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Nuevo seísmo en Lorca: la burocracia

El 11 de mayo se cumplen dos años de los terremotos que derribaron 1.500 hogares

La principal queja es la lentitud en la reconstrucción y en las ayudas

Dos mujeres se abrazan frente a un edificio derruido en Lorca, dos días después de los terremotos del 11 de mayo de 2011.
Dos mujeres se abrazan frente a un edificio derruido en Lorca, dos días después de los terremotos del 11 de mayo de 2011. reuters

El 11 de mayo de 2011 la tierra tembló en Lorca (Murcia) y mató a nueve personas. Entre ellas, dos mujeres embarazadas y un chico de 14 años. Unas 1.500 viviendas sufrieron tales destrozos que tuvieron que ser demolidas. Los seísmos afectaron al 80% del municipio. Entonces, las tres Administraciones prometieron celeridad en la reconstrucción y en la concesión de ayudas. Palabras, palabras y palabras. Hoy, casi dos años después, unos 7.000 lorquinos siguen desplazados, según la asamblea de vecinos afectados, que se creó en el barrio de La Viña, el más perjudicado. Si hay algo en lo que todos parecen estar de acuerdo es en la lentitud del proceso de recuperación. “Mi casa no es más que un solar ¿Cómo voy a estar? Harto de la espera y de la desesperación”, cuenta Pedro Conesa, con la voz entrecortada, al otro lado del teléfono.

De las 1.500 viviendas demolidas, solo 400 están reconstruyéndose y, del alrededor de los 16.000 expedientes de ayuda presentados, aún quedan unos 4.000 por tramitar. Entre el Gobierno central, el Consorcio de Compensación de Seguros y el Ejecutivo autónomo, en la localidad —que cuenta con 92.000 habitantes— se han ingresado 700 millones de euros, aseguran fuentes de este último organismo. Pero, a pesar de que portavoces de las tres Administraciones insisten en que su prioridad es poner remedio a las consecuencias de los seísmos, muchos vecinos se sienten desamparados, abandonados a su suerte.

Pedro Conesa, junto al solar en el que se ubicaba su casa antes de ser demolida tras los seísmos de 2011. ampliar foto
Pedro Conesa, junto al solar en el que se ubicaba su casa antes de ser demolida tras los seísmos de 2011.

“Vamos de una ventanilla a otra, de papel en papel. Tenemos infinidad de problemas burocráticos”, relata Conesa. A sus 52 años, está en paro y ya ha agotado su prestación por desempleo. Sus dos hijos, su mujer y él viven de los 426 euros que cobra. La comunidad autónoma le ha concedido una ayuda para el alquiler por 24 meses. Por el momento, solo ha cobrado cuatro (2.200 euros). Ha pedido un adelanto —que deberá devolver— a la mesa solidaria, un organismo que el Ayuntamiento puso en marcha después de los seísmos y que se mantiene gracias a 4.200.000 euros que ha recibido en donaciones. Durante este tiempo Conesa ha tirado de sus ahorros. “He trabajado toda mi vida. Ahora solo me quedan 1.000 euros en la cuenta: dos meses de alquiler. Después no sé qué voy a hacer”, se pregunta, angustiado.

El Consorcio de Compensación de Seguros le ha pagado 80.000 euros, que Conesa guarda con celo, pues son “para volver a levantar” su casa, y le ha sido concedida la ayuda complementaria —abonada a medias entre la Administración central y la regional— hasta llegar a los 106.000 euros fijados como cantidad necesaria para la reconstrucción. Hace ya unas semanas le llegó una carta en la que le informaban de que era beneficiario de la subvención. Aún no se la han ingresado.

José Alberto Lario, portavoz de la asamblea de vecinos afectados por el terremoto, critica el retraso en el pago de las indemnizaciones públicas, tanto para alquiler como para reconstrucción: “El Gobierno autónomo ha pedido un préstamo de 115 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otro al Banco Europeo de Inversiones por valor de 185 millones de euros. Ese dinero no llega. No me cabe en la cabeza”.

Yolanda Muñoz, directora general de Territorio y Vivienda de la consejería de Obras Públicas, replica que para el Ejecutivo autónomo la prioridad es Lorca —en 2013 se gastarán 60 millones de euros en el municipio— y que las ayudas sí llegan. “Las indemnizaciones del ICO no pasan por nosotros, sino que el organismo las ingresa directamente en las cuentas de los afectados en un plazo de entre 10 y 20 días”, afirma Muñoz, quien también garantiza que los alquileres se están abonando. “Lo que ocurre es que, cuando un vecino cambia de dirección, debe notificarlo y hay que comprobar qué cantidad ha de pagar y dónde está viviendo. Todo eso conlleva su tiempo”, continúa Muñoz.

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción y reactivación económica de Lorca, Inmaculada García, asegura que “en los próximos días” se resolverá el retraso en los alquileres. “Ha de estudiarse el caso de cada afectado —qué cantidad ha pedido prestada a la mesa solidaria— para ingresarle ese dinero al organismo y abonar en las cuentas de los lorquinos los cuatro meses siguientes”, detalla.

La comisionada del Gobierno considera que habría sido "más sencillo" decretar una ley de excepción tras los terremotos

García, que tiene rango de secretaria de Estado, se encarga de coordinar el papel de las tres Administraciones. “Es muy complicado. Tenemos que llevar a cabo muchas actuaciones. Si en el momento de los terremotos se hubiera declarado una ley de excepción, habría sido más sencillo. Pero con la ley de subvenciones hemos de atenernos al procedimiento administrativo”, expone. La comisionada sostiene que le gustaría que el proceso de reconstrucción fuera más rápido. Aun así, alaba la “rapidez” con la que ha actuado el Consorcio de Compensación de Seguros, “que ya ha ingresado 440 millones de euros en las cuentas de los lorquinos”.

Los propietarios de un edificio tienen que aprobar por unanimidad el proyecto de obra para que pueda iniciarse la reconstrucción. En el caso de inmuebles antiguos, ha de incluir por fuerza modificaciones como la instalación de un ascensor, por ejemplo. “Si uno se niega, se bloquea el proceso. Existe la expropiación forzosa, que se aplica a instancia de parte, pero solo se ha usado una vez”, señala García. En la asamblea de vecinos afectados por el terremoto se niegan a que la Administración ponga la pelota en su tejado: “No nos quejamos de vicio, Lorca sigue en ruinas y nos hemos sentido solos. Hemos tenido que aprender de ingeniería, de arquitectura…”, se queja Lario.

El alcalde, Francisco Jódar, reconoce que entre 2.000 y 3.000 personas han abandonado Lorca. Juani García (42 años), su marido y su hija se encuentran entre ellos. Ahora viven en Puria, una pedanía a unos 20 minutos. Les han denegado en dos ocasiones la ayuda para el alquiler porque no estaban empadronados en su casa: “Fue un despiste. ¿Quién se iba a imaginar lo que iba a ocurrirnos? Hemos recurrido, pero no ha servido de nada. La realidad es que, cobrando menos de 1.500 euros, estamos pagando la hipoteca de una casa que está derruida y el alquiler de otra. No llegamos a final de mes”.

García es la cuñada de Conesa. En su familia son tres los hermanos que han perdido su casa. Están cansados de la carrera de obstáculos en la que se ha convertido el proceso de reconstrucción. Y de esperar. Sobre todo de esperar.