España registró en 2012 la cifra más baja de solicitudes de asilo en 25 años
Solo fueron aceptadas el 8,5% de las peticiones presentadas durante 2012
Las solicitudes de asilo alcanzaron el año pasado un mínimo histórico: la cifra más baja en 25 años, desde que se realizan estos registros. Durante 2012, 2.580 extranjeros llegaron a España para pedir protección internacional, casi 1.000 menos que el año anterior, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hechos públicos este miércoles. A la caída de las solicitudes se suma el descenso de concesiones: un 8,5% frente al 9,5% de 2011, una cifra que no deja de bajar desde la reforma de la ley de asilo de 2009, pese a que incluía como motivos para solicitarlo la discriminación y la violencia por razón de género, identidad y orientación sexual.
A España llegaron el año pasado 55 solicitantes de asilo por cada millón de habitantes, una de las proporciones más bajas de la Unión Europea. La situación solo es peor en Portugal, mientras que en Suecia las solicitudes por millón de habitantes llegaron a 4.625 y en Bélgica, a 2.535. Siria es el primer país de origen, seguido de Nigeria, Argelia y Camerún.
CEAR alerta de que la caída de demandantes es un problema que comparten los tres grandes países del sur de Europa: España, Grecia e Italia, que sufrió el año pasado una caída del 54% de las solicitudes de asilo. “Se han convertido en gendarmes de cara a Europa y han asumido el rol de blindar las fronteras”, ha declarado la secretaria general de la ONG, Estrella Galán, en la presentación del informe. La entidad relaciona la bajada de solicitudes con las políticas de externacionalización de fronteras de la UE, que permite a los países vecinos a controlar los flujos migratorios antes de que alcen el territorio comunitario.
“Los acuerdos de readmisión con los países de origen y tránsito; el control cada vez más alejado de nuestro territorio de Frontex [la agencia europea de vigilancia de fronteras]; los regímenes de visados, etc. provocan la caída de las solicitudes, un efecto disuasorio y que se elijan cada vez rutas más peligrosas para llegar”, ha desglosado José Antonio Rubio, portavoz de CEAR. Precisamente ayer, el Gobierno fortaleció la seguridad en la frontera con Melilla para impedir los asaltos a la valla. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, anunció en el Congreso que los puestos de vigilancia actuales serán reforzados con un helicóptero con cámara térmica y dos módulos de intervención rápida de la agrupación rural de seguridad.
La ley de 2009 dejó, según la asesora jurídica de CEAR, Paloma Favieres, muchos flecos y ha incidido en que falta por desarrollar un reglamento sobre el tratamiento especial que deben recibir las personas más vulnerables, como las víctimas de la trata, la tortura o las mujeres que llegan solas. Además, pese a que recuperaba "la posibilidad" de pedir asilo en embajadas y consulados, este derecho "solo se ha utilizado en casos de extensiones familiares", según Palomo, es decir, para familiares de refugiados en España. Especialmente preocupante para la organización es la solicitud en puntos fronterizos o Centros de Internamiento de Extranjeros, donde solo se admiten a trámite el 44% de las peticiones, frente al 95% de las que se presentan en territorio nacional.
Los recortes obligan a CEAR a recortar un 50% su plantilla
La falta de recursos ha puesto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONG más importante de asistencia a solicitantes de asilo "en una situación límite", según su secretaria general, Estrella Galán. Varias administraciones autonómicas y locales les adeudan en torno a un millón de euros, además de los recortes constantes en su presupuesto desde 2009. "Nos hemos visto obligados a recurrir a créditos de entidades financieras y no podemos pagar los intereses. Hemos tenido que cerrar el centro de Mérida y nuestra plantilla, de unos 300 trabajadores, ha quedado reducida a la mitad en estos años", ha explicado Galán, que ha alertado de que estas condiciones pueden abocar a la ONG al cierre.
Para protestar contra esta situación, el director de cine Manuel Martín Cuenca ha promovido el manifiesto “CEAR más necesaria que nunca”, que ya han suscrito unos 150 intelectuales, sindicalistas y políticos, entre los que se encuentran la escritora Rosa Montero, el actor Juan Diego o el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo. “No permitamos que CEAR desaparezca. Los derechos humanos no son negociables”, es el lema del escrito, que resalta el trabajo que la organización lleva desarrollando desde hace 35 años y critica su vulnerabilidad: “El derecho al asilo está en crisis. España tiene una de las políticas de asilo más débiles de Europa. La desaparición de CEAR pondría en riesgo un derecho fundamental al que muchas personas se acogen cuando todos los demás derechos han sido violados. No queremos defender solo a esas personas, queremos defender también un modelo de democracia que garantiza los derechos fundamentales”.
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