Garzón denuncia en la ONU el abandono español a las víctimas del franquismo

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha denunciado hoy ante el Comité de la ONU para las Desapariciones Forzadas en Ginebra el "abandono" que sufren las familias de más de 130.000 desaparecidos durante el franquismo que yacen en alguna de las 2.000 fosas comunes que 38 años después de la muerte de Franco siguen todavía sin abrir. Garzón era uno de los invitados a hablar ante el comité de Naciones Unidas que este martes examinará a España para saber si ha cumplido con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas.

Gobierno y jueces han dejado a las víctimas del franquismo en un total desamparo, según Garzón. "He explicado en el comité cómo no hay ninguna investigación abierta sobre estas desapariciones, y cómo el Estado está totalmente ausente ya que ha reducido a cero el presupuesto para la ley de memoria histórica”, ha resumido el exmagistrado de la Audiencia Nacional poco después de su intervención, en conversación con este periódico.

Garzón ha insistido en que las desapariciones forzadas, como las de los miles de republicanos que fueron sacados de madrugada de sus casas, son "delitos permanentes, que no prescriben" y señaló que es difícil encontrar un Estado democrático con un pasado dictatorial similar en el que se haya dejado a las víctimas tan abandonadas como en España. El exjuez de la Audiencia Nacional, al que su  intento de investigar los crímenes del franquismo le costó un juicio por prevaricación -del que finalmente salió absuelto- pidió que, ya que España se niega a abrir una investigación judicial, amparándose entre otros motivos, en la ley de amnistía de 1977, al menos permita la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura.

El Comité de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas escuchará este martes los argumentos de España para no investigar estas desapariciones. La delegación española está compuesta por diez personas: la embajadora ante Naciones Unidas Ana Menéndez Pérez, su adjunto, Victorio Redondo; los abogados del Estado Diego Loma-Osorio y José Luis Viada; el inspector jefe del grupo de desaparecidos de la Comisaría General de Policía Judicial, José Manuel Ansean; el comandante de la Guardia Civil Óscar I. Esteban; el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos y tres miembros de la misión permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas: Luis Ángel Redondo, Vicente Cacho y Francisco Coria.

La delegación española ha presentado un informe ante el Comité en el que justifica la falta de investigación de estas desapariciones en que se produjeron antes de que España se adhiriera a la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en 2010. Para Garzón, es "un argumento absurdo" ya que se trata de "delitos permanentes, que no prescriben, como ellos mismos reconocen en su informe".

El Comité de la ONU para las desapariciones forzadas también escuchará hoy, para su examen a España, al enviado de Amnistía Internacional Ignacio Jovtis, autor del informe que presentará a los expertos de Naciones Unidas criticando la parálisis del Gobierno español en este asunto.

El pasado septiembre, tras una visita de siete días a España, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas ya dio un buen rapapolvo a España al recordarle en un informe provisional -el definitivo se presentará el próximo enero- su obligación de juzgar los crímenes del franquismo y elaborar un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos.

El Comité de la ONU examina el cumplimiento de España de la convención internacional contra las desapariciones forzadas el mismo día que examina el de Argentina. El representante del país latinoamericano, hijo y hermano de víctimas de la dictadura de Videla, Juan Martín Fresneda, quien ha recordado que en su país hay más de 1.000 procesados por crímenes cometidos durante ese periodo. Argentina no solo está celebrando juicios a los responsables de las desapariciones forzadas, también cuenta con una amplia legislación de compensaciones y ayudas a los familiares y un banco genético nacional para la identificación de los desaparecidos.