El PP atrae al PNV y CiU en la Ley de Transparencia con la izquierda ausente

Solo con los votos del PP la ley de Transparencia, que entró en el Congreso hace algo más de un año, ha superado el primer tramo parlamentario. La ponencia, que se desarrolla a puerta cerrada, ha terminado su dictamen con la admisión por parte del PP de numerosas enmiendas de CiU, PNV y UPyD. No han asistido PSOE, Izquierda Plural y Grupo Mixto que mantienen su boicot a la tramitación hasta que no comparezca el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta del caso Bárcenas. La ley será aprobada, con luz y taquígrafos, el próximo día 31 de julio, con o sin los parlamentarios de la izquierda. Al día siguiente, 1 de agosto, comparecerá el presidente. A instancias de UPyD y CiU, el PP ha rebajado del 50 al 40% el requisito para que todas las entidades privadas que reciban esa cantidad en subvenciones entren en la jurisdicción de la ley. Una buena parte de esta ley recoge las “muchas horas” de trabajo de socialistas y populares, principalmente de José Enrique Serrano y José Antonio Bermúdez de Castro.

Tanto Jordi Jané de CiU, como Emilio Olabarría del PNV han participado en los trabajos de la ponencia al entender que “lo contrario sería forzar demasiado la situación”, en expresión del diputado vasco. Estos dos grupos se habían ausentado en las tres primeras reuniones al considerar la conveniencia de esperar hasta que volvieran los otros grupos. Por el contrario, Carlos Martínez Gorriarán de UPyD, siempre ha asistido a las reuniones, por ser contrario a la política de silla vacía aunque aún mantienen diferencias serias con el texto. Una vez que hay una fecha de comparecencia del presidente CiU y PNV han decidido incorporarse a los trabajos y, además, “satisfechos” con lo conseguido.

No es para menos porque el PP les ha hecho caso y ha suprimido del texto inicial las competencias que se atribuía al Ministerio de Hacienda sobre los cargos autonómicos y locales en materia de sanciones por incumplimientos de leyes. “Por resumir, el ministro Cristóbal Montoro no podrá sancionar al lendakari, a un consejero, o a un alcalde”, pone como ejemplo real el diputado peneuvista Emilio Olabarría. Por tanto, la ley dicta lo que es sanción y sus causas pero el régimen sancionador lo aplica la administración a la que pertenezca el cargo público que haya cometido la infracción. Es decir, la central, la autonómica y la local. “En el orden competencial ha habido un avance importante”, reconoce Jordi Jané de CiU. "El Ministerio de Hacienda tampoco podrá sustituir a un cargo electo, consejero, alcalde o concejal, elegido directamente por la ciudadanía”, ha destacado Jordi Jané, lo que suponía causa suficiente para los nacionalistas para rechazar toda la ley. A instancias de CiU y UPyD las entidades privadas que reciban un 40% de subvención pública o 100.000 euros anuales serán sometidas a la ley de transparencia.

Con estos cambios aceptados el próximo día 31 se reunirá la Comisión Constitucional para aprobar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno en su penúltimo trámite ya que el paso siguiente será en el pleno del Congreso el próximo mes de septiembre. “Es una buena ley de Transparencia”, ha reconocido Olabarría. Con este clima no es de extrañar la satisfacción de los ponentes populares. Ahora se preguntan si el PSOE volverá porque “están enfadados por causas ajenas a la ley”, ha dicho González Pons que confía en que aún participen. Los socialistas aún no lo han decidido a pesar de que buena parte de los contenidos son de su inspiración.