La Moncloa no tiene constancia de que EE UU espíe a España
Moragas pide consenso para aprobar la nueva Estrategia de Seguridad Nacional
“No le consta a este Gobierno que se hayan producido ataques ni espionajes por parte de Estados Unidos y, en ese sentido, permitan que les tranquilice”. El jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas, contestó ayer con estas palabras a las inquietudes expresadas por la oposición sobre el espionaje masivo de Washington a sus aliados, denunciado por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden.
Moragas compareció ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada por el Gobierno el pasado 31 de mayo.
El Consejo de Seguridad Nacional, el nuevo órgano del Gobierno para la prevención y gestión de crisis, se constituirá mañana con una reunión en La Zarzuela que será presidida por el Rey. El Consejo, que sustituye a la Comisión Delegada para Situaciones de Crisis, se reunirá habitualmente cada dos meses bajo la presidencia de Rajoy. Formarán parte del mismo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo; Defensa, Pedro Morenés; Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; Economía y Competitividad, Luis de Guindos; Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; y Fomento, Ana Pastor; así como los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, y Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, junto al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz, y el propio Moragas. También será convocado el responsable del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa.
Ley en seis meses
Una de las primeras tareas del nuevo organismo será la elaboración en seis meses de la Ley Orgánica de Seguridad Nacional, para la que Moragas pidió consenso. La estrategia, pactada entre PSOE y PP, logró el apoyo de CiU y, con matices, de UPyD y PNV. Izquierda Plural mostró, por el contrario, su rechazo.
El documento identifica 12 riesgos para la seguridad española: conflictos armados; terrorismo; ciberataques; crimen organizado; estabilidad económica; vulnerabilidad energética; inmigración irregular; armas de destrucción masiva; espionaje; catástrofes naturales; vulnerabilidad del espacio marítimo; y de las infaestructuras críticas.
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