Un millón amenaza a la Infanta

La delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña tiene en sus manos el futuro judicial de la infanta Cristina. Su opinión sobre si se puede imputar a la hija del Rey el delito fiscal que le atribuye a su esposo, Iñaki Urdangarin, será definitiva para que el juez resuelva si vuelve a imputar a la infanta o la deja definitivamente fuera del caso.

Las últimas diez declaraciones individuales de la renta de Iñaki Urdangarin y de la infanta Cristina, conocidas tras incorporarlas el juez al sumario del caso Nóos, apenas aportan nuevos elementos al caso. Urdangarin solo incluyó en sus declaraciones los ingresos que obtuvo del Instituto Nóos, inferiores a 100.000 euros anuales hasta 2006 cuando dejó ese organismo, y el salario que le pagó Telefónica a partir de entonces, que llegó a superar los 500.000 euros en 2009.

El Duque de Palma nunca incluyó en esas declaraciones las retribuciones que cobraba como miembro de consejos de administración de numerosas empresas (véase gráfico).

La Agencia Tributaria considera que Urdangarin tendría que haber incorporado esos ingresos a su declaración individual de la renta y no facturarlos a través de la empresa Aizóon, cuya propiedad compartía con su esposa, como en realidad hizo. En base a esa irregularidad, Hacienda trasladó la información a la Fiscalía pues la cantidad defraudada superaba el límite de los 120.000 euros y, por tanto, se trataba de un supuesto delito fiscal.

El camino para la imputación de la infanta Cristina lo señaló la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca al sostener que había indicios suficientes para atribuirla el delito fiscal supuestamente cometido por su marido. Urdangarin facturó el dinero que le pagaban distintas empresas por su asesoría a través de Aizoon para ahorrarse impuestos y aplicarse desgravaciones, como gastos domésticos de la casa que compartía con doña Cristina.

Urdangarin ganó como consejero de diversas empresas 645.000 euros en 2007 y 493.000 euros en 2008. Ese dinero lo ingresó en Aizoon y lo declaró a Hacienda como si correspondiera a rentas obtenidas por su sociedad. En esos ejercicios, Urdangarin se desgravó gastos del renting de una furgoneta familiar; gastos del pago de la plantilla de Aizoon por supuesto asesoramiento a su cargo de consejero de diversas empresas y otros gastos, como los del personal que atendía en su domicilio particular, que la Agencia Tributaria considera “que no se compadecen con las actividades que decía realizar la empresa”.

“Puede concluirse que, al margen de su actividad de arrendamiento de inmuebles, Aizoon ha sido utilizada por Urdangarin como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal, aprovechando no solo la diferencia entre los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades y el marginal del IRPF sino la posibilidad de deducción de gastos personales así como la aplicación de una libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades a la que Aizoon no tenía derecho habida cuenta de su comprobada inactividad”, señalan los técnicos de Hacienda. La Agencia Tributaria, que escribió este alegato contra Urdangarin, debera decidir ahora si la Infanta es corresponsable también de los delitos atribuidos a su marido a través de la empresa cuya propiedad comparten ambos.