Los amenazados por el terrorismo desde 1960 podrán pedir ayudas al Gobierno

El reglamento de víctimas cierra el camino a que puedan recibir dinero miembros de ETA

Las personas amenazadas por el terrorismo desde 1960 podrán recibir ayudas del Estado, con carácter retroactivo. Esta es la principal novedad del reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo, que este viernes aprobó el Consejo de Ministros y que sitúa a España como referente internacional en el reconocimiento y protección social y económica a las víctimas de las acciones terroristas.

El reglamento, que estaba diseñado en la anterior legislatura y dispone de un amplio consenso político, ha sido aprobado ahora, con retraso, para recoger las principales alegaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, aunque este viernes la portavoz de la AVT, Ángeles Pedraza, se quejó de que su organización no ha sido consultada.

El Gobierno actúa así con las víctimas del terrorismo con una excepcional generosidad en estos tiempos de recesión económica y de recortes, que afectan a otros compromisos sociales como la educación, la sanidad o la dependencia. La partida prevista para estas ayudas supera los 77 millones de euros.

Según el reglamento, quienes acrediten que tuvieron que abandonar su lugar de residencia por estar amenazados por el terrorismo podrán solicitar al Estado que les sufrague los gastos ocasionados por esa circunstancia. Las ayudas se darán, con efecto retroactivo, por traslado de municipio, abandono de la vivienda habitual, por gastos de escolarización, tratamiento psicológico y otros, dirigidas a su reinserción laboral, lo que vaticina una gestión complicada.

Las mejoras a las víctimas se extienden a otras partidas: se elevan de 3.000 a 3.600 euros las asignaciones por tratamiento psicológico; y se destinan entre 300 y 1.500 euros a ayudas educativas, que se extenderá a alumnos de educación infantil, primaria y secundaria que precisen de medidas específicas.

También aumentan las ayudas por daños materiales. Pasan de 90.151 euros a 113.680 las indemnizaciones para cubrir daños en la vivienda habitual afectada por un atentado. Los gastos por alojamiento provisional, en el caso de un hotel, suben de 60,10 euros por día y persona a 90. Se eleva a 113.680 euros la ayuda por daños a sedes de partidos, sindicatos u organizaciones sociales, y sube de 21.035 euros a 30.500 la cobertura de los daños en los vehículos.

Al tener el reglamento carácter retroactivo, los beneficios se ampliarán a muchas víctimas. La fecha de referencia es 1960, en coincidencia con la atribución a ETA por parte de algunas asociaciones de víctimas del atentado que mató a la niña Begoña Urroz, debido a una explosión en San Sebastián. Historiadores que han investigado el caso, incluidos los archivos policiales de la época, lo atribuyen al DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación), un grupo libertario luso, que atentó simultáneamente en varios puntos de España. El primer atentado mortal de ETA fue en 1968, según los historiadores, aunque años antes ya había empezado su actividad terrorista.

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