La justicia selectiva

La idea de que la información lo es todo y de que otro gallo cantaría si las agencias tributarias de los países contaran con datos sensibles para atrapar a los grandes defraudadores y recuperar parte del dinero robado se ha visto parcialmente desmentida en el caso Falciani. Este lunes, el fiscal de Niza, Éric de Montgolfier, el famoso perseguidor del hombre de negocios y político Bernard Tapie, explicó en la vista de la extradición de Hervé Falciani, que las autoridades judiciales francesas no tuvieron el respaldo de las autoridades políticas, el Ministerio de Justicia francés, para investigar las cuentas bancarias del HSBC aportadas por el informático francés.

Montgolfier fue el primero que vio los CD-ROM encriptados aportados por Falciani. “Propuse que se distribuyera la información a otros países a través de Eurojust, [el órgano de la Unión Europea encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre los Estados miembros], pero me dijeron que no hacía falta. Aparentemente, había contacto entre las agencias tributarias. Pero el Ministerio de Justicia francés no estaba precisamente de acuerdo en que se difundiera la información [a las autoridades judiciales] de otros países”, dijo.

Falciani ya ha elevado su protesta por el uso discriminatorio de la valiosa información aportada al Gobierno francés. La entonces ministra Christine Lagarde apoyó una persecución muy limitada de los defraudadores. Y quizá injustamente ha pasado a la historia por la lista Lagarde, publicada en Atenas por el periodista griego Kostas Vaxevanis, cuando en realidad era la lista Falciani. La ministra envió los datos del exinformático del HSBC a Atenas, y el Gobierno heleno se negó a investigarla.

Pero la discriminación francesa en relación con los datos ¿acaso no tuvo también una conducta simétrica en España? Las fuentes judiciales y políticas consultadas así lo reconocen. Las 659 cuentas españolas aportadas por Falciani fueron “monopolizadas” por la Agencia Tributaria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; la Fiscalía Anticorrupción solo jugó un papel secundario para sacar las castañas del fuego.

Y eso ocurrió, precisamente, con la familia Botín. La ministra Elena Salgado intentó comprometer a la Fiscalía General del Estado para cerrar el caso una vez que se presentaron las declaraciones complementarias por las cuales se pagó unos 200 millones de euros. Pero como los inspectores de Hacienda no las tenían todas consigo y se negaron a dar el visto bueno, la Agencia Tributaria remitió el caso a la Fiscalía Anticorrupción cuando faltaba muy poco tiempo para la prescripción del último año.

Esta Fiscalía no podía concluir si las complementarias estaban en regla. Y para evitar la prescripción, presentaron una querella. Finalmente, la Audiencia Nacional estimó como correctas las cantidades abonadas.

Pero, en todo caso, la Fiscalía jugo un papel subordinado. Y fuentes fiscales sostienen que en España ha habido el mismo criterio “selectivo” que en Francia.

Este lunes la fiscal Dolores Delgado enfatizó que Falciani está colaborando actualmente con la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes judiciales sostienen que esta colaboración es el resultado de una visión crítica de la Fiscalía y de Falciani al poder político, ahora ejercido por el PP.

Ha habido un debate estos meses sobre si la Agencia Tributaria debía “monopolizar” los datos, como anteriormente, o si debía ser la Fiscalía Anticorrupción la encargada de valorar los datos y la acción a seguir. Finalmente, a partir de la posición crítica de Falciani con los criterios de “selección de datos”, se ha optado por darle el poder a la Fiscalía. Con una excepción: los datos de financiación del terrorismo serán supervisado por el CNI.

Tanto la defensa de Falciani como la fiscal coincidieron este lunes en destacar la colaboración de las autoridades helvéticas con España en distintos casos de corrupción (el caso Gürtel y el caso Bárcenas, los más recientes), como para que no se derive de la negativa a extraditar a Falciani una falta de colaboración de Suiza. El malo de la película es, como lo definió este lunes Joan Garcés, defensor de Falciani, “el HSBC, que, en sí mismo, es un paraíso fiscal".