El Gobierno propone a las autonomías suprimir sus tribunales de cuentas

El Gobierno ha decidido empezar a caminar sobre clavos con su última propuesta dentro de la reforma de las Administraciones, un plan considerado fundamental por el presidente, Mariano Rajoy. Las primeras medidas, presentadas el pasado junio en un intento del Ejecutivo por dar ejemplo de eficiencia, consistieron en la supresión de 57 organismos menores dependientes de un puñado de ministerios y la unificación de procedimientos de contratación. Las comunidades autónomas debían hacer voluntariamente la parte más importante y ayer, sin anuncio previo, el Gobierno deslizó un informe plagado de deberes para ellas.

Sobran los tribunales de cuentas, las agencias de meteorología, los defensores del pueblo, las agencias de protección de datos o las 160 embajadas en el exterior que todavía mantienen las autonomías. Si se suprimiesen, el Estado se ahorraría más de 230 millones de euros sin restar un ápice de calidad al ciudadano en los servicios que se le prestan. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que bajo la batuta de la Vicepresidencia trabaja desde hace un año para “racionalizar estructuras, procedimientos y recursos” dentro de la Administración.

El texto, con más de 700 páginas y 120 medidas, se limita a detallar un puñado de recomendaciones dirigidas a las comunidades, que estas pueden ignorar por completo. El Gobierno de Mariano Rajoy no quiere dejar pasar más tiempo para impulsar una de las directrices del Plan Nacional de Reformas ahora que el PP gobierna en 11 comunidades autónomas. Las “discolas”, como Cataluña, ya han reaccionado argumentando que se trata de un ataque para liquidar el autogobierno. Porque entre el listado propuesto se mezclan directrices contra las que poco se puede argumentar, como la planificación conjunta de la cooperación al desarrollo, la creación de un registro único de becas o la de una licencia deportiva para todo el territorio, con otras más peliagudas, como la supresión de órganos de la competencia o los citados organismos fiscalizadores. En ningún momento el documento habla de cuántos empleados públicos serían despedidos ni el coste social o laboral de esa reducción.

Defensores del pueblo

El informe detalla que 11 comunidades autónomas deberían eliminar la figura del defensor del pueblo por su “bajo rendimiento”. En los “ombudsmen autonómicos, 346 personas tramitan 38.407 quejas, mientras que en el estatal 165, menos de la mitad, gestionan 33.849”. El “ahorro”, sería para las autonomías de 96 millones, mientras que el Estado solo gastaría seis en aglutinar la institución.

Tribunales de cuentas

Junto al Tribunal de Cuentas conviven en el sistema territorial otros 13 órganos de control externo (audiencia, cámaras, consejos, sindicaturas y tribunales) que, según el Gobierno, presentan una serie de “ineficiencias”, como bajo rendimiento, heterogeneidad en las estructuras, procedimientos “complejos y poco eficaces para la elaboración de los informes” o lentitud a la hora de emitir los análisis. Eliminarlos, además de un complejo problema legislativo —algunos están recogidos en los Estatutos de Autonomía— supondría un recorte de 221 millones en la Administración autonómica, que el Estado compensaría asumiendo un gasto de 84 millones. El estudio no valora la función que han hecho los tribunales autonómicos para señalar desmanes presupuestarios o irregularidades en organismos como las televisiones autonómicas.

Oficinas en el extranjero

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró en febrero que las comunidades que prefiriesen “cerrar ambulatorios y tener embajaditas”, deberían explicárselo a sus votantes. Para eliminar la representación en el exterior de los territorios puso en marcha un plan que integra (no suprime) esas oficinas, integrándolas en las embajadas españolas. A través de convenios, 12 de las 14 comunidades con representación exterior han dicho que sí, en la idea de que no perderían plataformas que muchas veces han servido para la caza del voto en el exterior. En tres años, el recorte sería de 22 millones de euros.

Contratación pública

Otra de las medidas que resta una importante capacidad a las comunidades autónomas está en la centralización de la contratación. El Gobierno quiere que una única plataforma reúna todas las licitaciones y propone la adhesión la Central de Contratación del Estado de todas las autonomías “para los bienes y servicios centralizados de la dirección general de Presupuestos del Estado, sin perjuicio de que mantengan su propia actividad centralizadora en aquellos sectores en que no opera el Estado”. Añade el informe que la “Junta Consultiva de Contratación Administrativa asumiría las funciones de las juntas consultivas autonómicas, suprimiéndose estos órganos colegiados”.

Consumidores

Los barones del propio Partido Popular han creado en plena crisis organismos que reman en dirección contraria a las medidas del Gobierno. Es el caso de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, que acaba de estrenar su propio órgano de defensa de la competencia y que tendrá que suprimirlo si sigue el dictado de Vicepresidencia. En Cataluña, Andalucía, País Vasco, Valencia, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Canarias y Madrid mantienen organismos parecidos. Cada año, la estimación del recorte se sitúa en 18 millones.

Servicios de meteorología

Todas las comunidades autónomas, excepto Galicia, contemplan en su Estatuto de autonomía la competencia exclusiva sobre el servicio meteorológico. En su política recentralizadora, el Gobierno cree que es mejor terminar con estas agencias que en Cataluña, Galicia y el País Vasco son autónomas y asumen las funciones de la AEMET estatal, que a su vez “nunca ha dejado de ejercerlas”. Eso crea incongruencias, como que los planes de emergencia se activen por los respectivos servicios autónomos, al tiempo que el servicio dependiente del ministerio de Medio Ambiente “proporciona también avisos en estas Comunidades Autónomas, con umbrales y formatos distintos”. Ante la situación de “descoordinación”, se propone la prestación única por parte del Estado del servicio para todo el territorio.

Otras “duplicidades”

Entre las recomendaciones más prácticas y sencillas de aplicar, el informe plantea la creación de una licencia deportiva “única”, para todo el territorio; la unificación del sistema de becas; la definición de una política común de integración de los inmigrantes; una normativa homogénea en materia de permisos de trabajo y residencia; la supresión de los organismos autónomos de energía o un proyecto “de reconocimiento mutuo de licencias de caza y pesca”. En empleo sugiere coordinar mejor el servicio público nacional con los autónomos para coordinar trámites de inscripción de los parados y de solicitudes de empleo. Incluso se refiere a la necesidad de una tarjeta “inteligente equina”.