IU pide a Margallo que explique el veto a la declaración de víctimas del franquismo

La Izquierda Plural, ERC, Amaiur y BNG han solicitado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el Congreso para explicar "la presión ejercida con Argentina para impedir que declaren las víctimas del franquismo", después de que ayer, el Gobierno paralizara la toma de declaración a tres de ellas por videoconferencia desde Buenos Aires con la juez María Servini de Cubría.

"El ministro de Exteriores de Mariano Rajoy tiene que dar cuenta en el Congreso de este y de otros obstáculos que los representantes de las víctimas nos han trasladado directamente que están percibiendo por parte de las autoridades españolas con el fin de retrasar y entorpecer la acción de la justicia argentina", señalan los portavoces de Exteriores de las formaciones que firman la iniciativa."Da la impresión de que el Ejecutivo del PP quiere exportar a Argentina todas las dificultades e impedimentos con las que se ha encontrado históricamente en el Estado español cualquier grupo, asociación o colectivo que ha tratado de que el sistema judicial tomara cartas en cualquier asunto importante directamente vinculado con el franquismo", añaden.

La juez María Servini de Cubría, en cuyas manos cayó la querella por genocidio franquista que las víctimas españolas llevaron a Argentina tras el procesamiento de Baltasar Garzón, ha explicado en un escrito que ayer, teniendo ya todo preparado para empezar a tomar declaración por videoconferencia a las víctimas, recibió una llamada que le hizo paralizar el procedimiento. "El embajador argentino en el Reino de España, Carlos Bettini, me informó de que se había comunicado con esa representación el señor director de asuntos consulares del Reino de España manifestando el descontento y malestar que causaba a las autoridades de ese país el procedimiento que se utilizaría para la recepción de los testimonios", relata. Según explicó el embajador argentino a la juez, las autoridades españolas reclamaban la solicitud de una comisión rogatoria, y advertían que, de seguir adelante las videoconferencias, las declaraciones podrían "resultar nulas".

La nota verbal que el Ministerio de Asuntos Exteriores envió a la embajada argentina asegura que   "para poder llevar a cabo diligencias de naturaleza jurisdiccional" es de aplicación "el tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal de 3 de marzo de 1987, requiriendo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 30 y 41, la solicitud debidamente cursada mediante comisión rogatoria dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores, como Autoridad Central, tal y como ha sido el caso respecto a diligencias similares practicadas con anterioridad".

Amnistía: "La reacción del Gobierno no tiene justificación"

Para Amnistía Internacional, este "nuevo revés" para las víctimas del franquismo está totalmente injustificado. "La interpretación que hace el Gobierno sobre la aplicación del convenio bilateral está obstaculizando la acción de la justicia argentina y no se justifica porque las declaraciones iban a realizarse en suelo argentino, en el consulado de Madrid, y no era necesario hacerlo por comisión rogatoria", afirma la directora adjunta de la organización, Eva Suárez-Llanos. "Una vez más instamos al Gobierno español a investigar estos crímenes o colaborar con la justicia argentina para que de una vez por todas las víctimas del franquismo puedan tener verdad, justicia y reparación".