a muerte aunque la pena capital se conmutó por ocho años de cárcel. Por su parte, el exinspector González Pacheco, de 67 años, tiene sobre sus espaldas 13 acusaciones de torturas de otras tantas personas entre 1971 y 1975.

El abogado argentino Carlos Slepoy, representante de los querellantes se declaró ayer “satisfecho” por la decisión del juez Ruz, con el acuerdo del fiscal Pedro Martínez Torrijos. “Creemos que garantiza que ambos queden a disposición de la Justicia mientras dure el proceso de extradición”, sostuvo el letrado. Los representantes de las acusaciones particulares no participan en estas comparecencias de extradición. Sin embargo, el juez Ruz recibió en su despacho a Slepoy tras producirse las comparencias de los dos expolicías para explicarle el contenido y el alcance de los autos en los que adopta las medidas cautelares contra González Pacheco y Muñecas.

Slepoy agradeció la “deferencia” del magistrado, pero se quejó de la actitud de los agentes que custodian el edificio judicial por la actitud que mostraron ante la veintena larga de manifestantes que acudieron a exigir la extradición de los dos expolicías. Los concentrados fueron trasladados desde la puerta de la Audiencia Nacional en la calle Prim 12 de Madrid, a la esquina con el paseo de Recoletos. Allí gritaron consignas como “Extradición a los torturadores” y “Ni olvido ni perdón: verdad, justicia y reparación”.

Slepoy se quejó de que agentes de la policía llegaron a pedir a algunos de estos manifestantes su carné de identidad “para multarles”, algo que calificó como “un acto de intimidación”. Una de las afectadas fue Francisca Villar del Saz, una de las acusadoras de Billy el Niño. Esta mujer, que pasó dos meses en la prisión de Yeserías entre febrero y abril de 1975 fue apercibida por los agentes con una sanción de 600 euros “por concentración ilegal y desobediencia”.

Este trato contrastó con el que recibieron los dos acusados en su salida. González Pacheco y Muñecas salieron en sendos Renault Megane con conductor cuya puerta fue abierta por un agente de paisano.