La oposición pide una comisión de investigación por el ‘caso Bárcenas’
El Gobierno y el PP quieren bloquear la solicitud y dar por zanjado el asunto
El Gobierno pretende dar por zanjado el caso Bárcenas con la comparecencia de Mariano Rajoy el pasado jueves en el Congreso; al menos, en las consecuencias políticas del escándalo y a la espera de la investigación judicial. Considera que en esa larga sesión parlamentaria ya quedaron cerradas las repercusiones políticas y hasta mediados de septiembre no habrá nuevas referencias del presidente del Gobierno en el Parlamento, una vez pasado el trago.
Ayer, 24 horas después del debate parlamentario, la portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, se remitió al contenido de esa comparecencia en respuesta a todas las cuestiones referidas al caso Bárcenas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El presidente dio explicaciones cumplidas”, aseguró la número dos del Gobierno, y se remitió a la investigación judicial en la Audiencia Nacional, sin intención de ir ni un milímetro más allá. Este deseo del Gobierno choca con la actuación de prácticamente toda la oposición parlamentaria, que entiende que Rajoy no aclaró ninguno de los detalles del escándalo y que, en la medida de sus posibilidades frente a la mayoría absoluta del PP, intentará mantener vivo el asunto para evitar que decaiga durante el verano. En ese empeño de mantener la presión están todos los grupos, salvo obviamente el PP y CiU; este último fue el partido que mantuvo una posición más tibia durante el debate. Incluso su portavoz, Josep Antoni Duran, aseguró expresamente que no sería conveniente que dimitiera el presidente del Gobierno.
Encabezando esa ofensiva, el PSOE registró ayer en el Congreso una petición para crear una comisión de investigación sobre “la contabilidad b del PP”. Ya el grupo de Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) presentó una petición similar sobre las cuentas del PP que fue rechazada por los populares.
Los socialistas, según su portavoz, Soraya Rodríguez, pretenden que el Congreso debata este mes la convocatoria de un pleno para decidir sobre la creación de la comisión de investigación. Será, probablemente en la diputación permanente que se celebrará a mediados de agosto.
La vicepresidenta rechaza explicar los SMS del presidente al extesorero
La portavoz del Gobierno minimizó ayer la petición del PSOE y no entró siquiera a valorarla, pero su respuesta anticipa que el PP la rechazará con su mayoría absoluta. Según dijo, ya “hay una investigación de naturaleza judicial” en marcha, y a ella se remitió. Fuentes del Grupo Popular aseguran que la petición será rechazada con ese mismo argumento: el presidente del Gobierno ya ha dado todas las explicaciones, dejando clara la necesidad de respetar la presunción de inocencia.
Fuentes del Gobierno mostraron, además, su satisfacción porque consideran que Rajoy salió airoso del debate y porque, a la espera de nuevos acontecimientos, ha logrado ganar tiempo. Explican que partía de una posición muy difícil, sin posibilidad de entrar a dar detalles concretos sobre la investigación, pero que en su opinión pudo superar el trámite con nota.
Ayer, Saénz de Santamaría se remitió de nuevo a la estabilidad del Gobierno y puso el énfasis en la necesidad de mantener el calendario de reformas, sobre el que ayer mismo debatió el Consejo de Ministros.
Su voluntad es apartar en lo posible el escándalo y volver a centrarse en la lucha contra la crisis, en un momento en el que algunos datos empiezan a ser positivos. Por ejemplo, ayer comparecieron con ella los titulares de Empleo y Economía, Fátima Báñez y Luis de Guindos, para fundamentalmente felicitarse de lo que ellos consideran mejora del desempleo y de otros datos macroeconómicos. La tesis oficial es que después de meses difíciles con medidas impopulares contra la crisis, es ahora cuando hay posibilidades de recoger los frutos y remontar en la valoración del Gobierno.
La portavoz del Ejecutivo se remite a las indagaciones del juez Ruz
Tampoco quiso entrar la vicepresidenta a responder ayer sobre detalles de la versión del presidente del Gobierno. Por ejemplo, el hecho de que asegurara en el Congreso que rompió su relación con Bárcenas cuando se constató que era un delincuente al descubrirse su cuenta en Suiza y, sin embargo, siguiera mandando un mensaje de ánimo a su extesorero. Días después de hacerse público el resultado de la comisión rogatoria, el presidente del Gobierno le envió un mensaje al móvil en el que le decía: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”.
Ese mensaje es contradictorio con que el presidente asegurara el jueves en el Congreso que la revelación de la existencia de las cuentas “constituía un hecho ilegal que no admitía dudas”. Rajoy situó en ese día, el 16 de enero, la fecha en la que el PP constató que Bárcenas era un delincuente que defraudó la confianza del partido y del propio presidente del Gobierno. Sin embargo, el mensaje fue enviado dos días después.
Rajoy no respondió en el pleno a esta cuestión cuando se la planteó abiertamente el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y por eso los socialistas dan por hecho que el presidente del Gobierno mintió en el Parlamento y no aflojarán la presión.
Tampoco contestó a las 20 preguntas que le hizo desde la tribuna la portavoz de UPyD, Rosa Díez, y por eso ayer su grupo parlamentario las presentó en el registro del Congreso para que las responda el Gobierno por escrito. Las preguntas hacen referencia a detalles de la relación con Bárcenas y la supuesta contabilidad b y los sobresueldos en el PP.
“¿Conocía usted el resultado de la comisión rogatoria cuando el 18 de enero de 2013 le mandó un mensaje telefónico a Luis Bárcenas?”, pregunta UPyD. También pidió información sobre el presunto pago de sobresueldos a los dirigentes del PP o la existencia de contabilidad b, tal y como ha denunciado Bárcenas ante el juez.
“¿Por qué mintió al asegurar el 25 de enero de 2013 en una entrevista en Punto Radio que no recordaba cuánto tiempo llevaba sin hablar con Bárcenas?”, dice la última pregunta de Rosa Díez.
Rajoy no tendrá que responder preguntas sobre este asunto en el Congreso hasta mediados de septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria.
El PSOE, además, mantiene sobre la mesa la amenaza de la moción de censura, pero, salvo cambios, no se plantea presentarla. Su estrategia podría cambiar también en función de la actuación judicial; es decir, de que se conozcan nuevas revelaciones sobre el caso.
Sí mantiene cortadas todas las relaciones con el Gobierno y con el PP y no prevé restablecerlas en breve. De hecho, en septiembre debe procederse a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y los socialistas no tienen previsto sentarse a negociar las vacantes. La ley aprobada únicamente por el PP le permite renovar solo con sus votos en el Senado la mitad del órgano de gobierno de la justicia.
Saénz de Santamaría afeó al PSOE que no quiera sentarse a buscar medidas contra la crisis.
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