Bauzá frena los nuevos impuestos verdes de Baleares ante la presión empresarial

El Gobierno del PP en Baleares ha anunciado este lunes su "reforma fiscal verde" aun "en contra de su ideología", con la creación de nuevos impuestos verdes, especialmente sobre envases, grandes superficies y coches de alquiler. Desde otoño de 2012 hasta ahora, la derecha no ha vencido el rechazo de las patronales. Queda, sin embargo, congelada la decisión de cobrarlos en 2013, es decir, que no se aplicarán de momento y quedarán suspendidos.

El Gobierno del presidente José Ramón Bauzá ha anunciado posiblemente hasta final del verano, la implantación de los estos tributos que levantaron una enorme polémica política y empresarial.

El rechazo frontal de las patronales empresariales que debían aplicar los cobros de los impuestos ha provocado que los políticos den marcha atrás en la medida, que afecta a turistas y otros consumidores, después de más de nueve meses de negociaciones.

Bauzá ha sacrificado al ideólogo de este impuesto, el vicepresidente económico, José Ignacio Aguiló, y lo ha sustituido por dos ex directores generales, José Vicente Marí, nuevo consejero de Hacienda, y Joaquín García nuevo responsable de Economía. Ni uno ni otro pudieron cambiar el rumbo ni complacer a los empresarios.

El PP ha justificado en su día las nuevas cargas en la necesidad de cumplir los límites de déficit, con la generación de nuevos ingresos. La posible flexibilización individual por parte del Estado de los índices autonómicos de sobregasto abre, ahora, la puerta a la rectificación económica. El Gabinete “no quiere interferir” en la economía que ve en proceso de recuperación.

Sectores empresariales teóricamente afines al Gobierno y al PP han impulsado la crítica y el rechazo a las nuevas medidas. Con el impuesto sobre el uso de los coches de alquiler, que implicaría el pago de hasta nueve euros por día, se habían presupuestado 15 millones de euros anuales. En temporada baja, sin embargo, y con las ofertas extremas, un día de alquiler puede estar en 10 euros. La patronal de alquiler de coches amenazó con ubicar la sede mercantil y fiscal de las empresas en otras autonomías.

La proclamada “reforma fiscal verde” de los tres nuevos impuestos sectoriales se anunció como una carga para las empresas y no directamente los consumidores. Bajo la norma ecologista de “quien contamina paga más”, con el impuesto de envases no retornables se presupuestaron 35 millones al año y con el de grandes superficies unos 8,5 millones.