Exteriores endosa a Justicia el caso de los saharauis asesinados en 1976

Los coordinadores del equipo vasco que el pasado junio localizó y abrió en el Sáhara dos fosas comunes con ocho beduinos, dos de ellos con DNI español, pidieron ayer al Ejecutivo que intervenga en el asunto. “Son ciudadanos de nacionalidad española y creemos que el Gobierno español tiene que investigar los hechos”, afirmó el médico Carlos Martin Beristain. Las ocho víctimas fueron asesinadas por militares marroquíes el 12 de febrero de 1976 y España abandonó el territorio el 28 de ese mes.

La directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cristina Fraile, pidió al antropólogo forense Francisco Etxeberria y a Martín Beristain todas las fotografías de los DNI hallados entre los huesos de las víctimas y se comprometió a trasladarlas al Ministerio de Justicia. “El Ministerio de Asuntos Exteriores no es competente para abrir una investigación. Es Justicia quien tiene que decidir qué instancia judicial es competente y los ministerios de Justicia e Interior han de evaluar si esos DNI son pruebas de nacionalidad española”, afirma un portavoz de Exteriores.

Martin Beristain explicó que durante la reunión con Fraile plantearon la necesidad de preservar estas y otras fosas comunes que han localizado en la zona, y que se examine uno a uno el listado de víctimas elaborado por la Instancia Equidad y Reconciliación, creada en 2004 por el actual rey marroquí, Mohamed VI, para hacer balance de los crímenes llevados a cabo durante los llamados años de plomo por su padre, Hassan II. Dicho listado aseguraba que cuatro de las víctimas halladas en las fosas abiertas por el equipo español habían muerto durante su detención en un cuartel marroquí, pero los forenses han demostrado con análisis de ADN que Rabat mintió, ya que fueron asesinados el mismo día y en el mismo lugar de su detención.

El Gobierno de Marruecos, a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se ha comprometido a contactar con los familiares de las ocho víctimas, entre ellas dos niños, halladas en estas dos fosas “para recoger todo elemento de información nuevo, asumiendo que en cualquier momento se puede recurrir a la justicia marroquí conforme al derecho marroquí y el internacional”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, según las mismas fuentes, trasladó a Etxeberria y Martín que “España apoya la inclusión en la Minurso (el contingente de Naciones Unidas en el Sáhara) de un mecanismo de monitorización de los derechos humanos que podría contemplar esta cuestión”.

El asunto será uno de los temas a tratar durante la visita a España, la semana próxima, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Así se lo trasladó en Ginebra, la pasada semana, el secretario general del grupo a Etxeberria y Martin Beristain, que presentaron en la sede de Naciones Unidas y ante el Comité Internacional de Cruz Roja un informe con los resultados de su investigación en el Sahara. “No hablamos de proyectos o especulaciones. Hemos puesto sobre la mesa la evidencia forense que confirma la muerte violenta de estas ocho personas y la intención de los asesinos de ocultar el crimen al enterrarlos en un lugar inhóspito y aislado, convirtiendo de esa manera también en víctimas a sus familiares, que no sabían de su paradero, explicó Etxeberria.

El equipo español pretende regresar en dos meses a la zona, acompañado por observadores internacionales para abrir de nuevo las fosas y entregar los restos de las víctimas a sus familias.

Amnistía Internacional también ha pedido que, a raíz de los hallazgos del equipo español, se lleve a cabo “una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre la muerte de los ocho saharauis y que las personas que resulten responsables respondan de sus actos ante la justicia”. “Teniendo en cuenta el lugar donde se hallaron los restos y la desconfianza entre las autoridades de Marruecos y del Polisario, Amnistía Internacional pide a las Naciones Unidas que garanticen el cumplimiento de esta petición”, afirman en un comunicado.