Fabra acuerda con el Poder Judicial ofrecer viviendas ‘exprés’ a los desalojados

El presidente valenciano, Alberto Fabra, del PP, anunció este jueves que su Gobierno firmará un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para conocer cuándo se producirá un desahucio y poder ofrecer viviendas de alquiler social a los afectados. Fuentes del CGPJ enmarcaron el anuncio en una serie de acuerdos que el organismo está estableciendo con las comunidades autónomas para ofrecer información puntual de los desalojos. Con Galicia ya se ha acordado y se está negociando también con el País Vasco. El Poder Judicial se compromete a coordinarse con la Administración autonómica correspondiente para comunicar con antelación que se va a producir un lanzamiento, de modo que los servicios sociales puedan adoptar medidas inmediatas.

En el caso valenciano, la Generalitat ya tiene en vigor hace meses un mecanismo para que los ayuntamientos participen en la aportación de viviendas para familias en riesgo de exclusión social. En este segundo aspecto es en el que encaja la participación de la Federación de Municipios.

El Gobierno valenciano explicó que “el convenio pretende fijar un protocolo de actuación en aquellos casos en que se detecten situaciones de especial vulnerabilidad con ocasión de un desahucio que se deriven, bien de impago de rentas, bien de un procedimiento de ejecución hipotecaria”. Una vez se alerte desde instancias judiciales de “la conveniencia o necesidad de intervención”, señalaron fuentes de la Generalitat, “se comunicará por el medio más rápido posible al organismo competente para que, previa realización de las comprobaciones que se consideren, la Administración autonómica o local pueda adoptar la decisión oportuna y, en caso de las ejecuciones hipotecarias, incluirlas, si cumplen los requisitos, en programas de realojo de afectados”.

Fabra hizo el anuncio en las Cortes Valencianas, durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, tras rechazar un pacto que le propuso Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) alrededor de una proposición de ley presentada por la coalición de izquierdas que busca dar a la vivienda consideración de derecho social. La portavoz de EUPV, Marga Sanz, defendió explícitamente una norma similar a la que se ha puesto en vigor en Andalucía con las expropiaciones temporales de casas vacías de los bancos. Algo que el presidente valenciano desestimó.

Fue entonces cuando Fabra anunció la firma de un acuerdo con el CGPJ y la FVMP para conocer “inmediatamente” cuándo se produce un desahucio y poder poner “recursos a disposición de esas personas para que no pasen ni una sola noche en la calle”. Eso le sirvió para replicar a Sanz: “Frente a sus expropiaciones exprés, nosotros ofrecemos soluciones exprés”.

En las repreguntas, la diputada de EUPV Marina Albiol hurgó en las contradicciones del PP sobre las protestas por los desahucios. La parlamentaria dijo del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, “que aunque no lo parezca, es muy listo, y no se atreve a enfrentarse” a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, mientras que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, considera a los miembros de este colectivo “nazis, totalitarios y sectarios”. Albiol preguntó a Fabra: “¿En este tema, usted es más de Rus o de Cospedal?”. Rus, que es diputado y estaba en el hemiciclo, exclamó que de quien no es Fabra es de los de Esquerra Unida. “Nosotros somos más de las personas que tienen necesidad”, respondió el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar.