Ruz y el fiscal investigan el fraude del PP a Hacienda por donativos ilegales

La investigación judicial sobre los llamados papeles de Bárcenas —la contabilidad secreta del extesorero del PP— se está centrando, entre otros aspectos, en un fraude fiscal supuestamente cometido por la formación conservadora a través de donativos. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y la Fiscalía Anticorrupción consideran que aquellas donaciones que recibió el partido hasta 2011 y que superaban el límite legal de 60.000 euros o que provenían de empresarios con contratos con la Administración tuvieron que ser declaradas a Hacienda y tributar por el Impuesto sobre Sociedades. En cambio, el tesorero y gerente del PP Luis Bárcenas supuestamente troceó en la contabilidad los donativos excesivos para camuflarlos con un doble objetivo. Por un lado, evitar que quedara constancia de que los ingresos superaban los límites legales. Por otro, aprovecharse de la exención tributaria de la que disfrutan las donaciones que reciben legalmente los partidos políticos.

El artículo 10 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos establece que las rentas obtenidas por las formaciones “para la financiación de las actividades que constituyen su objeto o finalidad específica” gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades. El texto legal cita expresamente como libres de impuestos las cuotas de los afiliados, las subvenciones o las donaciones privadas efectuadas por personas físicas o jurídicas, que hasta 2007 podían ser anónimas.

En un recurso contra la decisión de Ruz de impedir la personación del PP como acusación popular en la investigación abierta sobre los papeles de Bárcenas, los abogados del partido citaron este precepto legal para sostener que no era posible incurrir en delito fiscal por las donaciones. El juez y el fiscal conceden que los partidos están exentos de tributar por los donativos privados, pero señalan que esta dispensa solo está prevista para “las donaciones realizadas en la forma y cuantía” contempladas por la ley. Es decir, que los donativos que superen los 60.000 euros o que provengan de empresas que presten servicios o realicen obras para las Administraciones deben ser declarados y están sujetos a pagar impuestos.

Según la contabilidad oficial del PP, entre 2002 y 2007 Bárcenas ordenó no menos de 53 ingresos bancarios de pequeñas cantidades para camuflar donaciones ilegales de empresarios. Los movimientos, todos de menos de 60.000 euros, sumaban 1,3 millones. Las cantidades reales supuestamente entregadas por los industriales —casi todos del ámbito de las obras públicas— figuran en la contabilidad paralela de Bárcenas publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero.

El juez Ruz ha vuelto a negar al PP la posibilidad de personarse como acusación popular en la pieza de los papeles del extesorero. El magistrado ve a la formación conservadora como posible responsable civil del fraude fiscal.