Dos grandes en crisis

El PP y el PSOE, lejos de ser los instrumentos políticos para sacar adelante el país, se han convertido en un serio problema a los ojos de los ciudadanos, que han perdido por completo la confianza en ambos. Lo venían diciendo todas las encuestas y lo confirma la que publicó este periódico el pasado domingo. Los políticos comparten con los banqueros y con los obispos el más absoluto suspenso de los ciudadanos, componiendo así un cuerpo oligárquico al que solo faltan los militares para recordar tiempos pasados. Los dos partidos piensan que sus malos resultados ante la opinión pública son simplemente la expresión del malestar por la crisis, pero que cuando la economía recupere pulso todo volverá a su sitio. Es un doble error: no hay ninguna señal de que la situación económica y social pueda mejorar sensiblemente a medio plazo y el desencuentro con los dos principales partidos españoles es estructural, porque la ciudadanía hace tiempo que no los ve de su lado. En su impotencia, aparecen como instrumentos de otros, sin capacidad de proponer y decidir por sí mismos, instalados en la estricta defensa de unas posiciones de casta.

El régimen español surgido de la Transición está gripado. Necesita una reforma a fondo si no queremos que la democracia se reduzca definitivamente a una pura ficción. El Gobierno, abonado a los decretos leyes, practica cada vez más el autoritarismo posdemocrático; el Parlamento crece en irrelevancia y ausencia de debate de fondo; la corrupción, correlato de la mercantilización general de una sociedad en la que todo puede comprarse, tiñe todo el panorama de negro; el secretismo se pone de moda en la relación entre políticos; la jefatura del Estado y la presidencia del Gobierno están bajo chantaje, y el derecho a decidir se convierte en una barrera infranqueable que bloquea todo debate político con Cataluña y, ahora, con el País Vasco. Todo ello en un momento en que la crisis ha evidenciado las deficiencias de un estado autonómico motor de clientelismo y de caciquismo posmoderno. El Estado del bienestar se está desmantelando con la coartada de las exigencias europeas, sin que nadie dé la cara para justificar unos cambios que cada vez afectan de manera más cruel a la vida cotidiana de las personas. El Gobierno solo sabe decir que no puede hacer otra cosa. Ninguno de los dos grandes partidos es capaz de presentar un proyecto político digno de ese nombre, y simplemente se dedican al estéril juego de intercambiar insinuaciones de falsos consensos, que solo buscan su propia supervivencia. La ciudadanía tiene a la vista todos los días señales de desmoronamiento del régimen y de fractura social creciente, y para los dos grandes partidos nunca pasa nada.

Esta semana se ha alcanzado una alta cota en estos ejercicios de falsificación de la realidad. Con la Monarquía, metida en un espiral autodestructivo que nadie logra detener, el presidente del Gobierno dice solemnemente que la Corona “tiene un gran respaldo ciudadano”, basándose en una leyenda de la Transición ajena a la mayoría que no vivió de primera mano aquellos acontecimientos.

Los dos grandes partidos se han acomodado a una situación dramática. Las imposiciones de Bruselas, de Alemania, de la troika, se han convertido en coartadas que los libran del coraje de asumir lo que están haciendo: liquidar parte de las conquistas sociales adquiridas. No es extraño que la muerte de Thatcher haya generado melancolía en la derecha. Ella, por lo menos, hablaba claro y sin complejos.

El régimen político español necesita una refundación. Los dos partidos políticos que deberían emprenderla ni tienen la confianza de la ciudadanía ni muestran ninguna intención de emprender cambios que supongan una verdadera redistribución del poder. En nombre del sentido del Estado se han instalado en un conservadurismo que puede llevarse la democracia por delante. Dicen que hay que evitar una situación como la italiana. No hacer nada es la vía directa al desgobierno. Desde el fascismo, Italia es maestra en experimentos que después se propagan por Europa. Que el PP no quiera que nada cambie, mientras de tapadillo va liquidando el Estado del bienestar, podría entrar en la lógica de la derecha; pero que todo lo que el PSOE aporte sea una vaporosa propuesta de reforma de la Constitución que ni siquiera entra en el debate monarquía o república, es un signo de su desorientación. La principal obligación del PSOE es demostrar que es capaz de renovarse a fondo para que este país no siga sin alternativa de gobierno y como paso previo a relanzar la ineludible dinámica de cambio que necesitamos. Si no, que vengan otros.