Crisis no solventada

El presidente del Gobierno renunció ayer a la estrategia en la que se había empecinado durante meses —negar de plano el caso Bárcenas pese a la acumulación de evidencias de financiación irregular de su partido y otras anomalías, sin que mediara explicación alguna— y reconoció que todo ello constituyó una equivocación. Lo hizo de forma clara y sin ambages, afirmó que se siente engañado por su extesorero y admitió también que en el PP se han pagado complementos salariales distintos a los sueldos; de su declaración a Hacienda son responsables quienes los hayan percibido. Él, insistió, ha cumplido con su obligación.

Se trata del reconocimiento de una equivocación cuya gravedad ha pesado de forma extraordinaria en la sociedad española durante los últimos seis meses. Pero el presidente no extrajo a continuación consecuencia política alguna: no admitió ningún tipo de culpabilidad y anunció que ni se planteaba la dimisión o el adelanto electoral, como le pidieron varios grupos de la oposición.

La estrategia resultó eficaz para el objetivo planteado: limitar los daños del desastre y tratar de transformar en moción de confianza ante los suyos el golpe político que ha supuesto acudir a explicarse en el Parlamento, forzado por la amenaza de una moción de censura. Sin explicar en detalle los hechos que se han venido conociendo desde la difusión de los papeles de Bárcenas, sin prometer una investigación independiente, sin aceptar que su partido ha podido beneficiarse de una financiación irregular durante 20 años y sin comprometerse a que todo ello no vuelva a ocurrir, Rajoy esquivó ayer gracias a su gran habilidad como parlamentario el peor momento de su presidencia. Pero la crisis política sigue abierta tras la publicación de la contabilidad B de su partido por quien fue su tesorero, el conocimiento de las cuentas suizas de este y el cruce de mensajes de apoyo con el propio presidente.

Ataque preventivo

El jefe del Gobierno lanzó desde la tribuna un ataque preventivo contra el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, antes de que este interviniera. Le acusó de doblez por haber sostenido, cuando gobernaba, una defensa de la presunción de inocencia que ahora transforma en presunción de culpabilidad basada en hechos que “no están probados”. El contraataque de Rubalcaba fue demoledor: “¿Usted se imagina a Merkel, Cameron, Hollande, mandando a un evasor fiscal el mensaje Luis sé fuerte, aguanta?”, le espetó, afirmando que ello justificaría por sí solo la dimisión de un gobernante. Rubalcaba llegó más lejos al afirmar que el PP ha “crecido y ganado elecciones por medio de un sistema de financiación ilegal durante 20 años”.

En cualquier caso, mientras se espera el veredicto de los tribunales, y ante eventuales nuevas revelaciones de los acusados, la convocatoria de elecciones anticipadas, que Rubalcaba no pidió, solo añadiría inestabilidad a la ya muy dañada credibilidad de nuestro país y sus dirigentes. La dimisión de Rajoy, que solo él podría decidir si considera oportuna, no garantiza por lo demás una sustitución ordenada del liderazgo dentro de su partido. En realidad las acusaciones contra el presidente y su equipo proceden sobre todo de su propia formación política, comenzando por el exgerente y extesorero, y es dudoso suponer que Rajoy pudiera controlar a sus filas una vez que abandonara la jefatura del Gobierno. Su marcha, si se llegara a producir, abriría una incógnita añadida en el seno de un Partido Popular en el que las luchas cainitas no pueden ser ocultadas por la adhesión tumultuaria que sus diputados mostraron ayer en la Cámara.

Reclamación lícita

Hay que lamentar no obstante que el presidente del Gobierno acuse de irresponsables a los que piden su dimisión, pues este es una reclamación lícita para los partidos opositores. Llamó literalmente “saboteador” a Rubalcaba y le atribuyó utilizar este escándalo como tabla de salvación de un liderazgo tambaleante. La líder de UPyD, Rosa Díez —autora de 20 preguntas precisas que Rajoy dejó sin respuesta—, le recordó que el descrédito para España no lo provoca quien denuncia la corrupción, sino quien no la combate.

En lo que se refiere al fondo del problema, Rajoy mantuvo que ni le consta que el PP se haya beneficiado de financiaciones irregulares, ni él ha cobrado nada de lo que deba arrepentirse. Pero las explicaciones al respecto fueron escasas y todo queda remitido a la credibilidad del propio presidente.

Nada de lo sucedido ayer constituye base suficiente para liquidar varios decenios de funcionamiento irregular de los partidos políticos en nuestro país, ni para otorgar mayor solidez a la confianza de los españoles en la superación de una crisis económica demasiado larga. Cinco horas y media de áspero debate parlamentario dieron tiempo para que se anunciara una batería de reformas legales que aumente los controles de los partidos políticos y penalice más severamente aspectos relacionados con la corrupción. Pero el Gobierno debe entender el escepticismo de la opinión pública ante esas promesas de transparencia cuando tantas mentiras, opacidades y circunloquios se han expresado desde las tribunas oficiales a tenor del caso Bárcenas.

Rajoy ofreció a Rubalcaba que participe en la elaboración de esas medidas, advirtiéndole de que las llevará adelante con o sin él. Es un mal augurio. Nos encontramos ante una crisis del sistema de representatividad democrática que no puede ser resuelta en solitario por ningún Gobierno y cuya solución precisa el concurso de todas las fuerzas políticas. Nada hace previsible que el presidente esté dispuesto a ello, lo que constituye el más grave de sus yerros: no querer enfrentar la crisis institucional de nuestro país esperando a que la eventual mejora de la economía y el irregular paso del tiempo la arreglen por sí sola. De modo que más que abrir paso a un proyecto de futuro compartido entre las principales fuerzas políticas, que la sociedad española necesita de forma imperativa en medio de la peor crisis que se recuerda, el debate de ayer se convirtió en heraldo de un largo y bronco final de legislatura.