La presión empresarial obliga al Ejecutivo balear a retirar los ‘tributos verdes’

La reforma fiscal verde anunciada por el Gobierno balear no se llevará a cabo. José Ramón Bauzá había anunciado antes del verano la suspensión del inicio de la aplicación de los nuevos tributos, pero esta mañana ha comunicado que finalmente no se pondrán en marcha. Los nuevos impuestos afectaban especialmente a los envases, grandes superficies y coches de alquiler. Desde otoño de 2012 hasta ahora, la derecha no había vencido el rechazo de las patronales.

El PP justificó en su día las nuevas cargas en la necesidad de cumplir los límites de déficit, con la generación de nuevos ingresos. La posible flexibilización individual por parte del Estado de los índices autonómicos de sobregasto abre, ahora, la puerta a la rectificación económica. El Gabinete “no quiere interferir” en la economía que ve en proceso de recuperación.

Sectores empresariales teóricamente afines al Gobierno y al PP han impulsado la crítica y el rechazo a las nuevas medidas. Con el impuesto sobre el uso de los coches de alquiler, que implicaría el pago de hasta nueve euros por día, se habían presupuestado 15 millones de euros anuales. En temporada baja, sin embargo, y con las ofertas extremas, un día de alquiler puede estar en 10 euros. La patronal de alquiler de coches amenazó con ubicar la sede mercantil y fiscal de las empresas en otras autonomías.

La proclamada “reforma fiscal verde” de los tres nuevos impuestos sectoriales se anunció como una carga para las empresas y no directamente los consumidores. Bajo la norma ecologista de “quien contamina paga más”, con el impuesto de envases no retornables se presupuestaron 35 millones al año y con el de grandes superficies unos 8,5 millones.