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Los gastos de palacio, viajes y contratos del Rey serán públicos

La Zarzuela tendrá un tipo de auditoría similar a la del Congreso

Don Juan Carlos sale de un airbus.

Los contratos, gastos en viajes, seguridad, mantenimiento de palacios y uso de vehículos oficiales de la Casa del Rey serán de dominio público. Hasta ahora, con los datos sobre sus cuentas que La Zarzuela empezó a hacer públicos en 2011, la casa real española era la más barata de Europa. La comparación no era rigurosa porque la Casa del Rey no incluía en el desglose de la asignación presupuestaria que recibe del Estado —7,9 millones de euros en 2013; 8,2 en 2012 y 8,4 en 2011—, los gastos en viajes de la familia real —que financia el Ministerio de Asuntos Exteriores—, los de seguridad —que asume Interior—, los vehículos oficiales —Hacienda— o el mantenimiento de palacios —Patrimonio Nacional—. Con la Ley de Transparencia, los ministerios aludidos tendrán que hacer públicos todos esos gastos.

Tras media docena de reuniones e intercambio de documentos entre el Gobierno y La Zarzuela, se ha decidido que la Casa del Rey se incorpore a la nueva ley con un estatus diferenciado: no como una Administración pública, puesto que no lo es, sino como una institución similar al Congreso o al Senado. Esto supone, según han revelado a EL PAÍS fuentes conocedoras de la negociación de la ley, que no tendrá que presentar recibos o someterse a un control externo por parte del Tribunal de Cuentas, sino a un interventor interno. La Casa del Rey ya tiene al suyo, Óscar Moreno Gil, número uno de su promoción, al que La Zarzuela rescató de la jubilación en 2007.

La Casa del Rey es consciente de que una incorporación descafeinada a la ley podría ser peor remedio que la enfermedad y anularía cualquier efecto positivo del gesto de haber pedido voluntariamente esa inclusión pese a que el partido en el Gobierno, el PP, con mayoría absoluta, siempre se había opuesto a someter a la Corona a la norma. Por eso, desde La Zarzuela prometen una incorporación “profunda” a la ley y “pocas limitaciones dentro de un estatus diferenciado”. “No nos podíamos quedar fuera”, añaden.

La Zarzuela asegura que ya el anterior jefe de la Casa, Alberto Aza, señaló hace más de dos años la necesidad de aumentar la transparencia para adaptarse a los nuevos tiempos. Desde la Casa del Rey insisten en que su voluntad es esa y que seguirán haciendo gestos en ese sentido en el futuro: “Para ser más transparentes y para tener mayor contacto con el ciudadano”. Ahora, quien lo desee puede enviar un mensaje a la familia real a través de su página web, pero la Casa del Rey no está obligada a contestar.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro de la junta directiva de Transparencia Internacional y de la comisión de expertos dedicados al estudio de la Ley de Transparencia, opina que la Corona debe incorporarse a dicha ley, pero con un estatus diferencial. Y pone un ejemplo: “El Rey podrá decir cuánto se gasta en comidas, pero no con quién ha comido, porque entramos en aspectos de confidencialidad”. Las comunicaciones del Monarca, por ejemplo, una gestión con el presidente de un país extranjero para defender los intereses españoles, no serán públicas.

Tampoco ve necesario que el Rey dé a conocer su patrimonio —el personal que trabaja en La Zarzuela sí presenta una declaración de bienes—. “Hay que tener en cuenta que el Rey no dicta normas, no toma decisiones y no está afectado por la ley de conflicto de intereses e incompatibilidades”, explica Villoria. “La publicidad del patrimonio solo tiene sentido si a través de eso podemos obtener información sobre posibles actividades ilícitas mediante la toma de determinadas decisiones”. La clave de ese estatus diferenciado, resume Villoria, es que “solo se controlan aquellas actividades reguladas por el derecho administrativo: presupuestos, contrataciones y personal”.

Tras dos meses de negociaciones, iniciadas, según La Zarzuela, por una llamada del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestando su voluntad de incorporarse a la ley, la fórmula todavía no está cerrada. “Está la música, pero falta la letra”, dicen en La Zarzuela. Durante la negociación, el equipo del Gobierno (José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia) y el de la Casa del Rey (Rafael Spottorno, jefe de la Casa, y Alfonso Sanz, secretario general) han estudiado los modelos entre las casas reales europeas.

El Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos no obliga a las casas reales a someterse a la Ley de Transparencia, como se encargó de recordar la vicepresidenta cuando el Gobierno se oponía a incluir a la Corona en la norma. Sáenz de Santamaría puso de ejemplo a la monarquía británica, que no está incluida en la Freedom of Information Act, el equivalente en Reino Unido a la Ley de Transparencia. Eso no ha impedido a la casa real británica ser una de las más transparentes —en su página web detalla incluso el gasto en bebidas alcohólicas: 400.000 libras en 2012—. La casa real sueca, la danesa y la noruega someten a un control externo sus cuentas.